Ver procedimiento
Ver estrategia
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Información básica sobre protección de datos de carácter personal:
Responsable del tratamiento: EBF CONSULTING, S.L.
Finalidad: Gestionar el canal ético, de comunicación y denuncias.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección postal del responsable y/o mediante correo electrónico a la dirección de email Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección postal del responsable y/o mediante correo electrónico a la dirección de email admin@ebfconsulting.com. Asimismo, puede presentar reclamación ante la AEPD a través de su página web www.aepd.es
Más información sobre la Política de Privacidad: https://www.ebfconsulting.com/privacy/
EBF CONSULTING, S.L.
Este canal tiene por finalidad, permitirle presentar una comunicación interna ante una posible infracción de la que tenga conocimiento, situaciones que atenten contra la ética, políticas internas , conductas irregulares o que puedan ser consideradas ilícitas dentro de la organización.
La finalidad de este canal no es atender incidencias de índole operativo o que puedan tener curso por otros medios.
Los hechos comunicados han de ser ciertos, estando totalmente prohibidas las informaciones falsas. Si se utiliza el sistema para la realización de una comunicación falsa, el informante se puede enfrentar a consecuencias legales (artículo 456 del Código Penal Español )
De acuerdo con la Ley 2/2023 puede realizar su comunicación de manera anónima o de manera identificada preservando en todo momento la confidencialidad de su información.
En caso, de realizar la denuncia de manera anónima, una vez cumplimentado el formulario recibirá un código único y una URL. Por favor, guarde ese acceso para poder consultar en todo momento el estado y resolución de su comunicación.
La Ley 2/2023 de protección a las personas que informen sobre infracciones ofrece protección ante posibles represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones previstas en la citada ley. Asimismo, tendrán la consideración de infracción muy grave, cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de comunicaciones o de impedir futuras, o ralentizar su seguimiento, incluida la aportación de información o documentación falsa.
En cualquier momento puede consultar la normativa y procedimiento de gestión del canal que figura en esta web. Desde esta página, puede realizar un nuevo informe seguro o hacer un seguimiento de un informe existente.
INFORMACIÓN A COMUNICAR
Informar de un caso
Se requiere contraseña para acceder
Documentacion Jurídica
PREÁMBULO
I
La colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del Derecho. Tal colaboración no sólo se manifiesta en el correcto cumplimiento personal de las obligaciones que a cada uno corresponden, manifestación de la sujeción de todos los poderes públicos y de la ciudadanía a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1 de la Constitución Española), sino que también se extiende al compromiso colectivo con el buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
Dicha colaboración ciudadana es un elemento clave en nuestro Estado de Derecho y, además, se contempla en nuestro ordenamiento como un deber de todo ciudadano cuando presencie la comisión de un delito, tal y como como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho deber, al servicio de la protección del interés público cuando éste resulta amenazado, debe ser tomado en consideración en los casos de colisión con otros deberes previstos en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico contempla la participación ciudadana en acciones públicas con el fin de impulsar la investigación sobre actuaciones contrarias a la normativa urbanística, sobre actividades que puedan perjudicar el medioambiente o para evitar daños en el patrimonio histórico-artístico. Estos son otros ejemplos que cuentan con una larga tradición en la legislación española.
En el mismo sentido y coincidiendo con el impulso del Derecho de la Unión Europea, algunas regulaciones sectoriales, de manera especial en el ámbito financiero o de defensa de la competencia, han incorporado instrumentos específicos para que, quienes conocen de actuaciones irregulares o ilegales, puedan facilitar a los organismos supervisores datos e información útiles. Además, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, contempla la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión, en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable.
Por otra parte, son muchos los ejemplos de actuaciones cívicas que advirtieron de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción que han permitido impulsar investigaciones que, previa la tramitación del procedimiento judicial legalmente establecido, han concluido con la imposición de la correspondiente condena penal por tales comportamientos.
No obstante, también ha de advertirse que, en ocasiones, esos loables comportamientos cívicos han generado consecuencias penosas para quienes han comunicado tales prácticas corruptas y otras infracciones, como son las presiones por parte de los denunciados, por lo que resulta indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública. Además, resulta importante asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos. Esta es la principal finalidad de esta ley: proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional.
También es preciso recordar que, en línea con la corriente existente en el mundo anglosajón, que regula desde hace años la protección de los denominados «whistleblowers» –quien usa el silbato para dar alerta– algunas comunidades autónomas ya han regulado instituciones que se ocupan de recibir comunicaciones de ciudadanos informando de irregularidades. A título de ejemplo y sin perjuicio de las autoridades creadas por algunas entidades locales, cabe recordar que las comunidades autónomas de Cataluña, Valenciana, Illes Balears, Navarra, Principado de Asturias o Andalucía han abordado la cuestión de la protección de los denunciantes, si bien la regulación ha sido parcial y centrada fundamentalmente en la creación de oficinas o agencias con la específica función de prevenir e investigar casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos, aprovechamientos ilícitos derivados de actuaciones que comporten conflictos de intereses o uso de información privilegiada, o en general conductas contrarias a la integridad; es decir, han circunscrito esta legislación al ámbito público, con carácter previo en algunos casos a la Directiva 2019/1937.
La expresión «alertadores» ha sido acogida en algunos ordenamientos como el francés. En la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, se emplea el término «denunciantes», y en esta ley se ha optado por la denominación «informante».
Asimismo, se ha optado por emplear los términos «informaciones» y «comunicaciones» indistintamente para, de acuerdo con una redacción gramatical y sintáctica adecuada, evitar repeticiones.
II
Con la aprobación de esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Las diferencias de tratamiento entre los distintos regímenes jurídicos existentes en los Estados miembros han generado dificultades a la hora de asegurar una aplicación coherente del Derecho europeo y perseguir sus infracciones. Para ello, la citada Directiva regula aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información a través de los cuales una persona física que sea conocedora en un contexto laboral de una infracción del Derecho de la Unión Europea, pueda dar a conocer la existencia de la misma. En concreto, obliga a contar con canales internos de información a muchas empresas y entidades públicas porque se considera, y así también se ha recogido en informes y estadísticas recabados durante la elaboración del texto europeo, que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños. Además de tales canales internos, exige la Directiva la determinación de otros canales de información, denominados «externos», con el fin de ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad pública especializada, lo que les puede generar más confianza al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno.
Estos dos claros objetivos de la Directiva, proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información, se incorporan en el contenido de esta ley.
La ley se estructura en 68 artículos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y doce disposiciones finales.
III
El título I precisa la finalidad y el ámbito de aplicación de la ley.
La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.
Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, además de proteger a quienes informen sobre las infracciones del Derecho de la Unión previstas en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, esta ley abarca también las infracciones penales y administrativas graves y muy graves de nuestro ordenamiento jurídico.
Se ha considerado necesario, por tanto, ampliar el ámbito material de la Directiva a las infracciones del ordenamiento nacional, pero limitado a las penales y a las administrativas graves o muy graves para permitir que tanto los canales internos de información como los externos puedan concentrar su actividad investigadora en las vulneraciones que se considera que afectan con mayor impacto al conjunto de la sociedad.
Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación material los supuestos que se rigen por su normativa específica, esto es, aquella que regula los mecanismos para informar sobre infracciones y proteger a los informantes previstas por leyes sectoriales o por los instrumentos de la Unión Europea enumerados en la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937.
La buena fe, la conciencia honesta de que se han producido o pueden producirse hechos graves perjudiciales constituye un requisito indispensable para la protección del informante. Esa buena fe es la expresión de su comportamiento cívico y se contrapone a otras actuaciones que, por el contrario, resulta indispensable excluir de la protección, tales como la remisión de informaciones falsas o tergiversadas, así como aquellas que se han obtenido de manera ilícita.
Junto a la descripción del ámbito objetivo de aplicación, precisa la ley el ámbito subjetivo, esto es, las personas que están protegidas frente a posibles represalias. Así, se extiende la protección a todas aquellas personas que tienen vínculos profesionales o laborales con entidades tanto del sector público como del sector privado, aquellas que ya han finalizado su relación profesional, voluntarios, trabajadores en prácticas o en período de formación, personas que participan en procesos de selección. También se extiende el amparo de la ley a las personas que prestan asistencia a los informantes, a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias, así como a las personas jurídicas propiedad del informante, entre otras.
El título II de la ley contiene el régimen jurídico del Sistema interno de información que abarca tanto el canal, entendido como buzón o cauce para recepción de la información, como el Responsable del Sistema y el procedimiento. El Sistema interno de información debería utilizarse de manera preferente para canalizar la información, pues una actuación diligente y eficaz en el seno de la propia organización podría paralizar las consecuencias perjudiciales de las actuaciones investigadas. No obstante, declarada esta preferencia, el informante puede elegir el cauce a seguir, interno o externo, según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere.
En este título se dedica un primer capítulo a las disposiciones aplicables tanto en el sector público como en el privado.
La configuración del Sistema interno de información debe reunir determinados requisitos, entre otros, su uso asequible, las garantías de confidencialidad, las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. Asimismo, resulta indispensable para la eficacia del Sistema interno de información la designación del responsable de su correcto funcionamiento.
Se ha de destacar que se permite la comunicación anónima. Cuando se traslade una comunicación en el marco del Sistema interno de información, que entre dentro del ámbito de aplicación de la ley, se aplicará la regla específica contenida en esta ley en cuanto a la posibilidad de presentación y tramitación de comunicaciones anónimas. La Directiva establece como principio el deber general de mantener al informante en el anonimato. Ahora bien, este pilar esencial de la norma europea se exceptúa cuando, bien una norma nacional prevé revelarlo, o bien se solicita en el marco de un proceso judicial, lo que ocurre en muchas ocasiones, argumentando el juzgador la necesidad de conocer la identidad de quien denunció, para garantizar el derecho de defensa del denunciado. Así, en su considerando 34 se señala: «Sin perjuicio de las obligaciones vigentes de disponer la denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, debe ser posible para los Estados miembros decidir si se requiere a las entidades jurídicas de los sectores privado y público y a las autoridades competentes que acepten y sigan denuncias anónimas de infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva».
Y en el artículo 6.2 se establece: «Sin perjuicio de la obligación vigente de disponer de mecanismos de denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, la presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de decidir si se exige o no a las entidades jurídicas de los sectores privado o público y a las autoridades competentes aceptar y seguir las denuncias anónimas de infracciones».
Conforme al artículo 9.1.e) también se prevé «el seguimiento diligente cuando así lo establezca el Derecho nacional en lo que respecta a las denuncias anónimas».
En este sentido, una opción de política legislativa, fruto de los modelos comparados a nivel internacional y europeo, ha sido, al igual que en la normativa de protección de datos personales, regular las informaciones anónimas y proteger a la persona que las comunica.
Un hito esencial en la admisión de la denuncia anónima lo constituye la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003, que establece en su artículo 13.2: «Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención».
El Consejo de la Unión Europea, en su Decisión de 25 de septiembre de 2008, en nombre de la entonces Comunidad Europea, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Asimismo, en ámbitos sectoriales de la Unión Europea hay que destacar el artículo 5.1 del Reglamento (UE, EURATOM) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999, que dispone que «el director general podrá iniciar una investigación cuando haya sospecha suficiente, que puede también basarse en información proporcionada por una tercera parte o por información anónima, de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión».
Cabe destacar que el antiguo órgano asesor de la Comisión Europea en materia de protección de datos, el Grupo de trabajo del artículo 29 (GT29), en su Dictamen 1/2006 relativo a la «aplicación de las normas sobre protección de datos de la UE a los sistemas internos de denuncia de irregularidades en los ámbitos de la contabilidad, controles y cuestiones de auditoría, lucha contra la corrupción y delitos financieros y bancarios», establecía como regla general que el denunciante debía identificarse, pero también existía la posibilidad de recibir y tramitar denuncias anónimas en determinadas circunstancias.
Como se puede observar, desde las instituciones de la Unión Europea se ha apostado sin ambages por la posibilidad de la aceptación y seguimiento de las denuncias anónimas. A tales efectos, se puede acceder a una herramienta de «denuncia anónima» de irregularidades para ayudar a la Comisión Europea a descubrir cárteles y otras infracciones antimonopolio y sobre tales prácticas anticompetitivas prohibidas por la normativa de competencia de la Unión Europea, que causan daños considerables a la economía europea.
En lo que se refiere a la normativa vigente en el ámbito nacional son diversos los ámbitos en los que ya se ha regulado la posibilidad de denuncias anónimas. En septiembre de 2018, a través del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, se introdujo en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el actual artículo 26 bis en el que se regulan los procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos (canales de denuncias internas) para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado.
En otro ámbito, la mencionada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su artículo 24.1: «Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable».
Con anterioridad y en ámbitos diversos se había reconocido la posibilidad de presentar anónimamente denuncias: en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil se contempla la posibilidad de que la denuncia anónima pueda dar lugar al menos al inicio de una «información reservada». De otro lado, la Fiscalía General del Estado en su Circular de 4/2013, de 30 de diciembre, sobre las diligencias de investigación, actualiza la consideración sobre las denuncias anónimas. Señala que, aunque las denuncias deben en principio cumplimentar los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ser tenidas como tales, el incumplimiento de alguno de ellos no ha de llevar a su inadmisión si se están poniendo de manifiesto hechos constitutivos de delito perseguibles de oficio con visos de verosimilitud. La iniciación por puesta en conocimiento de otras autoridades u organismos públicos es cada vez más frecuente.
El afianzamiento esencial, no obstante, se contiene en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tal como se ha indicado con anterioridad, en concreto en su artículo 24.1.
Estos canales de denuncias, mediante el anonimato, han colaborado a instituir un instrumento esencial para la «compliance» de una empresa y ha sido fundamental para poder recibir denuncias graves que de otra manera las personas trabajadoras y los colaboradores no se atreverían a señalar por temor a represalias en caso de ser identificados.
Algunas comunidades autónomas igualmente han extendido su protección a las denuncias anónimas y han establecido canales para su recepción.
La ley diferencia la extensión de la obligación de configurar estos canales internos en el ámbito de las organizaciones privadas de las que pertenecen al sector público.
En el ámbito privado, siguiendo la previsión de la Directiva, estarán obligadas a configurar un Sistema interno de información todas aquellas empresas que tengan más de cincuenta trabajadores. En los grupos de empresas será la sociedad dominante la que pueda implantar los principios y políticas que inspiren la organización del Sistema para la adecuada organización y coordinación de los canales en cada una de las entidades que forman parte de aquel.
Siendo conscientes del coste que esta nueva carga pueda generar en las empresas, la ley admite que aquellas que, superando la cifra de cincuenta trabajadores cuenten con menos de doscientos cincuenta, puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.
No obstante, con independencia del número de empleados, se obliga a contar con un Sistema interno de información a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación. La razón de esta exigencia se ampara en el singular papel constitucional que tienen estas organizaciones tal y como proclaman los artículos 6 y 7 de la Constitución Española, como manifestación del pluralismo político y vehículo de defensa y protección de los intereses económicos y sociales que les son propios, respectivamente. La existencia de casos de corrupción que han afectado a algunas de estas organizaciones incrementa la preocupación entre la ciudadanía por el recto funcionamiento de las instituciones, por lo que resulta indispensable exigir a estas organizaciones una actitud ejemplar que asiente la confianza en ellos de la sociedad pues de ello depende en buena medida el adecuado funcionamiento del sistema democrático. De ahí la obligación de que se configure, con independencia del número de trabajadores, un Sistema interno de información para atajar con rapidez cualquier indicio de infracción penal o administrativa grave o muy grave contra el interés general. La generalización de un Sistema interno de información facilitará la erradicación de cualquier sospecha de nepotismo, clientelismo, derroche de fondos públicos, financiación irregular u otras prácticas corruptas.
Con relación al sector público, la ley ha extendido en toda su amplitud la obligación de contar con un Sistema interno de información. En consecuencia, han de configurar tal Sistema las Administraciones públicas, ya sean territoriales o institucionales, las autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades, las sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público, así como las corporaciones de Derecho Público. En el mismo sentido, se impone también contar con un Sistema interno de información a todos los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como aquellos mencionados en los Estatutos de Autonomía.
Como se advierte, preocupa que todas las instituciones, organismos y otras personificaciones que ejercen funciones públicas tengan un sistema eficaz para detectar las prácticas irregulares descritas en esta norma, sin que a estos efectos parezca relevante el tamaño de la entidad o el ámbito territorial en el que ejerza sus competencias.
Así, si bien es cierto que la Directiva atribuye a los Estados miembros la decisión de dispensar de algunas obligaciones a los municipios de menos de diez mil habitantes, esta ley no contempla esta excepción. En consecuencia, atendiendo a la necesidad de ofrecer un marco común y general de protección de los informantes, de no facilitar resquicios que puedan dañar gravemente el interés general, se extiende a todos los municipios la obligación de contar con un Sistema interno de información. Ahora bien, tal obligación se acompaña de ciertas precisiones con el fin de facilitar su cumplimiento a aquellos municipios cuya población no supere los diez mil habitantes. La ley permite que estos municipios puedan compartir medios para la recepción de informaciones con otras Administraciones que ejerzan sus competencias en la misma comunidad autónoma. Esta posibilidad no exime de que cada administración local tenga un responsable de su sistema interno de informaciones.
En todo caso, hay que insistir en que se considera adecuado que cada municipio cuente con su propio sistema interno de información y de ahí que se destaque la asistencia que pueden prestar otras Administraciones territoriales.
Por otra parte, se prevé que la gestión material del Sistema interno de información se realice mediante modalidades de gestión indirecta, si bien la atribución por parte de las Administraciones territoriales a un tercero de la gestión del Sistema interno de información requerirá que acrediten la insuficiencia de medios propios para poder realizar la función.
Conviene destacar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), aplicable con carácter básico a todos los procedimientos administrativos, establece que toda comunicación de hechos que puedan constituir una infracción ha de ser considerada como una denuncia (artículo 62.1 LPAC).
El título III de la ley regula el canal externo de información. Reconoce acertadamente la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que uno de los principales factores que desalienta a los potenciales informantes es la falta de confianza en la eficacia de las comunicaciones. Por ello, la norma europea impone a los Estados miembros la obligación de establecer canales de comunicación externa adecuados, de modo que su actuación esté presidida por los principios de independencia y autonomía en la recepción y tratamiento de la información sobre las infracciones.
Dotar de independencia y autonomía al canal o canales de comunicación externa pasa por garantizar la exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información, impedir el acceso a ella por el personal no autorizado y permitir un almacenamiento duradero de la misma.
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos perseguidos por la Unión Europea y ahondar en la protección del informante, esta ley procede a la implementación de un canal externo cuya llevanza corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. prevista en el título VIII.
Se considera beneficioso que la habilitación de dicho canal, como medio complementario al canal interno, se encauce a través de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., dotándolo, así, de las garantías de independencia y autonomía exigidas por la norma europea.
El título III aborda de manera sistemática la regulación específica del canal externo ante el que podrán informar las personas físicas a las que se refiere el artículo 3 de la ley, ya sea directamente, ya con posterioridad a la previa formulación de información ante el canal interno. Tras detallar el procedimiento de recepción de las comunicaciones, que pueden llevarse a cabo de forma anónima o con reserva de la identidad del informante, y de su forma, escrita o verbal, el articulado de la norma aborda el trámite de admisión, en el que después de un análisis preliminar, se decide sobre su admisión a trámite, inadmisión motivada si concurre alguna de las causas tasadas que a tal efecto se prevén, comunicación inmediata al Ministerio Fiscal si la conducta pudiera ser constitutiva de delito o remisión a otra Autoridad u Organismo que pudiera resultar competente para la tramitación de la comunicación.
Admitida a trámite la comunicación, comienza la fase instructora, que culminará mediante la emisión de un informe por la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Emitido el informe, la Autoridad Independiente de Protección del Informante podrá acordar el archivo del expediente; el inicio del procedimiento sancionador, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal si, pese a no apreciar inicialmente indicios de que los hechos pudieran revestir el carácter de delito, así resultase del curso de la instrucción, o de la Fiscalía Europea cuando resulten afectados los intereses financieros de la Unión Europea, en su caso; o la remisión de la información a otra autoridad u organismo competente, si así procede. En línea con la Directiva 2019/1937, se ha considerado adecuado que el plazo para la realización de las investigaciones y para dar respuesta al informante no se dilate más de lo estrictamente necesario, razón por la que el plazo para finalizar esta fase de instrucción no puede ser superior a tres meses.
Finalmente, cabe destacar que la resolución que adopte la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. no podrá ser objeto de recurso alguno, ni administrativo ni jurisdiccional, sin perjuicio de la posible impugnación de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador que se pudiera incoar a raíz de las investigaciones realizadas.
Debe tenerse en cuenta que el informante por el hecho de comunicar la existencia de una infracción penal o administrativa no tiene la condición de interesado, sino de colaborador con la Administración. De manera que las investigaciones que lleve a cabo tanto en el marco del Sistema interno de información del sector público como en el marco del procedimiento que desarrolla la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. se inician siempre de oficio y de conformidad con el procedimiento establecido en la LPAC.
Asimismo, prevé el título III el conjunto de derechos y garantías que ostenta el informante en el procedimiento de comunicación externa ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y la exigencia de revisión de los procedimientos de recepción y seguimiento de informaciones, dando así cumplimiento al mandato de la Directiva.
Por último, conviene destacar la posible implantación de canales externos de información por parte de las comunidades autónomas. La llevanza de dichos canales externos será asumida por autoridades independientes autonómicas análogas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. cuya competencia podrá extenderse tanto a las informaciones sobre infracciones que, comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley, sean cometidas en el ámbito de las entidades del sector público autonómico y local del territorio de la correspondiente comunidad autónoma, como a las relativas a incumplimientos imputables a entidades del sector privado que produzcan efectos únicamente en el territorio de dicha comunidad autónoma.
El título IV contiene disposiciones comunes a las comunicaciones internas y externas, en línea con el capítulo V de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Se regula la obligación de proporcionar información adecuada de forma clara y fácilmente accesible sobre los canales de comunicación interna y externa, como medio y garantía para un mejor conocimiento de los canales que establece esta ley.
El título V se ocupa de la revelación pública. Los informantes que utilizan los cauces internos y externos cuentan con un régimen específico de protección frente a las represalias. La protección a quien realiza una revelación pública, con condiciones, se asienta, entre otras causas, en las garantías y protección que ofrece la opinión pública en su conjunto amparando a quien muestra una actitud cívica a la hora de advertir ante posibles infracciones penales o administrativas graves o vulneraciones del ordenamiento jurídico que dañan el interés general, así como en la protección de las fuentes que mantienen los periodistas.
Existen situaciones en que resulta conveniente proteger también a estas personas y la ley, siguiendo las directrices europeas, precisa las condiciones que deben concurrir para extender el régimen de protección; así, por ejemplo, dicha protección se contempla cuando los cauces internos y externos no han funcionado o cuando se advierte una amenaza inminente para el interés general, tales como un vertido muy tóxico u otros riesgos contaminantes.
En este sentido, se destaca que la propia Directiva, en sus considerandos 45 y 46 otorga especial reconocimiento a los supuestos de protección relacionados con los derechos a la libertad de información y al periodismo de investigación, que en nuestro ordenamiento se reconocen constitucionalmente. Así, el Considerando 45 declara que «La protección frente a represalias como medio de salvaguardar la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación debe otorgarse tanto a las personas que comunican información sobre actos u omisiones en una organización (“denuncia interna”) o a una autoridad externa (“denuncia externa”) como a las personas que ponen dicha información a disposición del público, por ejemplo, directamente a través de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones profesionales y empresariales». Por su parte, el Considerando 46 alude a la importancia de los denunciantes como fuentes importantes para los periodistas de investigación y crucial para salvaguardar la función de guardián que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas.
El título VI regula el régimen del tratamiento de datos personales que deriven de la aplicación de esta ley.
El artículo 17 de la Directiva impone que todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la misma se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y con la Directiva (UE) 2016/680. En este mismo sentido esta ley dispone que los tratamientos de datos personales deberán regirse por lo dispuesto en dicho Reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Hasta ahora el artículo 24 de la citada ley orgánica regulaba la creación y mantenimiento de sistemas de información internos. El contenido de dicho precepto se ha incorporado a esta ley, pero era necesario completar las previsiones hasta ahora incluidas en la ley orgánica al objeto de extenderlas también a los tratamientos de datos que se lleven a cabo en los canales de comunicación externos y en los supuestos de revelación pública. Asimismo, y de acuerdo con lo que establece el artículo 6 del Reglamento general de protección de datos, procede indicar los títulos que hacen lícito el tratamiento de datos personales. Los tratamientos se entenderán necesarios para el cumplimiento de una obligación legal cuando deban llevarse a cabo en los supuestos en que sea obligatorio disponer de un Sistema interno de información y en los casos de canales de comunicación externos, mientras que se presumirán válidos al amparo de lo que establece el artículo 6.1.e) del Reglamento general de protección de datos cuando aquel sistema no sea obligatorio o el tratamiento se lleve a cabo en el ámbito de la revelación pública que regula el título V. Se indica asimismo que en caso de que la persona investigada ejerza el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales se entiende que existen motivos legítimos imperiosos que legitiman continuar con dicho tratamiento, tal como permite el artículo 21.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
La ley también regula determinadas condiciones especiales en relación con los tratamientos de datos al objeto de garantizar plenamente el derecho a la protección de datos y en particular la identidad de los informantes y de las personas investigadas por la información suministrada. La preservación de la identidad del informante es una de las premisas esenciales para garantizar la efectividad de la protección que persigue esta ley. De ahí que se exija que en todo momento deba ser garantizada. En esta línea se dispone que el dato de la identidad del informante nunca será objeto del derecho de acceso a datos personales y se limita la posibilidad de comunicación de dicha identidad sólo a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad administrativa competente exigiendo que en todo caso se impida el acceso por terceros a la misma. Por otra parte, se exige que las entidades obligadas a disponer de un Sistema interno de información, los terceros externos que en su caso lo gestionen y la Autoridad Independiente de Protección de Datos, A.A.I. así como las que en su caso se constituyan, cuenten con un delegado de protección de datos.
El título VII constituye, como ya se ha anticipado, el eje de la ley, las medidas de protección para amparar a aquellas personas que mantienen una actitud cívica y de respeto democrático al alertar sobre infracciones graves que dañan el interés general. Ha de conseguirse que nadie esté amedrentado ante futuros perjuicios. De ahí que la primera medida sea la contundente declaración de prohibir y declarar nulas aquellas conductas que puedan calificarse de represalias y se adopten dentro de los dos años siguientes a ultimar las investigaciones. En este sentido, la ley ofrece varios supuestos, sin ningún ánimo exhaustivo, que muestran conductas intolerables hacia los informantes: resolución de contratos, intimidaciones, trato desfavorable, daños reputacionales, etc.
La necesidad de garantizar la buena aplicación del ordenamiento hace que queden sin efecto cualesquiera cláusulas o disposiciones contractuales que impidan o pretendan limitar el derecho o la capacidad de informar, tales como cláusulas de confidencialidad o disposiciones que reflejan renuncias expresas; así como que se exima de responsabilidad ante la obtención de información relevante o que se invierta la carga de la prueba en aquellos procesos que inicie para exigir la reparación de daños. En fin, los informantes contarán con el apoyo necesario de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. para que las medidas de protección establecidas en esta ley resulten eficaces.
Pero las medidas de protección no se dirigen sólo a favor de los informantes. También aquellas personas a las que se refieran los hechos relatados en la comunicación han de contar con una singular protección ante el riesgo de que la información, aun con aparentes visos de veracidad, haya sido manipulada, sea falsa o responda a motivaciones que el Derecho no puede amparar. Estas personas mantienen todos sus derechos de tutela judicial y defensa, de acceso al expediente, de confidencialidad y reserva de identidad y la presunción de inocencia; en fin, de los mismos derechos que goza el informante.
Las ventajas y eficacia que han demostrado los programas de clemencia en ciertos ámbitos sectoriales han llevado a incluir una regulación en la que se precisan las concretas condiciones para su correcta aplicación.
El título VIII regula la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Una sociedad democráticamente avanzada ha de proteger adecuadamente a aquellas personas que, comunicando las irregularidades de las que, en su entorno laboral o profesional, tenga conocimiento, las publicite, permitiendo, de ese modo, a los poderes públicos actuar, pudiendo poner fin a la actividad ilícita advertida cuando ésta afecte al interés general. Y es una cuestión de liderazgo avanzar en esa línea, como hace la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que es objeto de trasposición mediante esta ley.
Solo habrá una adecuada protección del denominado «whistleblower» si, en primer lugar, existe no solo el deber de comunicar conductas ilícitas de las que tenga conocimiento, sino además un sistema que permita canalizar las informaciones, lo que implica la implementación, por parte de las entidades públicas y privadas, de canales que permitan al que entra en contacto con la organización revelar la información de que dispone y que pueda constituir un ilícito susceptible de afectar al interés general. Ese canal interno de información al que hemos hecho referencia en párrafos anteriores debe garantizar, si queremos que salgan a la luz los comportamientos reprobables, la confidencialidad del informante, en todo caso, siendo aconsejable prever, además, el anonimato del mismo. No hay mejor forma de proteger al que informa que garantizando su anonimato.
Dicho canal interno de información debe ser complementado con un canal externo, es decir, con la posibilidad de que quien conozca el hecho susceptible de ser comunicado con arreglo a esta norma pueda acudir a una autoridad pública que, con todas las garantías, tenga constancia del hecho informado y proceda a investigarlo y, en su caso, pueda colaborar con el Ministerio Fiscal cuando aprecie que el hecho objeto de la comunicación es constitutivo de delito.
Garantizar una adecuada protección del informante exige, en cumplimiento de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que España disponga de un completo marco normativo-institucional con el que dar respuesta eficaz a la necesidad de protección de quienes informan sobre infracciones del ordenamiento jurídico que afectan o menoscaban el interés general.
Una adecuada y eficaz respuesta normativa aconseja articular de manera conjunta y, por tanto, mediante la utilización del mismo instrumento normativo, el nuevo régimen jurídico aplicable a la protección del informante y el cauce institucional idóneo que garantice su plena operatividad.
El considerando 64 de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 deja al prudente criterio de los Estados miembros determinar qué autoridades son competentes para recibir la información sobre infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la misma y seguir adecuadamente las denuncias.
Entre las diferentes alternativas que ofrece nuestro ordenamiento interno se considera idóneo acudir a la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. como pilar básico del sistema institucional en materia de protección del informante. Su particular naturaleza y encaje institucional en el sector público permitirá canalizar satisfactoriamente el conjunto de funciones que la Directiva atribuye a las autoridades competentes de cada Estado miembro. Entre las diversas posibilidades abiertas en el reto de afrontar eficazmente la trasposición de la Directiva, el carácter independiente y la autonomía de que gozan este tipo de entes del sector público se considera la mejor forma de instrumentar el engranaje institucional de la protección del informante, excluyendo otras alternativas con menor independencia del poder ejecutivo y permitiendo, en definitiva, que sea una entidad de nueva creación la que garantice la funcionalidad del sistema, una entidad independiente de quien la nombra y de la Administración Pública, que atienda, en el ejercicio de sus funciones, a criterios de naturaleza técnica.
De otro lado, el carácter específico de la materia hace igualmente aconsejable que las funciones que la Directiva atribuye a las autoridades competentes sean ejercidas por una autoridad de nueva creación sin posibilidad de acudir a otras ya existentes dentro del sector público. Además, resulta determinante a efectos de la creación de una nueva autoridad, la articulación, en cumplimiento de la Directiva, de un canal externo de información que complementa los canales internos (tanto en el sector privado como público). Resulta de especial interés que sea una entidad que bajo un especial régimen de autonomía y con un marcado carácter técnico y especializado en la materia sea la encargada de la llevanza y gestión del citado canal externo.
Lo hasta ahora expuesto, unido al conjunto de funciones que la Directiva obliga a asumir a las autoridades competentes en materia de protección al informante y junto a otras que van más allá del contenido de la norma europea y cuya inclusión radica en una mayor garantía y extensión de la protección del informante, aconsejan que sea una autoridad independiente específica la que asuma este conjunto de competencias, y sirva, en definitiva, de pilar institucional esencial en la lucha contra la corrupción.
Para ello el título VIII de la norma aborda, como se ha señalado, la autorización para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. como ente de derecho público con personalidad jurídica propia dotado de autonomía e independencia orgánica y funcional respecto del Ejecutivo y del sector público, así como de toda entidad cuya actividad pueda ser sometida a su supervisión. Estructurado en tres capítulos, el primero de ellos recoge la naturaleza y funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.: llevanza del canal externo de comunicaciones, asunción de la condición de órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materia de protección del informante, elaboración de modelos de prevención de delito en el ámbito público, asunción de la competencia sancionadora en la materia, entre otros.
El capítulo II del título VIII desarrolla el régimen jurídico a que se somete la nueva Autoridad, distinguiendo el régimen jurídico general a que somete su actividad y las singularidades que presenta en materia de personal, de contratación, patrimonial, de asistencia jurídica, presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero. Dentro de estas particularidades, se ha considerado necesario dotar al ente de dos potestades menos frecuentes, pero totalmente necesarias, en orden a la consecución de los objetivos a que obedece la trasposición de la Directiva. De un lado, la posibilidad de que la propia Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. pueda elaborar circulares y recomendaciones que establezcan los criterios y prácticas adecuadas para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y las normas que la desarrollen. De otro lado, la ley atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora (prevista en el título IX de la norma), a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., dando así cumplimiento a la exigencia de atribución de potestad por norma legal (o reglamentaria) contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Finalmente, el capítulo III del título VIII recoge el régimen de organización interna de la entidad. Se prevé la existencia de una Presidencia, órgano de gobierno de la Autoridad, que tendrá como órgano de asesoramiento una Comisión Consultiva, de marcado carácter técnico por su composición, muchos de cuyos vocales son natos, por razón del cargo, procedentes bien de la Administración Pública, bien de organismos reguladores o supervisores.
La protección integral del informante exige no dejar espacios de impunidad. Este principio de actuación, que conecta directamente con el liderazgo que ha de operar como eje mediador de idoneidad del sistema que se propone, unido a la concepción de nuestro Estado como espacio público compartido, obliga a permitir que se acuda al canal externo de informaciones a través de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. en aquellos territorios que no hayan previsto la creación de Autoridades o la atribución a órganos propios de su comunidad autónoma y dentro de sus competencias. De ese modo la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. podrá tramitar las comunicaciones que se reciban a través de su canal externo que afecten al ámbito competencial de aquellas comunidades autónomas que así lo decidan y suscriban el correspondiente convenio, y aquellas otras que no prevean órganos propios que canalicen, en su ámbito competencial, las comunicaciones externas. Posibilidad ésta que cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 130/2013, al indicar que «en casos como los que contemplamos, las disposiciones del Estado que establezcan reglas destinadas a permitir la ejecución de los Reglamentos comunitarios en España y que no puedan considerarse normas básicas o de coordinación, tienen un carácter supletorio de las que pueden dictar las comunidades autónomas para los mismos fines de sus competencias. Sin olvidar que la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución Española no constituye una cláusula universal atributiva de competencias, en tales casos, la posibilidad de que el Estado dicte normas innovadoras de carácter supletorio está plenamente justificada».
El texto articulado se cierra con un título IX que establece el régimen sancionador, necesario para combatir con eficacia aquellas actuaciones que impliquen represalias contra los informantes, así como los incumplimientos en el establecimiento de las reglas de los canales de comunicación.
Concluye la ley con seis disposiciones adicionales relativas a la revisión periódica de los procedimientos de recepción y seguimiento de las comunicaciones por las autoridades responsables, a los convenios que puedan suscribir Estado y comunidades autónomas para atribuir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. competencias de gestión del canal externo de comunicaciones en el ámbito autonómico correspondiente, la elaboración de una memoria anual y de información estadística agregada, a la administración de los Territorios Históricos del País Vasco, a la Estrategia contra la corrupción y a la extensión de las medidas de protección; tres disposiciones transitorias para regular los canales internos de información ya habilitados y la adaptación de los Sistemas internos de información ya existentes y la implantación de dichos sistemas, con carácter general, por los sujetos obligados en el plazo de tres meses, así como la previsión presupuestaria de la Autoridad Independiente y, por último, doce disposiciones finales por las que se modifican, entre otras, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para incluir a la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.; la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, a los efectos del tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, los títulos competenciales en los que se ampara la ley, la incorporación de la Directiva (EU) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, al ordenamiento jurídico interno; una cláusula de habilitación normativa y su entrada en vigor.
TÍTULO I. Finalidad de la ley y ámbito de aplicación
Artículo 1. Finalidad de la ley.
1. La presente ley tiene por finalidad otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones a que se refiere el artículo 2, a través de los procedimientos previstos en la misma.
2. También tiene como finalidad el fortalecimiento de la cultura de la información, de las infraestructuras de integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.
Artículo 2. Ámbito material de aplicación.
1. La presente ley protege a las personas físicas que informen, a través de alguno de los procedimientos previstos en ella de:
- a) Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:
-
- 1.º Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno;
- 2.º Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o
- 3.º Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
- b) Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
2. Esta protección no excluirá la aplicación de las normas relativas al proceso penal, incluyendo las diligencias de investigación.
3. La protección prevista en esta ley para las personas trabajadoras que informen sobre infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, se entiende sin perjuicio de la establecida en su normativa específica.
4. La protección prevista en esta ley no será de aplicación a las informaciones que afecten a la información clasificada. Tampoco afectará a las obligaciones que resultan de la protección del secreto profesional de los profesionales de la medicina y de la abogacía, del deber de confidencialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de sus actuaciones, así como del secreto de las deliberaciones judiciales.
5. No se aplicarán las previsiones de esta ley a las informaciones relativas a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que contengan información clasificada o que hayan sido declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.
6. En el supuesto de información o revelación pública de alguna de las infracciones a las que se refiere la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, resultará de aplicación la normativa específica sobre comunicación de infracciones en dichas materias.
Artículo 3. Ámbito personal de aplicación.
1. La presente ley se aplicará a los informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso:
- a) las personas que tengan la condición de empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena;
- b) los autónomos;
- c) los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos;
- d) cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
2. La presente ley también se aplicará a los informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración, así como a aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.
3. Las medidas de protección del informante previstas en el título VII también se aplicarán, en su caso, específicamente a los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.
4. Las medidas de protección del informante previstas en el título VII también se aplicarán, en su caso, a:
- a) personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante, asistan al mismo en el proceso,
- b) personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo o familiares del informante, y
- c) personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa. A estos efectos, se entiende que la participación en el capital o en los derechos de voto correspondientes a acciones o participaciones es significativa cuando, por su proporción, permite a la persona que la posea tener capacidad de influencia en la persona jurídica participada.
TÍTULO II. Sistema interno de información
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 4. Comunicación de infracciones a través del Sistema interno de información.
1. El Sistema interno de información es el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones previstas en el artículo 2, siempre que se pueda tratar de manera efectiva la infracción y si el denunciante considera que no hay riesgo de represalia.
2. Las personas jurídicas obligadas por las disposiciones del presente título dispondrán de un Sistema interno de información en los términos establecidos en esta ley.
Artículo 5. Sistema interno de información.
1. El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el responsable de la implantación del Sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, y tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.
2. El Sistema interno de información, en cualquiera de sus fórmulas de gestión, deberá:
- a) Permitir a todas las personas referidas en el artículo 3 comunicar información sobre las infracciones previstas en el artículo 2.
- b) Estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
- c) Permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos.
- d) Integrar los distintos canales internos de información que pudieran establecerse dentro de la entidad.
- e) Garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad u organismo con el objetivo de que el primero en conocer la posible irregularidad sea la propia entidad u organismo.
- f) Ser independientes y aparecer diferenciados respecto de los sistemas internos de información de otras entidades u organismos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14.
- g) Contar con un responsable del sistema en los términos previstos en el artículo 8.
- h) Contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de Sistemas interno de información y defensa del informante y que sea debidamente publicitada en el seno de la entidad u organismo.
- i) Contar con un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas.
- j) Establecer las garantías para la protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad u organismo, respetando, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 9.
Artículo 6. Gestión del Sistema interno de información por tercero externo.
1. La gestión del Sistema interno de información se podrá llevar a cabo dentro de la propia entidad u organismo o acudiendo a un tercero externo, en los términos previstos en esta ley. A estos efectos, se considera gestión del Sistema la recepción de informaciones.
2. La gestión del sistema por un tercero externo exigirá en todo caso que este ofrezca garantías adecuadas de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.
La existencia de corresponsables del tratamiento de datos personales requiere la previa suscripción del acuerdo regulado en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
3. La gestión del Sistema interno de información por un tercero no podrá suponer un menoscabo de las garantías y requisitos que para dicho sistema establece esta ley ni una atribución de la responsabilidad sobre el mismo en persona distinta del Responsable del Sistema previsto en el artículo 8.
4. El tercero externo que gestione el Sistema tendrá la consideración de encargado del tratamiento a efectos de la legislación sobre protección de datos personales. El tratamiento se regirá por el acto o contrato al que se refiere el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Artículo 7. Canal interno de información.
1. Todo canal interno de información de que disponga una entidad para posibilitar la presentación de información respecto de las infracciones previstas en el artículo 2 estará integrado dentro del Sistema interno de información a que se refiere el artículo 5.
2. El canal interno deberá permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de las dos formas. La información se podrá realizar bien por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto, o verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz. A solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial dentro del plazo máximo de siete días.
En su caso, se advertirá al informante de que la comunicación será grabada y se le informará del tratamiento de sus datos de acuerdo a lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Además, a quienes realicen la comunicación a través de canales internos se les informará, de forma clara y accesible, sobre los canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.
Al hacer la comunicación, el informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las notificaciones.
Las comunicaciones verbales, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónicamente o mediante sistema de mensajería de voz, deberán documentarse de alguna de las maneras siguientes, previo consentimiento del informante:
- a) mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible, o
- b) a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla.
Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de acuerdo a la normativa sobre protección de datos, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.
3. Los canales internos de información permitirán incluso la presentación y posterior tramitación de comunicaciones anónimas.
4. Los canales internos de información podrán estar habilitados por la entidad que los gestione para la recepción de cualesquiera otras comunicaciones o informaciones fuera del ámbito establecido en el artículo 2, si bien dichas comunicaciones y sus remitentes quedarán fuera del ámbito de protección dispensado por la misma.
Artículo 8. Responsable del Sistema interno de información.
1. El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el competente para la designación de la persona física responsable de la gestión de dicho sistema o «Responsable del Sistema», y de su destitución o cese.
2. Si se optase por que el Responsable del Sistema fuese un órgano colegiado, este deberá delegar en uno de sus miembros las facultades de gestión del Sistema interno de información y de tramitación de expedientes de investigación.
3. Tanto el nombramiento como el cese de la persona física individualmente designada, así como de las integrantes del órgano colegiado deberán ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o, en su caso, a las autoridades u órganos competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el plazo de los diez días hábiles siguientes, especificando, en el caso de su cese, las razones que han justificado el mismo.
4. El Responsable del Sistema deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la entidad u organismo, no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
5. En el caso del sector privado, el Responsable del Sistema persona física o la entidad en quien el órgano colegiado responsable haya delegado sus funciones, será un directivo de la entidad, que ejercerá su cargo con independencia del órgano de administración o de gobierno de la misma. Cuando la naturaleza o la dimensión de las actividades de la entidad no justifiquen o permitan la existencia de un directivo Responsable del Sistema, será posible el desempeño ordinario de las funciones del puesto o cargo con las de Responsable del Sistema, tratando en todo caso de evitar posibles situaciones de conflicto de interés.
6. En las entidades u organismos en que ya existiera una persona responsable de la función de cumplimiento normativo o de políticas de integridad, cualquiera que fuese su denominación, podrá ser esta la persona designada como Responsable del Sistema, siempre que cumpla los requisitos establecidos en esta ley.
Artículo 9. Procedimiento de gestión de informaciones.
1. El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley aprobará el procedimiento de gestión de informaciones. El Responsable del Sistema responderá de su tramitación diligente.
2. El procedimiento establecerá las previsiones necesarias para que el Sistema interno de información y los canales internos de información existentes cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. En particular, el procedimiento responderá al contenido mínimo y principios siguientes:
- a) Identificación del canal o canales internos de información a los que se asocian.
- b) Inclusión de información clara y accesible sobre los canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.
- c) Envío de acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.
- d) Determinación del plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, que no podrá ser superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.
- e) Previsión de la posibilidad de mantener la comunicación con el informante y, si se considera necesario, de solicitar a la persona informante información adicional.
- f) Establecimiento del derecho de la persona afectada a que se le informe de las acciones u omisiones que se le atribuyen, y a ser oída en cualquier momento. Dicha comunicación tendrá lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.
- g) Garantía de la confidencialidad cuando la comunicación sea remitida por canales de denuncia que no sean los establecidos o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, al que se habrá formado en esta materia y advertido de la tipificación como infracción muy grave de su quebranto y, asimismo, el establecimiento de la obligación del receptor de la comunicación de remitirla inmediatamente al Responsable del Sistema.
- h) Exigencia del respeto a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas.
- i) Respeto de las disposiciones sobre protección de datos personales de acuerdo a lo previsto en el título VI.
- j) Remisión de la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
CAPÍTULO II. Sistema interno de información en el sector privado
Artículo 10. Entidades obligadas del sector privado.
1. Estarán obligadas a disponer un Sistema interno de información en los términos previstos en esta ley:
- a) Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores.
- b) Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente a que se refieren las partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, deberán disponer de un Sistema interno de información que se regulará por su normativa específica con independencia del número de trabajadores con que cuenten. En estos casos, esta ley será de aplicación en lo no regulado por su normativa específica.
- Se considerarán incluidas en el párrafo anterior las personas jurídicas que, pese a no tener su domicilio en territorio nacional, desarrollen en España actividades a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente.
- c) Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
2. Las personas jurídicas del sector privado que no estén vinculadas por la obligación impuesta en el apartado 1 podrán establecer su propio Sistema interno de información, que deberá cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en esta ley.
Artículo 11. Grupos de sociedades.
1. En el caso de un grupo de empresas conforme al artículo 42 del Código de Comercio, la sociedad dominante aprobará una política general relativa al Sistema interno de información a que se refiere el artículo 5 y a la defensa del informante, y asegurará la aplicación de sus principios en todas las entidades que lo integran, sin perjuicio de la autonomía e independencia de cada sociedad, subgrupo o conjunto de sociedades integrantes que, en su caso, pueda establecer el respectivo sistema de gobierno corporativo o de gobernanza del grupo, y de las modificaciones o adaptaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.
2. El Responsable del Sistema podrá ser uno para todo el grupo, o bien uno para cada sociedad integrante del mismo, subgrupo o conjunto de sociedades, en los términos que se establezcan por la citada política. Por su parte, el Sistema interno de información podrá ser uno para todo el grupo.
3. Será admisible el intercambio de información entre los diferentes Responsables del Sistema del grupo, si los hubiera, para la adecuada coordinación y el mejor desempeño de sus funciones.
Artículo 12. Medios compartidos en el sector privado.
Las personas jurídicas en el sector privado que tengan entre cincuenta y doscientos cuarenta y nueve trabajadores y que así lo decidan, podrán compartir entre sí el Sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión se lleva a cabo por cualquiera de ellas como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.
CAPÍTULO III. Sistema interno de información en el sector público
Artículo 13. Entidades obligadas en el sector público.
1. Todas las entidades que integran el sector público estarán obligadas a disponer de un Sistema interno de información en los términos previstos en esta ley.
A los efectos de esta ley se entienden comprendidos en el sector público:
- a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades que integran la Administración Local.
- b) Los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos.
- c) Las autoridades administrativas independientes, el Banco de España y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- d) Las universidades públicas.
- e) Las corporaciones de Derecho público.
- f) Las fundaciones del sector público. A efectos de esta ley, se entenderá por fundaciones del sector público aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
-
- 1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.
- 2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente.
- 3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público.
- g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d) y g) del presente apartado sea superior al cincuenta por ciento, o en los casos en que, sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
2. También deberán dotarse de un Sistema interno de información, en los mismos términos requeridos para las entidades del sector público enunciados en el apartado anterior, los órganos constitucionales, los de relevancia constitucional e instituciones autonómicas análogas a los anteriores.
3. En caso de organismos públicos con funciones de comprobación o investigación de incumplimientos sujetos a esta norma, se distinguirá, al menos, entre un canal interno referente a los propios incumplimientos del organismo o su personal, y el canal externo referente a las comunicaciones que reciba de los incumplimientos de terceros cuya investigación corresponda a sus competencias.
4. En caso de que un organismo público con competencias en materia de investigación reciba informaciones referentes a los incumplimientos de terceros en el plazo de duración establecido en la letra d) del artículo 9.2, se resolverá si procede o no iniciar una comprobación o investigación del sujeto afectado dando traslado de ello al informante.
Una vez ultimado el procedimiento de comprobación o investigación, se comunicará al informante el resultado de la comprobación. Si los datos e informes que figuran en el expediente tienen carácter reservado o confidencial de acuerdo con alguna disposición con rango de ley, el contenido del resultado que se traslade al informante tendrá carácter genérico.
5. Las decisiones adoptadas por los organismos públicos con funciones de comprobación o investigación en relación con las informaciones no serán recurribles en vía administrativa ni en vía contencioso-administrativa.
Artículo 14. Medios compartidos en el sector público.
1. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, entre sí o con cualesquiera otras Administraciones públicas que se ubiquen dentro del territorio de la comunidad autónoma, podrán compartir el Sistema interno de información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones.
2. Asimismo, las entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de órganos de las Administraciones territoriales, y que cuenten con menos de cincuenta trabajadores, podrán compartir con la Administración de adscripción el Sistema interno de información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones.
3. En todo caso, deberá garantizarse que los sistemas resulten independientes entre sí y los canales aparezcan diferenciados respecto del resto de entidades u organismos, de modo que no se genere confusión a los ciudadanos.
Artículo 15. Gestión del Sistema interno de información por tercero externo.
La gestión del Sistema interno de información por un tercero externo en el ámbito de la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades que integran la Administración Local solo podrá acordarse en aquellos casos en que se acredite insuficiencia de medios propios, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 apartado 4 letra f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta gestión comprenderá únicamente el procedimiento para la recepción de las informaciones sobre infracciones y, en todo caso, tendrá carácter exclusivamente instrumental.
TÍTULO III. Canal externo de información de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Artículo 16. Comunicación a través del canal externo de información de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. o a través de las autoridades u órganos autonómicos.
1. Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, ya sea directamente o previa comunicación a través del correspondiente canal interno.
2. Las referencias realizadas en este título III a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., se entenderán hechas, en su caso, a las autoridades autonómicas competentes.
Artículo 17. Recepción de informaciones.
1. La información puede llevarse a cabo de forma anónima. En otro caso, se reservará la identidad del informante en los términos del artículo 33, debiendo adoptarse las medidas en él previstas.
2. La información se podrá realizar por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto dirigido al canal externo de informaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz. A solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial, dentro del plazo máximo de siete días. En los casos de comunicación verbal se advertirá al informante de que la comunicación será grabada y se le informará del tratamiento de sus datos de acuerdo con lo que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Al presentar la información, el informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las notificaciones, pudiendo asimismo renunciar expresamente a la recepción de cualquier comunicación de actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. como consecuencia de la información.
En caso de comunicación verbal, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónicamente o mediante sistema de mensajería de voz, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. deberá documentarla de alguna de las maneras siguientes:
- a) mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible, o
- b) a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla.
Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de acuerdo a la normativa sobre protección de datos, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción del mensaje.
3. Presentada la información, se procederá a su registro en el Sistema de Gestión de Información, siéndole asignado un código de identificación. El Sistema de Gestión de Información estará contenido en una base de datos segura y de acceso restringido exclusivamente al personal de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. convenientemente autorizado, en la que se registrarán todas las comunicaciones recibidas, cumplimentando los siguientes datos:
- a) Fecha de recepción.
- b) Código de identificación.
- c) Actuaciones desarrolladas.
- d) Medidas adoptadas.
- e) Fecha de cierre.
4. Recibida la información, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde dicha recepción se procederá a acusar recibo de la misma, a menos que el informante expresamente haya renunciado a recibir comunicaciones relativas a la investigación o que la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. considere razonablemente que el acuse de recibo de la información comprometería la protección de la identidad del informante.
Artículo 18. Trámite de admisión.
1. Registrada la información, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., deberá comprobar si aquella expone hechos o conductas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación recogido en el artículo 2.
2. Realizado este análisis preliminar, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., decidirá, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles desde la fecha de entrada en el registro de la información:
- a) Inadmitir la comunicación, en alguno de los siguientes casos:
-
- 1.º Cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud.
- 2.º Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.
- 3.º Cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan, a juicio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito. En este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito.
- 4.º Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones en comparación con una comunicación anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto. En estos casos, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., notificará la resolución de manera motivada.
- La inadmisión se comunicará al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que la comunicación fuera anónima o el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
- b) Admitir a trámite la comunicación.
- La admisión a trámite se comunicará al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que la comunicación fuera anónima o el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
- c) Remitir con carácter inmediato la información al Ministerio Fiscal cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito o a la Fiscalía Europea en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
- d) Remitir la comunicación a la autoridad, entidad u organismo que se considere competente para su tramitación.
Artículo 19. Instrucción.
1. La instrucción comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados.
2. Se garantizará que la persona afectada por la información tenga noticia de la misma, así como de los hechos relatados de manera sucinta. Adicionalmente se le informará del derecho que tiene a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales. No obstante, esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considerara que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.
En ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dará acceso a la comunicación. Durante la instrucción se dará noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información podrá efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas.
3. Sin perjuicio del derecho a formular alegaciones por escrito, la instrucción comprenderá, siempre que sea posible, una entrevista con la persona afectada en la que, siempre con absoluto respeto a la presunción de inocencia, se le invitará a exponer su versión de los hechos y a aportar aquellos medios de prueba que considere adecuados y pertinentes.
A fin de garantizar el derecho de defensa de la persona afectada, la misma tendrá acceso al expediente sin revelar información que pudiera identificar a la persona informante, pudiendo ser oída en cualquier momento, y se le advertirá de la posibilidad de comparecer asistida de abogado.
4. Los funcionarios de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio.
5. Todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, deberán colaborar con las autoridades competentes y estarán obligadas a atender los requerimientos que se les dirijan para aportar documentación, datos o cualquier información relacionada con los procedimientos que se estén tramitando, incluso los datos personales que le fueran requeridos.
Artículo 20. Terminación de las actuaciones.
1. Concluidas todas las actuaciones, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. emitirá un informe que contendrá al menos:
- a) Una exposición de los hechos relatados junto con el código de identificación de la comunicación y la fecha de registro.
- b) La clasificación de la comunicación a efectos de conocer su prioridad o no en su tramitación.
- c) Las actuaciones realizadas con el fin de comprobar la verosimilitud de los hechos.
- d) Las conclusiones alcanzadas en la instrucción y la valoración de las diligencias y de los indicios que las sustentan.
2. Emitido el informe, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., adoptará alguna de las siguientes decisiones:
- a) Archivo del expediente, que será notificado al informante y, en su caso, a la persona afectada. En estos supuestos, el informante tendrá derecho a la protección prevista en esta ley, salvo que, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en fase de instrucción, se concluyera que la información a la vista de la información recabada, debía haber sido inadmitida por concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 18.2.a).
- b) Remisión al Ministerio Fiscal si, pese a no apreciar inicialmente indicios de que los hechos pudieran revestir el carácter de delito, así resultase del curso de la instrucción. Si el delito afectase a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
- c) Traslado de todo lo actuado a la autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2.d).
- d) Adopción de acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador en los términos previstos en el título IX.
3. El plazo para finalizar las actuaciones y dar respuesta al informante, en su caso, no podrá ser superior a tres meses desde la entrada en registro de la información. Cualquiera que sea la decisión, se comunicará al informante, salvo que haya renunciado a ello o que la comunicación sea anónima.
4. Las decisiones adoptadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., en las presentes actuaciones no serán recurribles en vía administrativa ni en vía contencioso administrativa, sin perjuicio del recurso administrativo o contencioso administrativo que pudiera interponerse frente a la eventual resolución que ponga fin al procedimiento sancionador que pudiera incoarse con ocasión de los hechos relatados.
5. La presentación de una comunicación por el informante no le confiere, por si sola, la condición de interesado.
Artículo 21. Derechos y garantías del informante ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
El informante tendrá las siguientes garantías en sus actuaciones ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.:
1.º Decidir si desea formular la comunicación de forma anónima o no anónima; en este segundo caso se garantizará la reserva de identidad del informante, de modo que esta no sea revelada a terceras personas.
2.º Formular la comunicación verbalmente o por escrito.
3.º Indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro donde recibir las comunicaciones que realice la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. a propósito de la investigación.
4.º Renunciar, en su caso, a recibir comunicaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
5.º Comparecer ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., por propia iniciativa o cuando sea requerido por esta, siendo asistido, en su caso y si lo considera oportuno, por abogado.
6.º Solicitar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. que la comparecencia ante la misma sea realizada por videoconferencia u otros medios telemáticos seguros que garanticen la identidad del informante, y la seguridad y fidelidad de la comunicación.
7.º Ejercer los derechos que le confiere la legislación de protección de datos de carácter personal.
8.º Conocer el estado de la tramitación de su denuncia y los resultados de la investigación.
Artículo 22. Publicación y revisión del procedimiento de gestión de informaciones.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. deberá publicar su procedimiento de gestión de informaciones.
Cada tres años revisará y, en su caso, modificará dicho procedimiento teniendo en cuenta su experiencia y la de otras autoridades competentes. La modificación será asimismo objeto de publicación.
Artículo 23. Traslado de la comunicación por otras autoridades a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Cualquier autoridad que reciba una comunicación y no tenga competencias para investigar los hechos relatados por tratarse de alguna de las infracciones previstas en el título IX, deberá remitirla a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. dentro de los diez días siguientes a aquel en el que la hubiera recibido. La remisión se comunicará al informante dentro de dicho plazo.
Artículo 24. Informaciones sujetas a la competencia de las autoridades independientes de protección a informantes.
1. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. es la autoridad competente para la tramitación, a través del canal externo, de las informaciones que afecten a los siguientes sujetos:
- a) La Administración General del Estado y entidades que integran el sector público estatal.
- b) Resto de entidades del sector público, los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional a que se refiere el artículo 13.
- c) Entidades que integran el sector privado, cuando la infracción o el incumplimiento sobre el que se informe afecte o produzca sus efectos en el ámbito territorial de más de una comunidad autónoma.
- d) Cuando se suscriba el oportuno convenio, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración y el sector público institucional autonómico o local.
2. La autoridad independiente o entidad que pueda señalarse en cada comunidad autónoma, lo será respecto de las informaciones que afecten:
- a) al sector público autonómico y local de su respectivo territorio,
- b) a las instituciones autonómicas a que se refiere el artículo 13.2, y
- c) a las entidades que formen parte del sector privado, cuando el incumplimiento comunicado se circunscriba al ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.
3. Cuando se reciba una comunicación por un canal que no sea el competente o por los miembros del personal que no sean los responsables de su tratamiento, las autoridades competentes garantizarán, mediante el procedimiento de gestión del Sistema establecido, que el personal que la haya recibido no pueda revelar cualquier información que pudiera permitir identificar al informante o a la persona afectada y que remitan con prontitud la comunicación, sin modificarla, al Responsable del Sistema de información.
TÍTULO IV. Publicidad de la información y Registro de informaciones
Artículo 25. Información sobre los canales interno y externo de información.
Los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley proporcionarán la información adecuada de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable.
De igual modo, las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 24 publicarán, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible de su sede electrónica, como mínimo, la información siguiente:
a) las condiciones para poder acogerse a la protección en virtud de esta ley;
b) los datos de contacto para los canales externos de información previstos en el título III, en particular, las direcciones electrónica y postal y los números de teléfono asociados a dichos canales, indicando si se graban las conversaciones telefónicas;
c) los procedimientos de gestión, incluida la manera en que la autoridad competente puede solicitar al informante aclaraciones sobre la información comunicada o que proporcione información adicional, el plazo para dar respuesta al informante, en su caso, y el tipo y contenido de dicha respuesta;
d) el régimen de confidencialidad aplicable a las comunicaciones y, en particular, la información sobre el tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el título VII de esta ley.
e) las vías de recurso y los procedimientos para la protección frente a represalias, y la disponibilidad de asesoramiento confidencial. En particular, se contemplarán las condiciones de exención de responsabilidad y de atenuación de la sanción a las que se refiere el artículo 40.
f) los datos de contacto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. o de la autoridad u organismo competente de que se trate.
Artículo 26. Registro de informaciones.
1. Todos los sujetos obligados, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, a disponer de un canal interno de informaciones, con independencia de que formen parte del sector público o del sector privado, deberán contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad previstos en esta ley.
Este registro no será público y únicamente a petición razonada de la Autoridad judicial competente, mediante auto, y en el marco de un procedimiento judicial y bajo la tutela de aquella, podrá accederse total o parcialmente al contenido del referido registro.
2. Los datos personales relativos a las informaciones recibidas y a las investigaciones internas a que se refiere el apartado anterior solo se conservarán durante el período que sea necesario y proporcionado a efectos de cumplir con esta ley. En particular, se tendrá en cuenta lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 32. En ningún caso podrán conservarse los datos por un período superior a diez años.
TÍTULO V. Revelación pública
Artículo 27. Concepto.
1. Se entenderá por revelación pública la puesta a disposición del público de información sobre acciones u omisiones en los términos previstos en esta ley.
2. A las personas que hagan una revelación pública de las acciones u omisiones previstas en el artículo 2 les será aplicable el régimen de protección establecido en el título VII cuando se cumpla alguna de las condiciones establecidas en el artículo siguiente.
Artículo 28. Condiciones de protección.
1. La persona que haga una revelación pública podrá acogerse a protección en virtud de esta ley si se cumplen las condiciones de protección reguladas en el título VII y alguna de las condiciones siguientes:
- a) Que haya realizado la comunicación primero por canales internos y externos, o directamente por canales externos, de conformidad con los títulos II y III, sin que se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el plazo establecido.
- b) Que tenga motivos razonables para pensar que, o bien la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público, en particular cuando se da una situación de emergencia, o existe un riesgo de daños irreversibles, incluido un peligro para la integridad física de una persona; o bien, en caso de comunicación a través de canal externo de información, exista riesgo de represalias o haya pocas probabilidades de que se dé un tratamiento efectivo a la información debido a las circunstancias particulares del caso, tales como la ocultación o destrucción de pruebas, la connivencia de una autoridad con el autor de la infracción, o que esta esté implicada en la infracción.
2. Las condiciones para acogerse a protección previstas en el apartado anterior no serán exigibles cuando la persona haya revelado información directamente a la prensa con arreglo al ejercicio de la libertad de expresión y de información veraz previstas constitucionalmente y en su legislación de desarrollo.
TÍTULO VI. Protección de datos personales
Artículo 29. Régimen jurídico del tratamiento de datos personales.
Los tratamientos de datos personales que deriven de la aplicación de esta ley se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y en el presente título.
No se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una información específica o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación indebida.
Artículo 30. Licitud de los tratamientos de datos personales.
1. Se considerarán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para la aplicación de esta ley.
2. El tratamiento de datos personales, en los supuestos de comunicación internos, se entenderá lícito en virtud de lo que disponen los artículos 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y 11 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, cuando, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 y 13 de la presente ley, sea obligatorio disponer de un sistema interno de información.
Si no fuese obligatorio, el tratamiento se presumirá amparado en el artículo 6.1.e) del citado reglamento.
3. El tratamiento de datos personales en los supuestos de canales de comunicación externos se entenderá lícito en virtud de lo que disponen los artículos 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y 11 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.
4. El tratamiento de datos personales derivado de una revelación pública se presumirá amparado en lo dispuesto en los artículos 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y 11 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.
5. El tratamiento de las categorias especiales de datos personales por razones de un interés público esencial se podrá realizar conforme a lo previsto en el artículo 9.2.g) del Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 31. Información sobre protección de datos personales y ejercicio de derechos.
1. Cuando se obtengan directamente de los interesados sus datos personales se les facilitará la información a que se refieren los artículos 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
A los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación pública se les informará, además, de forma expresa, de que su identidad será en todo caso reservada, que no se comunicará a las personas a las que se refieren los hechos relatados ni a terceros.
2. La persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada de la identidad del informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública.
3. Los interesados podrán ejercer los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
4. En caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación o a la que se refiera la revelación pública ejerciese el derecho de oposición, se presumirá que, salvo prueba en contrario, existen motivos legítimos imperiosos que legitiman el tratamiento de sus datos personales.
Artículo 32. Tratamiento de datos personales en el Sistema interno de información.
1. El acceso a los datos personales contenidos en el Sistema interno de información quedará limitado, dentro del ámbito de sus competencias y funciones, exclusivamente a:
- a) El Responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente.
- b) El responsable de recursos humanos o el órgano competente debidamente designado, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador. En el caso de los empleados públicos, el órgano competente para la tramitación del mismo.
- c) El responsable de los servicios jurídicos de la entidad u organismo, si procediera la adopción de medidas legales en relación con los hechos relatados en la comunicación.
- d) Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen.
- e) El delegado de protección de datos.
2. Será lícito el tratamiento de los datos por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la entidad o la tramitación de los procedimientos sancionadores o penales que, en su caso, procedan.
En ningún caso serán objeto de tratamiento los datos personales que no sean necesarios para el conocimiento e investigación de las acciones u omisiones a las que se refiere el artículo 2, procediéndose, en su caso, a su inmediata supresión. Asimismo, se suprimirán todos aquellos datos personales que se puedan haber comunicado y que se refieran a conductas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la ley.
Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorias especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de los mismos.
3. Los datos que sean objeto de tratamiento podrán conservarse en el sistema de informaciones únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos informados.
Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, deberá procederse a su inmediata supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia, salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.
4. En todo caso, transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación, deberá procederse a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Las comunicaciones a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
5. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca del tratamiento de datos personales en el marco de los Sistemas de información a que se refiere el presente artículo.
Artículo 33. Preservación de la identidad del informante y de las personas afectadas.
1. Quien presente una comunicación o lleve a cabo una revelación pública tiene derecho a que su identidad no sea revelada a terceras personas.
2. Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del informante y deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera identificado.
3. La identidad del informante solo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.
Las revelaciones hechas en virtud de este apartado estarán sujetas a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable. En particular, se trasladará al informante antes de revelar su identidad, salvo que dicha información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente lo comunique al informante, le remitirá un escrito explicando los motivos de la revelación de los datos confidenciales en cuestión.
Artículo 34. Delegado de protección de datos.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 37.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., y las autoridades independientes que en su caso se constituyan, deberán nombrar un delegado de protección de datos.
TÍTULO VII. Medidas de protección
Artículo 35. Condiciones de protección.
1. Las personas que comuniquen o revelen infracciones previstas en el artículo 2 tendrán derecho a protección siempre que concurran las circunstancias siguientes:
- a) tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley,
- b) la comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en esta ley.
2. Quedan expresamente excluidos de la protección prevista en esta ley aquellas personas que comuniquen o revelen:
- a) Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información o por alguna de las causas previstas en el artículo 18.2.a).
- b) Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
- c) Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
- d) Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas en el artículo 2.
3. Las personas que hayan comunicado o revelado públicamente información sobre acciones u omisiones a que se refiere el artículo 2 de forma anónima pero que posteriormente hayan sido identificadas y cumplan las condiciones previstas en esta ley, tendrán derecho a la protección que la misma contiene.
4. Las personas que informen ante las instituciones, órganos u organismos pertinentes de la Unión Europea infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, tendrán derecho a protección con arreglo a lo dispuesto en esta ley en las mismas condiciones que una persona que haya informado por canales externos.
Artículo 36. Prohibición de represalias.
1. Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en esta ley.
2. Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.
3. A los efectos de lo previsto en esta ley, y a título enunciativo, se consideran represalias las que se adopten en forma de:
- a) Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.
- b) Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
- c) Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
- d) Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
- e) Denegación o anulación de una licencia o permiso.
- f) Denegación de formación.
- g) Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
4. La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación una vez transcurrido el plazo de dos años, podrá solicitar la protección de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados. La denegación de la extensión del período de protección deberá estar motivada.
5. Los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen discriminación tras la presentación de aquellas al amparo de esta ley, serán nulos de pleno derecho y darán lugar, en su caso, a medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad, pudiendo incluir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al perjudicado.
6. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. podrá, en el marco de los procedimientos sancionadores que instruya, adoptar medidas provisionales en los términos establecidos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 37. Medidas de apoyo.
1. Las personas que comuniquen o revelen infracciones previstas en el artículo 2 a través de los procedimientos previstos en esta ley accederán a las medidas de apoyo siguientes:
- a) Información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
- b) Asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la presente ley.
- c) Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria.
- d) Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.
2. Todo ello, con independencia de la asistencia que pudiera corresponder al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública.
Artículo 38. Medidas de protección frente a represalias.
1. No se considerará que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones recogidas en esta ley o que hagan una revelación pública de conformidad con esta ley hayan infringido ninguna restricción de revelación de información, y aquellas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha comunicación o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una acción u omisión en virtud de esta ley, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3. Esta medida no afectará a las responsabilidades de carácter penal.
Lo previsto en el párrafo anterior se extiende a la comunicación de informaciones realizadas por los representantes de las personas trabajadoras, aunque se encuentren sometidas a obligaciones legales de sigilo o de no revelar información reservada. Todo ello sin perjuicio de las normas específicas de protección aplicables conforme a la normativa laboral.
2. Los informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito.
3. Cualquier otra posible responsabilidad de los informantes derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la comunicación o la revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción en virtud de esta ley será exigible conforme a la normativa aplicable.
4. En los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los perjuicios sufridos por los informantes, una vez que el informante haya demostrado razonablemente que ha comunicado o ha hecho una revelación pública de conformidad con esta ley y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar o por hacer una revelación pública. En tales casos, corresponderá a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la comunicación o revelación pública.
5. En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación de secretos empresariales, o a solicitudes de indemnización basadas en el derecho laboral o estatutario, las personas a que se refiere el artículo 3 de esta ley no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de comunicaciones o de revelaciones públicas protegidas por la misma. Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo y en el marco de los referidos procesos judiciales, el haber comunicado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de esta ley.
Artículo 39. Medidas para la protección de las personas afectadas.
Durante la tramitación del expediente las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos regulados en esta ley, así como a la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.
Artículo 40. Supuestos de exención y atenuación de la sanción.
1. Cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la información sea la que informe de su existencia mediante la presentación de la información y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador, el órgano competente para resolver el procedimiento, mediante resolución motivada, podrá eximirle del cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera siempre que resulten acreditados en el expediente los siguientes extremos:
- a) Haber cesado en la comisión de la infracción en el momento de presentación de la comunicación o revelación e identificado, en su caso, al resto de las personas que hayan participado o favorecido aquella.
- b) Haber cooperado plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento de investigación.
- c) Haber facilitado información veraz y relevante, medios de prueba o datos significativos para la acreditación de los hechos investigados, sin que haya procedido a la destrucción de estos o a su ocultación, ni haya revelado a terceros, directa o indirectamente su contenido.
- d) Haber procedido a la reparación del daño causado que le sea imputable.
2. Cuando estos requisitos no se cumplan en su totalidad, incluida la reparación parcial del daño, quedará a criterio de la autoridad competente, previa valoración del grado de contribución a la resolución del expediente, la posibilidad de atenuar la sanción que habría correspondido a la infracción cometida, siempre que el informante o autor de la revelación no haya sido sancionado anteriormente por hechos de la misma naturaleza que dieron origen al inicio del procedimiento.
3. La atenuación de la sanción podrá extenderse al resto de los participantes en la comisión de la infracción, en función del grado de colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos, identificación de otros participantes y reparación o minoración del daño causado, apreciado por el órgano encargado de la resolución.
4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las infracciones establecidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Artículo 41. Autoridades competentes.
Las medidas de apoyo previstas en el presente título serán prestadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., cuando se trate de infracciones cometidas en el ámbito del sector privado y en el sector público estatal, y, en su caso, por los órganos competentes de las comunidades autónomas, respecto de las infracciones en el ámbito del sector público autonómico y local del territorio de la respectiva comunidad autónoma, así como las infracciones en el ámbito del sector privado, cuando el incumplimiento comunicado se circunscriba al ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las medidas de apoyo y asistencia específicas que puedan articularse por las entidades del sector público y privado.
TÍTULO VIII. Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 42. Naturaleza.
1. Se autoriza la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, autoridad administrativa independiente, como ente de derecho público de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con plena autonomía e independencia orgánica y funcional respecto del Gobierno, de las entidades integrantes del sector público y de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.
Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, será «Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.».
2. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, al que está vinculada.
3. La presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. convocará, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección del informante para contribuir a la aplicación coherente de la normativa en materia de protección del informante. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación.
La presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y las autoridades autonómicas de protección del informante podrán solicitar y facilitarán el intercambio muto de la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán constituir grupos de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común y establecer pautas comunes de actuación.
4. En el desempeño de las funciones que le asigna la legislación, y sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
Artículo 43. Funciones.
Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. tendrá las siguientes funciones:
1. Gestión del canal externo de comunicaciones regulado en el título III.
2. Adopción de las medidas de protección al informante previstas en su ámbito de competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.
3. Informar preceptivamente los anteproyectos y proyectos de disposiciones generales que afecten a su ámbito de competencias y a las funciones que desarrolla.
4. Tramitación de los procedimientos sancionadores e imposición de sanciones por las infracciones previstas en el título IX, en su ámbito de competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.
5. Fomento y promoción de la cultura de la información.
CAPÍTULO II. Régimen jurídico
Artículo 44. Régimen jurídico.
1. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. se rige por lo dispuesto en esta ley y en su estatuto.
Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. El Consejo de Ministros aprobará, mediante real decreto, el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., por el que se desarrollará su estructura, organización y funcionamiento interno.
Artículo 45. Régimen de personal.
1. El personal al servicio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral.
2. La selección del personal directivo se ajustará a los principios de competencia y aptitud profesional, mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
3. El personal al servicio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., recibirá formación específica a los efectos de tratar las comunicaciones.
Artículo 46. Régimen de contratación.
1. Los contratos que celebre la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. se ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.
2. La persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., tendrá la consideración de órgano de contratación sin perjuicio de la posibilidad de delegar sus funciones en la forma prevista en el estatuto.
Artículo 47. Régimen patrimonial.
1. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. tendrá patrimonio propio e independiente del patrimonio de la Administración General del Estado.
2. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:
- a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.
- c) El porcentaje que se determine en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre las cantidades correspondientes a sanciones pecuniarias impuestas por la propia Autoridad en el ejercicio de su potestad sancionadora.
- d) Cualesquiera otros que legal o reglamentariamente puedan serle atribuidos.
Artículo 48. Régimen de asistencia jurídica.
La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., corresponderá a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, mediante la formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.
Artículo 49. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico y financiero.
1. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública para su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. El régimen de modificaciones y de especificación de los créditos de dicho presupuesto será el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los presupuestos de los organismos autónomos.
3. Corresponde a la persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. aprobar los gastos y ordenar los pagos, salvo los casos reservados a la competencia del Gobierno, y efectuar la rendición de cuentas del organismo.
4. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
5. De conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., estará sometida al control de eficacia y supervisión continua.
Artículo 50. Régimen de recursos.
1. Los actos y resoluciones de la persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., pondrán fin a la vía administrativa, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición y de lo establecido en el artículo 20.
2. Los actos y decisiones de los órganos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., distintos de la persona titular de la Presidencia no agotan la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 51. Circulares y recomendaciones.
1. La persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., podrá elaborar circulares y recomendaciones que establezcan los criterios y prácticas adecuados para el correcto funcionamiento de la Autoridad.
2. Las circulares serán aprobadas de acuerdo con el procedimiento establecido para la elaboración de disposiciones de carácter general y serán obligatorias una vez que estén publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 52. Potestad sancionadora.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., ejercerá la potestad sancionadora por la comisión de infracciones recogidas en el título IX conforme al procedimiento establecido en el mismo.
CAPÍTULO III. Organización
Artículo 53. De la Presidencia.
1. La persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., es el máximo órgano de representación y gobierno de esta.
2. La persona titular de la Presidencia, que tendrá rango de subsecretario, será nombrada por real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión correspondiente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá ratificar el nombramiento en el plazo de un mes desde la recepción de la correspondiente comunicación. En ningún caso podrá ser objeto de prórroga su mandato.
Artículo 54. De la Comisión Consultiva de Protección del Informante.
1. La persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. estará asesorada por una Comisión Consultiva, que presidirá.
2. La Comisión Consultiva se integrará por los siguientes miembros, con rango al menos de Director general o asimilado:
- a) Un representante del Tribunal de Cuentas.
- b) Un representante del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- c) Un representante de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
- d) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- e) Un representante del Banco de España.
- f) Un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- g) Un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- h) Un representante de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
- i) Un representante de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado.
- j) Un representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública perteneciente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- k) Dos representantes designados por el Ministerio de Justicia por un período de cinco años entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
- l) Un representante de las personas informantes a nivel nacional de la asociación o asociaciones más representativas.
- 2. Los miembros de la Comisión Consultiva de Protección del Informante serán nombrados por orden del titular del Ministerio de Justicia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
3. La Comisión Consultiva de Protección del Informante se reunirá cuando así lo disponga la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y, en todo caso, una vez al semestre.
4. Las decisiones tomadas por la Comisión Consultiva de Protección del Informante no tendrán en ningún caso carácter vinculante.
5. En todo lo no previsto por esta ley, el régimen, competencias y funcionamiento de la Comisión Consultiva de Protección del Informante serán los establecidos en el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Artículo 55. Funciones de la Presidencia.
Corresponde a la persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación legal de la Autoridad Independiente.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Consultiva de Protección del Informante.
c) Dirigir y coordinar las actividades de todos los órganos directivos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
d) Disponer los gastos y ordenar los pagos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
e) Celebrar los contratos y convenios.
f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
g) Nombrar a las personas titulares de los órganos directivos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
h) Dictar resolución en los procedimientos en materia sancionadora en los términos previstos en el título IX.
i) Ejercer las demás funciones que le atribuyen esta ley, su Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 56. Funciones de la Comisión Consultiva de Protección del Informante.
1. La Comisión Consultiva de Protección del Informante es un órgano colegiado de asesoramiento de la persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
2. La Comisión Consultiva de Protección del Informante emitirá informe en todas las cuestiones que le someta la persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y podrá formular propuestas en temas relacionados con las materias de competencia de esta.
Artículo 57. Organización interna.
El régimen de organización y funcionamiento interno de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., se regirá por lo dispuesto en su Estatuto y en el Reglamento de funcionamiento interno.
Artículo 58. Causas de cese de la Presidencia.
La persona titular de la Presidencia cesará por expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento grave de sus obligaciones.
b) Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
c) Incompatibilidad.
d) Condena firme por delito doloso.
En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) será necesaria la ratificación de la separación por la mayoría absoluta de la Comisión competente del Congreso de los Diputados.
Artículo 59. Control parlamentario.
La persona titular de la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., comparecerá anualmente ante las comisiones competentes del Congreso de los Diputados y el Senado.
TÍTULO IX. Régimen sancionador
Artículo 60. Régimen jurídico aplicable.
El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de esta ley se llevará a cabo conforme a los principios y con sujeción a las reglas de procedimiento previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 61. Autoridad sancionadora.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta ley corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., y a los órganos competentes de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que en el ámbito interno de cada organización pudieran tener los órganos competentes.
2. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. será competente respecto de las infracciones cometidas en el ámbito del sector público estatal. También será competente respecto a las infracciones cometidas en el ámbito del sector privado en todo el territorio, siempre que la normativa autonómica correspondiente no haya atribuido esta competencia a los organismos competentes de las respectivas comunidades autónomas. La competencia para la imposición de sanciones derivadas de los procedimientos competencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. corresponderá a la persona titular de su presidencia.
3. Los órganos competentes de las comunidades autónomas lo serán exclusivamente respecto de las infracciones cometidas en el ámbito del sector público autonómico y local del territorio de la correspondiente comunidad autónoma. La normativa autonómica podrá prever que dichos órganos sean competentes respecto de las infracciones cometidas en el ámbito del sector privado cuando afecten solamente a su ámbito territorial.
Artículo 62. Sujetos responsables.
1. Estarán sujetos al régimen sancionador establecido en esta ley las personas físicas y jurídicas que realicen cualquiera de las actuaciones descritas como infracciones en el artículo 63.
2. Cuando la comisión de la infracción se atribuya a un órgano colegiado la responsabilidad será exigible en los términos que señale la resolución sancionadora. Quedarán exentos de responsabilidad aquellos miembros que no hayan asistido por causa justificada a la reunión en que se adoptó el acuerdo o que hayan votado en contra del mismo.
3. La exigencia de responsabilidades derivada de las infracciones tipificadas en esta ley se extenderá a los responsables incluso aunque haya desaparecido su relación o cesado en su actividad en o con la entidad respectiva.
Artículo 63. Infracciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones dolosas:
- a) Cualquier actuación que suponga una efectiva limitación de los derechos y garantías previstos en esta ley introducida a través de contratos o acuerdos a nivel individual o colectivo y en general cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de comunicaciones o de impedir, frustrar o ralentizar su seguimiento, incluida la aportación de información o documentación falsa por parte de los requeridos para ello.
- b) La adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes o las demás personas incluidas en el ámbito de protección establecido en el artículo 3 de esta ley.
- c) Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en esta ley, y de forma particular cualquier acción u omisión tendente a revelar la identidad del informante cuando este haya optado por el anonimato, aunque no se llegue a producir la efectiva revelación de la misma.
- d) Vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado con la información.
- e) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado mediante resolución firme por dos infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores a la comisión de la infracción, contados desde la firmeza de las sanciones.
- f) Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad.
- g) Incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema interno de información en los términos exigidos en esta ley.
2. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
- a) Cualquier actuación que suponga limitación de los derechos y garantías previstos en esta ley o cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de informaciones o de impedir, frustrar o ralentizar su seguimiento que no tenga la consideración de infracción muy grave conforme al apartado 1.
- b) Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en esta ley cuando no tenga la consideración de infracción muy grave.
- c) Vulnerar el deber de secreto en los supuestos en que no tenga la consideración de infracción muy grave.
- d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de las informaciones.
- e) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves, graves o muy graves en los dos años anteriores a la comisión de la infracción, contados desde la firmeza de las sanciones.
3. Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
- a) Remisión de información de forma incompleta, de manera deliberada por parte del Responsable del Sistema a la Autoridad, o fuera del plazo concedido para ello.
- b) Incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones.
- c) Cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.
Artículo 64. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador permaneciera paralizado durante tres meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
Artículo 65. Sanciones.
1. La comisión de infracciones previstas en esta ley llevará aparejada la imposición de las siguientes multas:
- a) Si son personas físicas las responsables de las infracciones, serán multadas con una cuantía de 1.001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
- b) Si son personas jurídicas serán multadas con una cuantía hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves y entre 600.001 y 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.
2. Adicionalmente, en el caso de infracciones muy graves, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., podrá acordar:
- a) La amonestación pública.
- b) La prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.
- c) La prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
3. Las sanciones por infracciones muy graves de cuantía igual o superior a 600.001 euros impuestas a entidades jurídicas podrán ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», tras la firmeza de la resolución en vía administrativa. La publicación deberá contener, al menos, información sobre el tipo y naturaleza de la infracción y, en su caso, la identidad de las personas responsables de las mismas de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos.
Artículo 66. Graduación.
1. Para la graduación de las infracciones se podrán tener en cuenta los criterios siguientes:
- a) La reincidencia, siempre que no hubiera sido tenido en cuenta en los supuestos del artículo 63.1.e) y 2.e).
- b) La entidad y persistencia temporal del daño o perjuicio causado.
- c) La intencionalidad y culpabilidad del autor.
- d) El resultado económico del ejercicio anterior del infractor.
- e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación del incumplimiento que dio lugar a la infracción por propia iniciativa.
- f) La reparación de los daños o perjuicios causados.
- g) La colaboración con la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., u otras autoridades administrativas.
2. Las sanciones a imponer como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en esta ley se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes en cada caso. De modo especial, y siempre que no se hubieran tenido en cuenta para la graduación de la infracción, la ponderación de las sanciones atenderá a los criterios del apartado anterior.
Artículo 67. Concurrencia.
El ejercicio de la potestad sancionadora previsto en este título es autónomo y podrá concurrir con el régimen disciplinario del personal funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
Artículo 68. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Revisión de los procedimientos de recepción y seguimiento.
Las autoridades responsables de los canales externos de información revisarán sus procedimientos de recepción y seguimiento de informaciones al menos una vez cada tres años, incorporando actuaciones y buenas prácticas con la finalidad de que sirvan con la mayor eficacia a los fines para los que fueron creados.
Disposición adicional segunda. Convenios.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., podrá actuar como canal externo de informaciones y como una autoridad independiente de protección de informantes para aquellas comunidades autónomas que así lo decidan y previa suscripción del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en las que la comunidad autónoma sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Las ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., celebrando al efecto un convenio en los términos previstos en el párrafo anterior.
Disposición adicional tercera. Memoria anual y estadísticas.
1. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. elaborará en los tres primeros meses del año una Memoria anual en la que dará cuenta de las actuaciones desarrolladas durante el año anterior en el ámbito de sus funciones.
Esta memoria incluirá el número y naturaleza de las comunicaciones presentadas y también las que fueron objeto de investigación y su resultado, especificándose las sugerencias o recomendaciones formuladas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y el número de procedimientos abiertos.
2. En la memoria no constarán datos y referencias personales que permitan la identificación de las personas informantes ni de las afectadas, excepto cuando ya sean públicas como consecuencia de una sentencia penal o contencioso-administrativa firme.
3. De la Memoria anual, que será pública, se dará traslado a las Cortes Generales de modo previo a la comparecencia a que alude el artículo 59.
4. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., de acuerdo con la obligación impuesta por el artículo 27 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre presentación anual a la Comisión Europea de estadísticas sobre las informaciones mencionadas en el capítulo III, preferiblemente de forma agregada, deberá disponer de los siguientes datos estadísticos:
- a) número de comunicaciones recibidas por las autoridades competentes;
- b) número de investigaciones y actuaciones judiciales iniciadas a raíz de dichas comunicaciones, y su resultado, y
- c) estimación del perjuicio económico y los importes recuperados tras las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con las infracciones, si se hubieran podido obtener.
Disposición adicional cuarta. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24, la tramitación a través del canal externo podrá ser ejercida en el País Vasco por las instituciones competentes en los términos que disponga la normativa autonómica.
Disposición adicional quinta. Estrategia contra la corrupción.
El Gobierno, en el plazo máximo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, deberá aprobar una Estrategia contra la corrupción que al menos deberá incluir una evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley así como las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan encontrado en ese periodo de tiempo.
Disposición adicional sexta. Extensión de las medidas de protección.
Las medidas de protección recogidas en esta ley se extenderán a las comunicaciones sobre las acciones u omisiones recogidas en el artículo 2 que hubieran tenido lugar desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Adaptación de los Sistemas y canales internos de información existentes.
Los sistemas internos de comunicación y sus correspondientes canales que, a la entrada en vigor de esta ley, tengan habilitados las entidades u organismos obligados podrán servir para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley siempre y cuando se ajusten a los requisitos establecidos en la misma.
Disposición transitoria segunda. Plazo máximo para el establecimiento de Sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes.
1. Las Administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas a contar con un Sistema interno de información deberán implantarlo en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.
2. Como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con doscientos cuarenta y nueve trabajadores o menos, así como de los municipios de menos de diez mil habitantes, el plazo previsto en el párrafo anterior se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.
3. Los canales y procedimientos de información externa se regirán por su normativa específica resultando de aplicación las disposiciones de esta ley en aquellos aspectos en los que no se adecúen a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Dicha adaptación deberá producirse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.
En estos supuestos, el informante gozará de la protección establecida en esta ley siempre que la relación laboral o profesional en cuyo contexto se produzca la infracción, se rija por la ley española y, en su caso, adicionalmente de la protección establecida en la normativa específica.
Disposición transitoria tercera. Previsión presupuestaria de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Hasta que la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., cuente con un presupuesto propio, su actividad se financiará con cargo a los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Se añade una nueva letra k) al artículo 2 de la Ley 1/996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, con la siguiente redacción:
«k) Las personas que comuniquen infracciones en los términos de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o a las autoridades autonómicas respectivas, siempre que cumplan las condiciones de protección recogidas en la citada Ley, siempre que cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, inferiores a cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de comunicar la información, y exclusivamente para los procedimientos seguidos en cualquier orden jurisdiccional que sean consecuencia directa de la infracción comunicada.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modificala letra m) y se añade unanueva letra n) en el apartado 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:
«m) Los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas referidos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
n) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.»
Dos. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional cuarta, que queda redactado como sigue:
«5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades, Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Se introduce una nueva disposición adicional duodécima en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional duodécima. Comunicación de posibles infracciones a través del canal externo de comunicaciones de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Cualquier persona física podrá informar a través del canal externo de comunicaciones de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones de esta ley.
2. La comunicación de infracciones realizada por los informantes no tendrá la consideración de denuncia, a los efectos previstos en el artículo 49 de esta ley, ni de solicitud de exención ni de reducción del pago de la multa, a los efectos de los artículos 65 y 66 de esta ley.
3. La comunicación puede llevarse a cabo de forma anónima. En otro caso, se preservará la identidad del informante, que sólo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.
4. Las personas que comuniquen posibles infracciones de esta ley a través del canal externo de comunicaciones de la Dirección de Competencia tendrán derecho a las medidas de apoyo y protección previstas en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
5. Recibida la comunicación a través del canal externo de comunicaciones, la Dirección de Competencia procederá a su registro, siéndole asignado un código de identificación. El registro de las comunicaciones externas estará contenido en una base de datos segura y de acceso restringido exclusivamente al personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia convenientemente autorizado por el titular de la Dirección de Competencia, en la que se registrarán todas las comunicaciones recibidas, cumplimentando los siguientes datos:
a) Fecha de recepción.
b) Código de identificación.
c) Actuaciones desarrolladas.
d) Medidas adoptadas.
e) Fecha de cierre.
6. En un plazo no superior a diez días hábiles desde su recepción, la Dirección de Competencia procederá a acusar recibo de la comunicación, a menos que la comunicación sea anónima o el informante expresamente hubiera renunciado a recibir comunicaciones relativas a la investigación.
7. La Dirección de Competencia comprobará si la comunicación expone hechos o conductas que puedan constituir indicios de infracciones de esta ley. En el caso de que los hechos expuestos recayeran en el ámbito de competencias propio de otros órganos, dará traslado de los mismos a las autoridades y organismos competentes, comunicándoselo al informante, salvo que la comunicación fuera anónima o el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dicho traslado se realizará de forma que se mantengan las garantías señaladas para preservar la confidencialidad de la identidad del informante.
8. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. prestará a los informantes a que se refiere la presente disposición las medidas de apoyo y aplicará el régimen sancionador en lo relativo a las medidas de protección, previstas en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
9. Los apartados anteriores serán de aplicación igualmente a los canales de información de las autoridades autonómicas de competencia.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 65 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que queda redactado como sigue:
«5. Las personas expuestas a amenazas, acciones hostiles o medidas laborales adversas por comunicar por vía interna o al Servicio Ejecutivo de la Comisión comunicaciones sobre actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo podrán presentar una reclamación ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. en los términos previstos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En los casos en los que el sujeto obligado no haya adoptado las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, en los términos del artículo 30.1, será de aplicación el artículo 52.1.s).»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 122 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, con la siguiente redacción:
«3. Cuando la persona comunicante quede sujeta al ámbito de aplicación personal de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, será la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. quien adoptará las medidas de protección al informante previstas en la referida ley.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que queda redactada como sigue:
«b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto; o por las infracciones muy graves previstas en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Se modifica el artículo 24 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que queda redactado como sigue:
«Artículo 24. Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Dichos tratamientos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en esta ley orgánica y en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.»
Disposición final octava. Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 apartados 1.ª, 6.ª, 7.ª, 11.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación mercantil; la legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas; la legislación laboral; las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; el procedimiento administrativo común; la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas; y la legislación básica sobre protección del medio ambiente.
El ámbito de aplicación del título VIII de esta ley se limita a la Administración General del Estado y resto de entidades del sector público estatal.
Disposición final novena. Incorporación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La presente ley incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Disposición final décima. Habilitación de desarrollo.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final undécima. Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., en el que se establecerán las disposiciones oportunas sobre organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas mediante esta ley.
Disposición final duodécima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 20 de febrero de 2023.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es regular la recepción, tratamiento, investigación y resolución de las denuncias sobre presuntas irregularidades o incumplimientos cometidos por empleados, agentes comerciales, directivos o socios de negocios, que puedan surgir en el ejercicio de la actividad empresarial de EBF CONSULTING, S.L., situaciones de riesgos por exposiciones derivadas de las interconexiones con la Administración Pública y otros organismos públicos internacionales.
El Canal de denuncias de EBF CONSULTING, S.L. es accesible a través de la web corporativa https://www.ebfconsulting.com/ facilitando su uso a empleados, agentes comerciales, directivos, socios de negocio, y de cualquier interesado.
El objetivo del Canal de denuncias es canalizar y facilitar la formulación segura de cualquier comunicación sobre sospechas de conductas irregulares, malas prácticas comerciales, y cualquier violación de las obligaciones del Código Ético o de Conducta, fomentando un entorno de Cumplimiento basado en los principios y valores de EBF CONSULTING, S.L.
Además, el procedimiento busca asegurar que durante todo el proceso se garantice eficazmente la protección de la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad sobre los datos contenidos en la denuncia, pudiendo realizarse la denuncia de forma anónima si así lo considera el denunciante.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a todos los empleados, agentes comerciales, directivos, Comité de Dirección y Consejo de Administración de EBF CONSULTING, S.L.
3. ASPECTOS CLAVE ASOCIADOS AL CANAL DE DENUNCIAS
3.1 DEBER DE COMUNICACIÓN
Todo aquel que tuviera conocimiento fundado de cualquier tipo de acto o hecho que pudiera contravenir los principios y valores del Código Ético o de Conducta o suponer una acto ilícito o contrario a la normativa vigente, deberá comunicarlo a EBF CONSULTING, S.L., a través del canal establecido URL CANAL
3.2 HECHOS DENUNCIABLES
El Canal de Denuncias debe entenderse como un instrumento que permita la comunicación de irregularidades o incumplimientos. Por ello, no debe emplearse de manera indiscriminada, sino para los fines que ha sido concebido.
Los hechos denunciables deben estar enfocados en conductas, incumplimientos o irregularidades que puedan ir en contra de los principios y valores del Código Ético y de Conducta, o bien constituir un acto ilícito o contrario a la normativa aplicable.
En este sentido, EBF CONSULTING, S.L. , dentro de la gestión del Canal de Denuncias, tiene plenamente identificados los principios y valores que constituyen la cultura organizativa que desde EBF CONSULTING, S.L. se quiere fomentar en el seno de la Organización.
3.3 DERECHOS DEL DENUNCIANTE SOBRE COMUNICACIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL CANAL DE DENUNCIAS
En el ciclo de vida de la denuncia, EBF CONSULTING, S.L. garantizará al denunciante los siguientes derechos:
los informantes se les garantizarán el efectivo ejercicio de los siguientes derechos, sin perjuicio de cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes:
- a) A presentar informaciones de modo anónimo y a que se mantenga el anonimato durante el procedimiento.
- b) A indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro donde recibir las comunicaciones que realice el Responsable del Sistema.
- c) A comparecer ante el Responsable del Sistema o el gestor delegado por iniciativa propia.
- d) A la renuncia de comunicarse con el Responsable del Sistema o el gestor delegado que instruya el procedimiento y, en su caso, a la revocación de dicha renuncia en cualquier momento.
- e) A la preservación de su identidad.
- f) A la protección de sus datos personales.
- g) A conocer la identidad del gestor delegado que instruya el procedimiento.
- h) A la confidencialidad de las comunicaciones.
- i) A las medidas de protección y de apoyo en los términos previstos en la Ley 2/2023.
- j) A presentar reclamación ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
3.4 DERECHOS DEL DENUNCIADO SOBRE COMUNICACIONES EFECTUADAS EN EL CANAL DE DENUNCIA
En el ciclo de vida de la denuncia, EBF CONSULTING, S.L. garantizará al denunciado los siguientes derechos:
- a) Derecho a la protección en el transcurso de la investigación EBF CONSULTING, S.L. proporcionará al denunciado la completa garantía de sus derechos como cualquier empleado, no siendo aplicables medidas sancionadoras, o legales en su caso, hasta que se compruebe la veracidad de los hechos denunciados, se recaben las evidencias respectivas, y se concluya la concurrencia de un hecho delictivo o contrario a los principios y valores de la EBF CONSULTING, S.L.
- b) Derecho a recibir información El denunciado debe ser informado del proceso de investigación que se está llevando a cabo para que, ante la imputación de dichas conductas, pueda ejercer su derecho de defensa y alegar todo aquello que le permita acreditar su inocencia.
Por otro lado, en aquellos casos que la información del proceso de investigación suponga un riesgo importante en la capacidad para investigar de manera eficaz, la comunicación al denunciado puede retrasarse mientras exista dicho riesgo. El objetivo es evitar la destrucción o alteración de evidencias por el denunciado. - c) Derecho a la confidencialidad Al denunciado, durante toda la investigación de la denuncia, se le garantizará el derecho a la confidencialidad de sus datos personales, con el fin de evitar cualquier difusión de información que pueda afectar a su honorabilidad.
La información proporcionada al denunciado debe realizarse en unos términos que protejan la confidencialidad del denunciante, no pudiendo revelarse la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea personal competente para recibir y gestionar las denuncias, con las excepciones que establece el derecho de la UE o español en el contexto de investigaciones llevadas a cabo por las autoridades o en el transcurso de procesos judiciales. - d) Derecho a una investigación transparente El denunciado tendrá derecho a una investigación basada en el análisis objetivo de las evidencias recabadas, garantizando una investigación eficaz y transparente.
3.5 IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Si en la resolución de la investigación se comprueba de forma fehaciente que los hechos investigados son ciertos y están vinculados a conductas irregulares o ilícitas, el denunciado podrá ser objeto de sanción de conformidad con el Convenio Colectivo Vigente de EBF CONSULTING, S.L. , la legislación laboral y el resto de obligaciones civiles y mercantiles que haya contraído el miembro de la plantilla de EBF CONSULTING, S.L. , personal directivo o del Consejo de Administración.
EBF CONSULTING, S.L. también podrá poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes si así lo considera necesario.
En el supuesto en el que el denunciado sea un tercero con el que no se mantiene una relación laboral (proveedor, agente comercial o socio de negocio), las sanciones aplicables se limitarán al ámbito mercantil (limitación de actuaciones, rescisión unilateral contractual por parte de EBF CONSULTING, S.L.), sin perjuicio de la comunicación anteriormente mencionada a las autoridades judiciales competentes.
3.6 COMUNICACIÓN DE DENUNCIAS FALSAS O DE MALA FE
El canal de denuncias de EBF CONSULTING, S.L. debe emplearse de manera responsable y adecuada. La comunicación de hechos falsos, con una actitud maliciosa y moralmente deshonesta, supone una infracción de la buena fe que debe presidir las relaciones de trabajo dentro de EBF CONSULTING, S.L. pudiendo derivar en medidas disciplinarias de conformidad con el Convenio Colectivo Vigente.
Si, tras el oportuno análisis, se pudiera concluir que los hechos denunciados son manifiestamente falsos y que la denuncia ha sido presentada con actitud maliciosa y mala fe: (i) se archivará la denuncia, documentando los motivos que han llevado a archivar el expediente, finalizando la labor de investigación; (ii) se trasladará dicha circunstancia para que se propongan medidas disciplinarias de conformidad con el Convenio Colectivo Vigente y; (iii) se informará, de forma escrita, la propuesta de sanción al Comité de Dirección o, en su caso, al Consejo de Administración, quien decidirá la acción disciplinaria a aplicar al denunciante de mala fe.
4. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN
Según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 2/2023, el órgano de administración u órgano de gobierno de EBF CONSULTING, S.L. designará a una persona física responsable de la gestión de dicho sistema o «Responsable del Sistema».
El Responsable del Sistema desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la entidad u organismo, no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y dispondrá de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS
5.1 Formas de presentación de la información.
La persona informante podrá presentar la denuncia, de forma anónima o no anónima, a través de los siguientes medios:
- a) En línea. Mediante el acceso al Canal interno de denuncias de EBF CONSULTING, S.L.
- b) Por correo postal. Remitiendo la denuncia y en su caso, la documentación que aporte, en la siguiente dirección: Att: Responsable del sistema interno de información. DIRECCIÓN DE EBF CONSULTING, S.L.
- c) Presencialmente. Solicitando reunión presencial mediante el canal interno de denuncias
- d) Verbal y/o mensajería de voz. Dirigiéndose al número de teléfono: . En caso de no poder atender la llamada en el momento, se contactará lo antes posible.
La reunión se celebrará en una ubicación en la que pueda garantizarse la confidencialidad.
Al presentar la información, la persona informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efecto de recibir las notificaciones, pudiendo asimismo renunciar expresamente a la recepción de cualquier comunicación de actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de la información./
Las comunicaciones verbales, ya sean realizadas mediante sistema de mensajería de voz o a través de una reunión presencial, deberán documentarse mediante una grabación en un formato seguro, duradero y accesible, o a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla, previo consentimiento de la persona informante. Se informará al denunciante de sus derechos conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal. Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de acuerdo con la normativa sobre protección de datos, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción del mensaje.
5.2 Acuse de recibo
Recibida la información, en un plazo no superior a siete días naturales desde dicha recepción, se procederá a acusar recibo, a menos que el responsable del canal interno de información considere que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.
5.3 Registro de la comunicación
Presentada la información, se procederá a su registro en el Sistema interno de información, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.
5.4 Trámite de admisión
Registrada la información, el responsable del canal interno de información deberá comprobar si aquella expone hechos o conductas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero (“ámbito de aplicación del canal”).
Realizado este análisis preliminar, el responsable del canal interno de información decidirá, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles desde la comunicación:
- a) Inadmitir la comunicación, en alguno de los siguientes casos:
1º. Cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud.
2º. Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación del canal.
3º. Cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan, a juicio del responsable del canal interno de información, indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito. En este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito.
4º. Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones en comparación con una comunicación anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto. En estos casos, el responsable del canal interno de información notificará la resolución de manera motivada.
La inadmisión se comunicará al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes a la decisión, salvo que la comunicación fuera anónima o la persona informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones. - b) Admitir a trámite la comunicación.
La admisión a trámite se comunicará al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes a la decisión, salvo que la comunicación fuera anónima o la persona informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones. - c) Remitir con carácter inmediato la información al Ministerio Fiscal cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito o a la Fiscalía Europea en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
- d) Remitir la comunicación a la autoridad, entidad u organismo que se considere competente para su tramitación.
6. INSTRUCCIÓN
6.1. Actuaciones durante la fase de instrucción.
La instrucción comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados.
El responsable del Sistema podrá mantener comunicación con la persona informante y solicitarle información adicional, salvo que ésta hubiera renunciado a recibir comunicaciones una vez realizada la denuncia.
Se respetarán las disposiciones sobre protección de datos personales. Se remitirá la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
Se garantizará en todo momento la protección a las personas que informen de las irregularidades frente a posibles perjuicios derivados de la comunicación de la información. La protección implica dar todos los pasos razonables para evitar que se produzca un perjuicio o para contener un perjuicio ya identificado o para evitar un daño mayor.
Una vez admitida a trámite la comunicación, la persona afectada deberá ser informada por escrito:
- a) De las acciones u omisiones que se le atribuyen. No obstante, en ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad de la persona informante ni se dará acceso a la comunicación.
- b) De su derecho a la presunción de inocencia.
- c) De su derecho a la protección al honor, mediante la preservación de su identidad y la garantía de la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.
- d) De su derecho a ser oída y a presentar alegaciones por escrito en cualquier momento del procedimiento.
- e) Del tratamiento de sus datos personales.
Dicha información tendrá lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.
La instrucción podrá comprender, una entrevista con la persona afectada en la que, siempre con absoluto respeto a la presunción de inocencia, se le invitará a exponer su versión de los hechos y a aportar la documentación que estime adecuada y pertinente.
La persona afectada tendrá acceso al expediente sin revelar información que pudiera identificar a la persona informante, pudiendo ser oída en cualquier momento.
6.2. Obligación de colaboración
Todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, deberán colaborar con la persona responsable del sistema interno de información en el cumplimiento de sus funciones.
7 TERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES
El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación no podrá ser superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo a la persona informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días naturales después de efectuarse la comunicación.
No obstante, en casos de especial complejidad que así lo requieran el plazo para dar respuesta a las actuaciones de investigación podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.
Concluidas todas las actuaciones, el responsable del canal interno de información emitirá un informe que contendrá al menos:
- a) La exposición de los hechos relatados junto con la información de registro de la comunicación.
- b) Las actuaciones realizadas con el fin de comprobar la verosimilitud de los hechos.
- c) Las conclusiones alcanzadas en la instrucción y valoración de los hechos y los indicios que las sustentan.
8. CONFLICTO DE INTERESES
La presentación de una denuncia que afecte directamente a personas que puedan participar activamente en la gestión e investigación de la misma y, en caso de ser requerido, del Comité de Dirección, serán excluidos de forma automática durante todo el proceso de investigación y análisis hasta su resolución, con el fin de evitar cualquier tipo de conflicto de interés e incompatibilidad, y garantizar así la objetividad e independencia de las actuaciones realizadas.
ANEXO I: LISTADO DE ACCIONES CONSIDERADAS COMO REPRESALIAS
La prohibición de represalias es un derecho que tiene el denunciante garantizando su protección en todo el ciclo de vida de la denuncia. A continuación, se detallan algunas de las acciones que se pueden considerar represalias:
- Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial.
- Degradación o denegación de ascensos.
- Denegación de formaciones, cursos, entre otros.
- Evaluación o referencias negativas sobre resultados laborales.
- La suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
- Imposición de medidas disciplinarias, amonestaciones u otra sanción, incluidas las disminuciones de periodos de descanso o vacaciones.
- Intimidaciones, acoso, discriminación o trato desfavorable.
- Daños físicos, morales o reputaciones, incluidos en medios sociales.
- Revelación anónima de información, identificando al denunciante para que sufra hostilidades en el entorno laboral.
- Proceso de difamación fuera del entorno laboral.
- Alegar la existencia de la cláusula de confidencialidad entre el denunciante y la Organización, para sancionar al denunciante por su incumplimiento.
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBJECTE
L'objecte del present procediment és regular la recepció, tractament, investigació i resolució de les denúncies sobre presumptes irregularitats o incompliments comesos per empleats, agents comercials, directius o socis de negocis, que puguin sorgir en l'exercici de l'activitat empresarial de EBF CONSULTING, S.L., situacions de riscos per exposicions derivades de les interconnexions amb l'Administració Pública i altres organismes públics internacionals.
El Canal de denúncies de EBF CONSULTING, S.L. és accessible a través del web corporatiu https://www.ebfconsulting.com/ facilitant el seu ús a empleats, agents comercials, directius, socis de negoci, i de qualsevol interessat.
L'objectiu del Canal de denúncies és canalitzar i facilitar la formulació segura de qualsevol comunicació sobre sospites de conductes irregulars, males pràctiques comercials, i qualsevol violació de les obligacions del Codi Ètic o de Conducta, fomentant un entorn de Compliment basat en els principis i valors de EBF CONSULTING, S.L.
A més, el procediment busca assegurar que durant tot el procés es garanteixi eficaçment la protecció de la privadesa de les persones involucrades i la confidencialitat sobre les dades contingudes en la denúncia, podent realitzar-se la denúncia de forma anònima si així ho considera el denunciant .
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Aquest procediment és aplicable a tots els empleats, agents comercials, directius, Comitè de Direcció i Consell d'Administració de EBF CONSULTING, S.L.
3. ASPECTES CLAU ASSOCIATS AL CANAL DE DENÚNCIES
3.1 DEURE DE COMUNICACIÓ
Tot aquell que tingués coneixement fundat de qualsevol tipus dacte o fet que pogués contravenir els principis i valors del Codi Ètic o de Conducta o suposar un acte il·lícit o contrari a la normativa vigent, haurà de comunicar-ho a EBF CONSULTING, S.L., a través del canal establert URL CANAL
3.2 FETS DENUNCIABLES
El Canal de Denúncies ha d'entendre's com un instrument que permeti la comunicació d'irregularitats o incompliments. Per això, no s'ha d'emprar de manera indiscriminada, sinó per als fins que ha estat concebut.
Els fets denunciables han d'estar enfocats en conductes, incompliments o irregularitats que puguin anar en contra dels principis i valors del Codi Ètic i de Conducta, o bé constituir un acte il·lícit o contrari a la normativa aplicable.
En aquest sentit, EBF CONSULTING, S.L. , dins de la gestió del Canal de Denúncies, té plenament identificats els principis i valors que constitueixen la cultura organitzativa que des de EBF CONSULTING, S.L. es vol fomentar al si de l'Organització.
3.3 DRETS DEL DENUNCIANT SOBRE COMUNICACIONS EFECTUADES A TRAVÉS DEL CANAL DE DENÚNCIES
En el cicle de vida de la denúncia, EBF CONSULTING, S.L. garantirà al denunciant els drets següents:
els informants se'ls garantiran l'efectiu exercici dels drets següents, sens perjudici de qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis:
- a) A presentar informacions de manera anònima ia mantenir l'anonimat durant el procediment.
- b) A indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions que faci el Responsable del Sistema.
- c) A comparèixer davant el Responsable del Sistema o el gestor delegat per iniciativa pròpia.
- d) A la renúncia de comunicar-se amb el Responsable del Sistema o el gestor delegat que instrueixi el procediment i, si és el cas, a la revocació de la dita renúncia en qualsevol moment.
- e) A la preservació de la seva identitat.
- f) A la protecció de les vostres dades personals.
- g) A conèixer la identitat del gestor delegat que instrueixi el procediment.
- h) A la confidencialitat de les comunicacions.
- i) A les mesures de protecció i de suport en els termes previstos a la Llei 2/2023.
- j) A presentar reclamació davant de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.
3.4 DRETS DEL DENUNCIAT SOBRE COMUNICACIONS EFECTUADES AL CANAL DE DENÚNCIA
En el cicle de vida de la denúncia, EBF CONSULTING, S.L. garantirà al denunciat els drets següents:
- a) Dret a la protecció en el transcurs de la investigació EBF CONSULTING, S.L. proporcionarà al denunciat la completa garantia dels seus drets com qualsevol empleat, no sent aplicables mesures sancionadores, o legals si escau, fins que es comprovi la veracitat dels fets denunciats, es demanin les evidències respectives, i es conclogui la concurrència d'un fet delictiu o contrari als principis i valors de la EBF CONSULTING, S.L.
- b) Dret a rebre informació El denunciat ha de ser informat del procés de recerca que s'està duent a terme perquè, davant la imputació de les conductes esmentades, pugui exercir el seu dret de defensa i al·legar-ho tot allò que li permeti acreditar-ne la innocència.
D'altra banda, en aquells casos que la informació del procés de recerca suposi un risc important en la capacitat per investigar de manera eficaç, la comunicació al denunciat es pot endarrerir mentre hi hagi aquest risc. L'objectiu és evitar la destrucció o l'alteració d'evidències pel denunciat. - c) Dret a la confidencialitat Al denunciat, durant tota la investigació de la denúncia, se li garantirà el dret a la confidencialitat de les vostres dades personals, per tal d'evitar qualsevol difusió d'informació que pugui afectar la seva honorabilitat.
La informació proporcionada al denunciat s'ha de realitzar en uns termes que protegeixin la confidencialitat del denunciant, i no es pot revelar la identitat del denunciant sense el seu consentiment exprés a cap persona que no sigui personal competent per rebre i gestionar les denúncies, amb les excepcions que estableix el dret de la UE o espanyol en el context d'investigacions dutes a terme per les autoritats o en el transcurs de processos judicials. - d) Dret a una investigació transparent El denunciat tindrà dret a una investigació basada en l'anàlisi objectiu de les evidències recollides, garantint una investigació eficaç i transparent.
3.5 IMPOSICIÓ DE MESURES DISCIPLINÀRIES
Si en la resolució de la investigació es comprova de forma fefaent que els fets investigats són certs i estan vinculats a conductes irregulars o il·lícites, el denunciat podrà ser objecte de sanció de conformitat amb el Conveni Col·lectiu Vigent de EBF CONSULTING, S.L. , la legislació laboral i la resta d'obligacions civils i mercantils que hagi contret el membre de la plantilla de EBF CONSULTING, S.L. , personal directiu o del Consell d'Administració.
EBF CONSULTING, S.L. també podrà posar els fets en coneixement de les autoritats judicials pertinents si així ho considera necessari.
En el supòsit en què el denunciat sigui un tercer amb què no es manté una relació laboral (proveïdor, agent comercial o soci de negoci), les sancions aplicables es limitaran a l'àmbit mercantil (limitació d'actuacions, rescissió unilateral contractual per part de EBF CONSULTING, S.L.), sense perjudici de la comunicació anteriorment esmentada a les autoritats judicials competents.
3.6 COMUNICACIÓ DE DENÚNCIES FALSES O DE MALA FE
El canal de denúncies de EBF CONSULTING, S.L. s'ha d'emprar de manera responsable i adequada. La comunicació de fets falsos, amb una actitud maliciosa i moralment deshonesta, suposa una infracció de la bona fe que ha de presidir les relacions de treball dins de EBF CONSULTING, S.L. podent derivar en mesures disciplinàries de conformitat amb el Conveni Col·lectiu Vigent.
Si, després de l'anàlisi oportuna, es pogués concloure que els fets denunciats són manifestament falsos i que la denúncia ha estat presentada amb actitud maliciosa i mala fe: (i) s'arxivarà la denúncia, documentant els motius que han portat a arxivar lexpedient, finalitzant la tasca de recerca; (ii) es traslladarà aquesta circumstància perquè es proposin mesures disciplinàries de conformitat amb el Conveni Col·lectiu Vigent i; (iii) s'informarà, de manera escrita, la proposta de sanció al Comitè de Direcció o, si escau, al Consell d'Administració, que decidirà l'acció disciplinària a aplicar al denunciant de mala fe.
4. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
Segons el que disposa l'article 8.1 de la Llei 2/2023, l'òrgan d'administració o òrgan de govern de EBF CONSULTING, S.L. designarà una persona física responsable de la gestió del sistema o «Responsable del Sistema».
El Responsable del Sistema desenvoluparà les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, i disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per portar-les a terme.
5. PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES
5.1 Formes de presentació de la informació.
La persona informant podrà presentar la denúncia, de forma anònima o no anònima, a través dels mitjans següents:
- a) En línia. Mitjançant l'accés al Canal intern de denúncies de EBF CONSULTING, S.L.
- b) Per correu postal. Remetent la denúncia i, si escau, la documentació que aporteu, a l'adreça següent: Att: Responsable del sistema intern d'informació. ADREÇA DE EBF CONSULTING, S.L.
- c) Presencialment. Sol·licitant reunió presencial mitjançant el canal intern de denúncies
- d) Verbal i/o missatgeria de veu. Dirigint-se al número de telèfon: . En cas de no poder atendre la trucada en el moment, es contactarà com més aviat millor.
La reunió se celebrarà en una ubicació on es pugui garantir la confidencialitat.
En presentar la informació, la persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions, podent així mateix renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació d'actuacions dutes a terme com a conseqüència de la informació./
Les comunicacions verbals, ja siguin realitzades mitjançant sistema de missatgeria de veu o mitjançant una reunió presencial, s'hauran de documentar mitjançant una gravació en un format segur, durador i accessible, o mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada per el personal responsable de tractar-la, amb el consentiment previ de la persona informant. S'informarà el denunciant dels seus drets d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció del missatge.
5.2 Avís de recepció
Rebuda la informació, en un termini no superior a set dies naturals des de la recepció esmentada, es procedirà a acusar rebut, llevat que el responsable del canal intern d'informació consideri que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
5.3 Registre de la comunicació
Presentada la informació, es registrarà el sistema intern d'informació, de conformitat amb el que preveu l'article 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
5.4 Tràmit d'admissió
Registrada la informació, el responsable del canal intern d'informació haurà de comprovar si aquella exposa fets o conductes que es troben dins l'àmbit d'aplicació de l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer (“àmbit d'aplicació del canal”).
Realitzada aquesta anàlisi preliminar, el responsable del canal intern d'informació decidirà, en un termini que no podrà ser superior a deu dies hàbils des de la comunicació:
- a) Inadmetre la comunicació, en algun dels casos següents:
1r. Quan els fets relatats no tinguin tota versemblança.
2n. Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació del canal.
3r. Quan la comunicació no tingui manifestament fonament o hi hagi, segons el parer del responsable del canal intern d'informació, indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. En aquest darrer cas, a més de la inadmissió, s'ha de remetre al Ministeri Fiscal una relació circumstancial dels fets que s'estimin constitutius de delicte.
4t. Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els procediments corresponents, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, el responsable del canal intern dinformació notificarà la resolució de manera motivada.
La inadmissió s'ha de comunicar a l'informant dins dels cinc dies hàbils següents a la decisió, llevat que la comunicació sigui anònima o la persona informant hagi renunciat a rebre comunicacions. - b) Admetre a tràmit la comunicació.
L'admissió a tràmit es comunicarà a l'informant dins dels cinc dies hàbils següents a la decisió, llevat que la comunicació fos anònima o la persona informant hagués renunciat a rebre comunicacions. - c) Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte oa la Fiscalia Europea en cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
- d) Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per tramitar-la.
6. INSTRUCCIÓ
6.1. Actuacions durant la fase d´instrucció.
La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.
El responsable del Sistema podrà mantenir comunicació amb la persona informant i sol·licitar-li informació addicional, llevat que aquesta hagués renunciat a rebre comunicacions una vegada realitzada la denúncia.
Es respectaran les disposicions sobre protecció de dades personals. Es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delicte. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
Es garantirà en tot moment la protecció a les persones que informin de les irregularitats davant de possibles perjudicis derivats de la comunicació de la informació. La protecció implica fer tots els passos raonables per evitar que es produeixi un perjudici o per contenir un perjudici ja identificat o per evitar un dany més gran.
Un cop admesa a tràmit la comunicació, la persona afectada haurà de ser informada per escrit:
- a) De les accions o omissions que se li atribueixen. No obstant això, en cap cas no es comunicarà als subjectes afectats la identitat de la persona informant ni es donarà accés a la comunicació.
- b) Del seu dret a la presumpció d'innocència.
- c) Del seu dret a la protecció a l'honor, mitjançant la preservació de la seva identitat i la garantia de la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.
- d) Del seu dret a ser escoltada ia presentar al·legacions per escrit en qualsevol moment del procediment.
- e) Del tractament de les vostres dades personals.
Deta informació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació.
La instrucció podrà comprendre, una entrevista amb la persona afectada en què, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se us convidarà a exposar la seva versió dels fets ia aportar la documentació que estimi adequada i pertinent.
La persona afectada tindrà accés a lexpedient sense revelar informació que pogués identificar la persona informant, podent ser escoltada en qualsevol moment.
6.2. Obligació de col·laboració
Totes les persones naturals o jurídiques, privades o públiques, hauran de col·laborar amb la persona responsable del sistema intern dinformació en el compliment de les seves funcions.
7 TERMINACIÓ DE LES ACTUACIONS
El termini màxim per donar resposta a les actuacions de recerca no podrà ser superior a tres mesos a comptar de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a la persona informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies naturals després defectuar-se la comunicació.
No obstant, en casos d'especial complexitat que així ho requereixin el termini per donar resposta a les actuacions de recerca es podrà estendre fins a un màxim de tres mesos addicionals més.
Concloses totes les actuacions, el responsable del canal intern dinformació emetrà un informe que contindrà almenys:
- a) L'exposició dels fets relatats juntament amb la informació de registre de la comunicació.
- b) Les actuacions realitzades per tal de comprovar la versemblança dels fets.
- c) Les conclusions aconseguides en la instrucció i valoració dels fets i els indicis que les sustenten.
8. CONFLICTE D'INTERESSOS
La presentació d'una denúncia que afecti directament persones que puguin participar activament en la gestió i investigació de la mateixa i, en cas de ser requerit, del Comitè de Direcció, seran exclosos de forma automàtica durant tot el procés de recerca i anàlisi fins a la seva resolució, per tal d'evitar qualsevol tipus de conflicte d'interès i incompatibilitat, i garantir així l'objectivitat i la independència de les actuacions realitzades.
ANNEX I: LLISTAT D'ACCIONS CONSIDERADES COM A REPRESÀLIES
La prohibició de represàlies és un dret que té el denunciant garantint-ne la protecció en tot el cicle de vida de la denúncia. A continuació, es detallen algunes de les accions que es poden considerar represàlies:
- Canvi de lloc de treball, canvi d'ubicació del lloc de treball, reducció salarial.
- Degradació o denegació d'ascensos.
- Denegació de formacions, cursos, entre d'altres.
- Avaluació o referències negatives sobre resultats laborals.
- La suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents.
- Imposició de mesures disciplinàries, amonestacions o una altra sanció, incloses les disminucions de períodes de descans o vacances.
- Intimidacions, assetjament, discriminació o tracte desfavorable.
- Danys físics, morals o reputacions, inclosos en mitjans socials.
- Revelació anònima d'informació, identificant el denunciant perquè pateixi hostilitats a l'entorn laboral.
- Procés de difamació fora de l'entorn laboral.
- Al·legar l'existència de la clàusula de confidencialitat entre el denunciant i l'Organització, per sancionar el denunciant pel seu incompliment.
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBJECT
The purpose of this procedure is to regulate the reception, treatment, investigation and resolution of complaints about alleged irregularities or non-compliance committed by employees, commercial agents, directors or business partners, which may arise in the exercise of the business activity of , risk situations due to exposures derived from interconnections with the Public Administration and other international public organizations.
The Complaints Channel of EBF CONSULTING, S.L. is accessible through the corporate website https://www.ebfconsulting.com/ facilitating its use to employees, commercial agents, managers, business partners, and any interested party.
The objective of the Whistleblowing Channel is to channel and facilitate the safe formulation of any communication regarding suspicions of irregular conduct, bad business practices, and any violation of the obligations of the Code of Ethics or Conduct, promoting an environment of Compliance based on the principles and values of
In addition, the procedure seeks to ensure that throughout the process the protection of the privacy of the people involved and the confidentiality of the data contained in the complaint are effectively guaranteed, and the complaint can be made anonymously if the complainant so considers it. .
2. SCOPE OF APPLICATION
This procedure is applicable to all employees, commercial agents, managers, Management Committee and Board of Directors of EBF CONSULTING, S.L.
3. KEY ASPECTS ASSOCIATED WITH THE COMPLAINTS CHANNEL
3.1 DUTY OF COMMUNICATION
Anyone who has well-founded knowledge of any type of act or fact that could contravene the principles and values of the Code of Ethics or Conduct or involve an illegal act or contrary to current regulations, must notify , through the established channel URL CHANNEL
3.2 REPORTABLE FACTS
The Whistleblower Channel should be understood as an instrument that allows the communication of irregularities or non-compliance. Therefore, it should not be used indiscriminately, but for the purposes for which it was intended.
The reportable events must be focused on conduct, non-compliance or irregularities that may go against the principles and values of the Code of Ethics and Conduct, or constitute an illegal act or contrary to the applicable regulations.
In this sense, , within the management of the Whistleblowing Channel, has fully identified the principles and values that constitute the organizational culture that from EBF CONSULTING, S.L. we want to promote it within the Organization.
3.3 RIGHTS OF THE WHISTLEBLOWER REGARDING COMMUNICATIONS MADE THROUGH THE COMPLAINT CHANNEL
In the life cycle of the complaint, will guarantee the complainant the following rights:
The informants will be guaranteed the effective exercise of the following rights, without prejudice to any others recognized by the Constitution and the laws:
- a) To present information anonymously and to maintain anonymity during the procedure.
- b) To indicate an address, email or safe place to receive communications made by the System Manager.
- c) To appear before the System Manager or the delegated manager on his own initiative.
- d) The waiver of communicating with the System Manager or the delegated manager who instructs the procedure and, where appropriate, the revocation of said waiver at any time.
- e) To preserve your identity.
- f) To the protection of your personal data.
- g) To know the identity of the delegated manager who instructs the procedure.
- h) To the confidentiality of communications.
- i) To protection and support measures in the terms provided in Law 2/2023.
- j) To file a claim with the Independent Whistleblower Protection Authority.
3.4 RIGHTS OF THE REPORTANT REGARDING COMMUNICATIONS MADE IN THE REPORTING CHANNEL
In the life cycle of the complaint, will guarantee the accused the following rights:
- a) Right to protection during the course of the investigation EBF CONSULTING, S.L. will provide the accused with the complete guarantee of their rights like any employee, with no sanctioning or legal measures being applicable, where appropriate, until the veracity of the reported facts is verified, the respective evidence is collected, and the investigation is concluded. occurrence of a criminal act or act contrary to the principles and values of the EBF CONSULTING, S.L.
- b) Right to receive information The accused must be informed of the investigation process that is being carried out so that, when faced with the accusation of said conduct, he can exercise his right of defense and allege all that which allows him to prove his innocence.
On the other hand, in those cases where the information from the investigation process poses a significant risk in the ability to investigate effectively, communication to the accused may be delayed while said risk exists. The objective is to avoid the destruction or alteration of evidence by the accused. - c) Right to confidentiality The accused, throughout the investigation of the complaint, will be guaranteed the right to confidentiality of his personal data, in order to avoid any dissemination of information that may affect their good repute.
The information provided to the accused must be done in terms that protect the confidentiality of the complainant, and the identity of the complainant cannot be revealed without their express consent to any person who is not competent personnel to receive and manage the information. complaints, with the exceptions established by EU or Spanish law in the context of investigations carried out by the authorities or in the course of judicial proceedings. - d) Right to a transparent investigation The accused will have the right to an investigation based on the objective analysis of the evidence collected, guaranteeing an effective and transparent investigation.
3.5 IMPOSING DISCIPLINARY MEASURES
If in the resolution of the investigation it is reliably proven that the facts investigated are true and are linked to irregular or illicit conduct, the accused may be subject to sanctions in accordance with the Current Collective Agreement of , labor legislation and the rest of the civil and commercial obligations that the member of the staff of EBF CONSULTING, S.L., management personnel or the Board of Directors.
may also bring the facts to the attention of the relevant judicial authorities if it deems necessary.
In the event that the accused is a third party with whom an employment relationship is not maintained (supplier, commercial agent or business partner), the applicable sanctions will be limited to the commercial field (limitation of actions, unilateral contractual termination by EBF CONSULTING, S.L.), without prejudice to the aforementioned communication to the competent judicial authorities.
3.6 COMMUNICATION OF FALSE OR BAD FAITH REPORTS
The complaints channel of EBF CONSULTING, S.L. should be used responsibly and appropriately. The communication of false facts, with a malicious and morally dishonest attitude, represents a violation of the good faith that must govern the work relationships within EBF CONSULTING, S.L. may lead to disciplinary measures in accordance with the Current Collective Agreement.
If, after the appropriate analysis, it can be concluded that the facts reported are manifestly false and that the complaint has been presented with a malicious attitude and bad faith: (i) the complaint will be filed, documenting the reasons that led to it being filed. the file, finishing the investigation work; (ii) said circumstance will be reported so that disciplinary measures can be proposed in accordance with the Current Collective Agreement and; (iii) the proposed sanction will be reported in writing to the Management Committee or, where appropriate, to the Board of Directors, who will decide the disciplinary action to be applied to the complainant of bad faith.
4. HEAD OF THE INTERNAL INFORMATION SYSTEM
According to the provisions of article 8.1 of Law 2/2023, the administrative body or governing body of EBF CONSULTING, S.L. will designate a natural person responsible for the management of said system or "System Manager".
The Head of the System will carry out his functions independently and autonomously with respect to the rest of the bodies of the entity or organization, he will not be able to receive instructions of any kind in his exercise, and will have all the personal and material means necessary to carry them out. out.
5. COMPLAINT CHANNEL INVESTIGATION PROCEDURE
5.1 Forms of presentation of information.
The reporting person may present the complaint, anonymously or non-anonymously, through the following means:
- a) Online. By accessing the internal complaint channel of EBF CONSULTING, S.L.
- b) By postal mail. Sending the complaint and, where appropriate, the documentation provided, to the following address: Att: Responsible for the internal information system. ADDRESS OF
- c) In person. Requesting a face-to-face meeting through the internal complaints channel
- d) Verbal and/or voice messaging. Addressing the phone number: . If you cannot answer the call at the moment, you will be contacted as soon as possible.
The meeting will be held in a location where confidentiality can be guaranteed.
When submitting the information, the reporting person may indicate an address, email or safe place in order to receive the notifications, and may also expressly renounce the receipt of any communication of actions carried out as a result of the information./
Verbal communications, whether made through a voice messaging system or through an in-person meeting, must be documented through a recording in a secure, durable and accessible format, or through a complete and accurate transcription of the conversation made by the personnel responsible for treating it, with prior consent of the reporting person. The complainant will be informed of his or her rights in accordance with personal data protection regulations. Without prejudice to the rights that correspond to them in accordance with data protection regulations, the informant will be offered the opportunity to verify, rectify and accept the transcription of the message by signing.
5.2 Acknowledgment of receipt
Once the information is received, within a period of no more than seven calendar days from said receipt, receipt will be acknowledged, unless the person responsible for the internal information channel considers that this may jeopardize the confidentiality of the communication.
5.3 Communication record
Once the information has been presented, it will be registered in the internal information system, in accordance with the provisions of article 26 of Law 2/2023, of February 20.
5.4 Admission procedure
Once the information has been registered, the person responsible for the internal information channel must check whether it exposes facts or conduct that are within the scope of application of article 2 of Law 2/2023, of February 20 ("scope of application of the channel").
Once this preliminary analysis has been carried out, the person responsible for the internal information channel will decide, within a period that may not exceed ten business days from the communication:
- a) Disallow the communication, in any of the following cases:
1st. When the facts reported lack all plausibility.
2nd. When the events reported do not constitute a violation of the legal system included in the scope of application of the channel.
3rd. When the communication is manifestly unfounded or there are, in the opinion of the person responsible for the internal information channel, rational indications of having been obtained through the commission of a crime. In the latter case, in addition to the inadmissibility, a detailed list of the facts that are considered to constitute a crime will be sent to the Public Prosecutor's Office.
4th. When the communication does not contain new and significant information about infringements compared to a previous communication in respect of which the corresponding procedures have been concluded, unless new factual or legal circumstances arise that justify a different follow-up. In these cases, the person responsible for the internal information channel will notify the resolution with reasons.
The inadmissibility will be communicated to the informant within five business days following the decision, unless the communication was anonymous or the informant had renounced receiving communications. - b) Admit the communication to processing.
The admission for processing will be communicated to the informant within five business days following the decision, unless the communication was anonymous or the reporting person had renounced receiving communications. - c) Immediately send the information to the Public Prosecutor's Office when the facts could indirectly constitute a crime or to the European Public Prosecutor's Office in the event that the facts affect the financial interests of the European Union.
- d) Send the communication to the authority, entity or body that is considered competent for its processing.
6. INSTRUCTION
6.1. Actions during the instruction phase.
The instruction will include all those actions aimed at verifying the verisimilitude of the events reported.
The person responsible for the System may maintain communication with the reporting person and request additional information, unless the reporting person has renounced receiving communications once the report has been made.
The provisions on the protection of personal data will be respected. The information will be sent to the Public Prosecutor's Office immediately when the facts could indirectly constitute a crime. In the event that the facts affect the financial interests of the European Union, it will be referred to the European Public Prosecutor's Office.
Protection will be guaranteed at all times to people who report irregularities against possible damages derived from the communication of the information. Protection involves taking all reasonable steps to prevent harm from occurring or to contain harm already identified or to prevent further harm.
Once the communication is admitted for processing, the affected person must be informed in writing:
- a) Of the actions or omissions attributed to him. However, in no case will the identity of the reporting person be communicated to the affected subjects nor will access to the communication be given.
- b) Of your right to the presumption of innocence.
- c) Their right to protection of honor, through the preservation of their identity and the guarantee of confidentiality of the facts and data of the procedure.
- d) Your right to be heard and to present written allegations at any time during the procedure.
- e) The processing of your personal data.
Such information will take place in the time and manner considered appropriate to guarantee the successful completion of the investigation.
The instruction may include an interview with the affected person in which, always with absolute respect for the presumption of innocence, they will be invited to present their version of the events and provide the documentation they deem appropriate and pertinent.
The affected person will have access to the file without revealing information that could identify the reporting person, and may be heard at any time.
6.2. Obligation to collaborate
All natural or legal persons, private or public, must collaborate with the person responsible for the internal information system in the fulfillment of their functions.
7 ENDING OF THE PERFORMANCES
The maximum period to respond to the investigative actions may not exceed three months from the receipt of the communication or, if an acknowledgment of receipt was not sent to the reporting person, three months from the date of receipt. expiration of the period of seven calendar days after the communication is made.
However, in cases of special complexity that require it, the period to respond to the investigation actions may be extended to a maximum of another three additional months.
Once all actions have been completed, the person responsible for the internal information channel will issue a report that will contain at least:
- a) The presentation of the facts reported together with the registration information of the communication.
- b) The actions carried out in order to verify the plausibility of the facts.
- c) The conclusions reached in the investigation and assessment of the facts and the evidence that supports them.
8. CONFLICT OF INTEREST
The presentation of a complaint that directly affects people who can actively participate in its management and investigation and, if required, from the Management Committee, will be automatically excluded throughout the investigation process and analysis until resolution, in order to avoid any type of conflict of interest and incompatibility, and thus guarantee the objectivity and independence of the actions carried out.
ANNEX I: LIST OF ACTIONS CONSIDERED AS RETALIATION
The prohibition of retaliation is a right that the complainant has, guaranteeing its protection throughout the life cycle of the complaint. Below are some of the actions that may be considered retaliation:
- Change of job, change of workplace location, salary reduction.
- Demotion or denial of promotions.
- Denial of training, courses, among others.
- Negative evaluation or references on work results.
- Suspension, dismissal, dismissal or equivalent measures.
- Imposition of disciplinary measures, reprimands or other sanctions, including reductions in rest or vacation periods.
- Intimidation, harassment, discrimination or unfavorable treatment.
- Physical, moral or reputational damage, including on social media.
- Anonymous disclosure of information, identifying the complainant to suffer hostilities in the work environment.
- Defamation process outside the work environment.
- Allege the existence of the confidentiality clause between the complainant and the Organization, to sanction the complainant for non-compliance with it.
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBJEKTU
Prozedura honen xedea da langileek, merkataritza-agenteek, zuzendariek edo negozio-bazkideek egindako ustezko irregulartasunen edo ez-betetzeen inguruko erreklamazioen harrera, tratamendua, ikerketa eta ebazpena arautzea. de , Administrazio Publikoarekin eta nazioarteko beste erakunde publiko batzuekiko interkonexioetatik eratorritako esposizioen ondoriozko arrisku egoerak.
Kexen kanala EBF CONSULTING, S.L. webgune korporatiboaren bidez eskura daiteke https://www.ebfconsulting.com/ langileei, merkataritza-agenteei, kudeatzaileei, negozio-bazkideei eta edozein interesdunei erabilera erraztea.
Whistleblowing Channel-en helburua da jokabide irregularren, negozio-jardueraren eta Etika edo Jokabide Kodearen betebeharren edozein urratzearen inguruko susmoei buruzko edozein komunikazio modu seguruan bideratzea eta erraztea, Betetzearen inguruko ingurune bat sustatuz. EBF CONSULTING, S.L.
Gainera, prozedurak prozesu osoan zehar inplikatutako pertsonen intimitatea eta kexan jasotako datuen konfidentzialtasuna modu eraginkorrean bermatzen direla bermatu nahi du, eta kexa modu anonimoan egin daitekeela kexa-egileak hala uste badu. hura...
2. APLIKAZIO-ESPARRUA
Prozedura hau EBF CONSULTING, S.L.ko langile, merkataritza-agente, gerente, Zuzendaritza Batzorde eta Administrazio Kontseilu guztiei aplikatzen zaie
3. KEXAK KALEARI
K LOTUTAKO ALDERDI NAGUSIAK3.1 KOMUNIKAZIO-BEHARRA
Etika edo Jokabide Kodearen printzipio eta balioak urratu ditzakeen edo legez kanpoko ekintzaren bat edo indarrean dagoen araudiaren aurkako edozein motatako egintza edo egitatearen ezagutza ondo duen edonork, jakinarazi beharko du EBF CONSULTING, S.L., ezarritako kanalaren URL CHANNEL
3.2 JAKINARAZTEN DA GAITASUNA
Whistleblower Channel irregulartasunak edo ez-betetzeak jakinaraztea ahalbidetzen duen tresna gisa ulertu behar da. Beraz, ez da bereizirik gabe erabili behar, baizik eta xedea izan den helburuetarako.
Sala daitezkeen gertakariek Etika eta Jokabide Kodearen printzipio eta balioen aurka joan daitezkeen jokabide, ez-betetze edo irregulartasunetan oinarritu behar dira, edo legez kanpoko ekintza bat izan edo aplikagarria den araudiaren aurkakoa izan.
Zentzu honetan, , Whistleblowing Channel-en kudeaketaren barruan, erakunde-kultura osatzen duten printzipioak eta balioak guztiz identifikatu ditu EBF CONSULTING, S.L. Erakundearen barruan sustatu nahi dugu.
3.3 TXISTU-DEPUTATZAILEAREN ESKUBIDEAK KEXA-KANELA BIDEZ EGINDAKO KOMUNIKAZIOEI BURUZKOA
Kexaren bizi-zikloan, k kexa-egileari eskubide hauek bermatuko dizkio:
Informatzaileei honako eskubide hauen erabilera eraginkorra bermatuko zaie, Konstituzioak eta legeek aitortutako beste edozeinen kaltetan gabe:
- a) Informazioa modu anonimoan aurkeztea eta prozeduran zehar anonimotasuna mantentzea.
- b) Sistema-kudeatzaileak egindako komunikazioak jasotzeko helbide, posta elektronikoa edo leku segurua adierazteko.
- c) Sistema-kudeatzailearen aurrean edo eskuordetutako kudeatzailearen aurrean bere ekimenez agertzea.
- d) Sistemaren Kudeatzailearekin edo prozeduraren instrukzioa egiten duen kudeatzaile eskuordetuarekin komunikatzeari uko egitea eta, hala badagokio, uko hori edozein unetan baliogabetzea.
- e) Zure identitatea zaintzeko.
- f) Zure datu pertsonalak babesteko.
- g) Prozedura agintzen duen kudeatzaile eskudunaren nortasuna ezagutzea.
- h) Komunikazioen konfidentzialtasunari.
- i) 2/2023 Legean aurreikusitako baldintzetan babesteko eta laguntzeko neurriei.
- j) Erreklamazio bat aurkeztea Whistleblower Babeserako Agintaritza Independenteari.
3.4 TXOSTENAK TXOSTENAK EGINDAKO KANALEAN EGINDAKO KOMUNIKAZIOEI BURUZKO ESKUBIDEAK
Kexaren bizi-zikloan, k akusatuari eskubide hauek bermatuko dizkio:
- a) Babes-eskubidea ikerketan zehar EBF CONSULTING, S.L. akusatuari bere eskubideen berme osoa emango dio edozein langileri bezala, ez dago inolako zigorrik edo legezko neurririk, hala dagokionean, jakinarazitako gertakarien egiazkotasuna egiaztatu, dagozkion frogak bildu eta ikerketa egin arte. ondorioztatzen da. EBF CONSULTING, S.L.-ren printzipio eta balioen aurkako delituzko egintza edo egintza bat gertatzea
- b) Informazioa jasotzeko eskubidea Akusatuak egiten ari den ikerketa-prozesuaren berri izan behar du, jokabide horren salaketaren aurrean bere defentsa-eskubidea erabil dezan eta errugabetasuna frogatzeko aukera ematen dion guztia salatu.
Bestalde, ikerketa-prozesuaren informazioak eraginkortasunez ikertzeko gaitasunean arrisku handia eragiten duen kasuetan, akusatuarekiko komunikazioa atzeratu egin daiteke arrisku hori dagoen bitartean. Helburua da akusatuak frogak suntsitzea edo aldatzea saihestea. - c) Isilpekotasun-eskubidea Akusatuak, kexaren ikerkuntzan zehar, bere datu pertsonalen konfidentzialtasun-eskubidea bermatuko du, bere onerako eragina izan dezakeen informazioa zabaltzea saihesteko. ospea.
Akusatuari emandako informazioa kexa-egilearen konfidentzialtasuna babesten duten terminoetan egin behar da, eta kexa-egilearen nortasuna ezin zaio agerian utzi bere berariazko baimenik gabe, langile eskudun ez den pertsona bati jaso eta kudeatzeko. informazioa. kexak, EBko edo Espainiako legediak agintariek egindako ikerketen testuinguruan edo prozedura judizialetan ezarritako salbuespenekin. - d) Ikerketa gardena izateko eskubidea Akusatuak ikerketarako eskubidea izango du bildutako frogen azterketa objektiboan oinarrituta, ikerketa eraginkor eta gardena bermatuz.
3.5 DIZIPLINA NEURRIAK EZARTZEA
Ikerketaren ebazpenean fidagarritasunez frogatzen bada ikertutako gertaerak egiazkoak direla eta jokabide irregular edo legez kanpokoekin lotuta daudela, akusatua EBF CONSULTING, S.L.-en Indarreko Hitzarmen Kolektiboaren, lan-legeriaren arabera, zehapenak ezarri ahal izango dira. EBF CONSULTING, S.L.eko langileak, zuzendaritzako langileak edo Administrazio Kontseiluak kontratatu dituen gainerako betebehar zibil eta komertzialak.
-k, halaber, gertaeren berri eman diezaieke dagokion agintari judizialei, beharrezkotzat jotzen badu.
Salatua lan-harremana mantentzen ez den hirugarren bat bada (hornitzailea, merkataritza-agentea edo negozio-bazkidea), aplikagarriak diren zehapenak merkataritza-esparrura mugatuko dira (ekintzen muga, aldebakarreko kontratuaren amaiera. EBF CONSULTING, S.L.), lehen aipatutako agintari judizialen eskudunei egindako komunikazioaren kaltetan gabe.
3.6 GEZURRA EDO FEDE GAIZKO TXOSTENAK KOMUNIKATZEA
EBF CONSULTING, S.L.-ren kexak kanala arduraz eta egoki erabili behar da. Gertaera faltsuen berri emateak, jarrera maltzur eta moralki petrala batekin, EBF CONSULTING, S.L. barruko lan-harremanak arautu behar dituen fede onaren urraketa adierazten du . k diziplina-neurriak ekar ditzake Indarreko Hitzarmen Kolektiboaren arabera.
Dagokion analisia egin ondoren, salatutako gertaerak agerian faltsuak direla eta salaketa jarrera maltzur batekin eta fede txarrez aurkeztu dela ondorioztatzen bada: (i) kexa aurkeztuko da, eragin duten arrazoiak dokumentatuta. artxibatzeko espedientea, ikerketa lanak amaitzea; (ii) inguruabar horren berri emango da, Indarreko Hitzarmen Kolektiboaren arabera diziplina-neurriak proposatu ahal izateko eta; (iii) Proposatutako zehapenaren berri idatziz jakinaraziko zaio Zuzendaritza Batzordeari edo, hala badagokio, Administrazio Kontseiluari, eta hark erabakiko du fede txarreko kexa-egileari aplikatu beharreko diziplina-neurria.
4. BARNE INFORMAZIO SISTEMAREN BURUA
2/2023 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, EBF CONSULTING, S.L.-ren administrazio-organoak edo gobernu - organoakk aipatutako sistema edo "Sistema-kudeatzailea" kudeatzeko arduradun fisiko bat izendatuko du.
Sistemaren buruak bere eginkizunak modu independentean eta autonomoan beteko ditu entitate edo erakundeko gainerako organoekin alderatuta, bere ariketan ezin izango ditu inolako argibiderik jaso, eta izango ditu. horiek aurrera eramateko beharrezkoak diren bitarteko pertsonal eta materialak.
5. KEXA KANALA IKERKETA PROZEDURA
5.1 Informazioa aurkezteko moduak.
Salatzen duen pertsonak kexa aurkez dezake, modu anonimoan edo ez anonimoan, bide hauen bidez:
- a) Online. EBF CONSULTING, S.L.-ren barneko kexa-kanalera sartuz
- b) Posta postaz. Erreklamazioa eta, hala badagokio, emandako dokumentazioa bidaliz, helbide honetara: Att: Barne informazio sistemaren arduraduna. HELBIDEA
- c) Pertsonalki. Bilera presentziala eskatzea barne erreklamazio-bidearen bidez
- d) Ahozko eta/edo ahots bidezko mezularitza. Telefono-zenbakiaren helbidea: . Momentuz deiari erantzun ezin bazaio, ahalik eta azkarren jarriko gara harremanetan.
Bilkura konfidentzialtasuna bermatu daitekeen leku batean egingo da.
Informazioa bidaltzean, jakinarazpenak jasotzeko helbidea, posta elektronikoa edo leku segurua adierazi ahal izango du salatzaileak, eta, halaber, berariaz uko egin diezaioke informazioaren ondorioz egindako ekintzen komunikazioa jasotzeari.< / p>
Ahozko komunikazioak, ahots bidezko mezularitza-sistema baten bidez edo aurrez aurreko bilera baten bidez eginak, grabazio baten bidez dokumentatu behar dira formatu seguru, iraunkor eta eskuragarri batean, edo langileek egindako elkarrizketaren transkripzio oso eta zehatz baten bidez. tratatzeko arduraduna, salaketa egiten duenaren aldez aurretiko baimenarekin. Kexa-egileari bere eskubideen berri emango zaio datu pertsonalak babesteko araudiaren arabera. Datuak babesteko araudiaren arabera dagozkion eskubideei kalterik egin gabe, informatzaileari mezuaren transkripzioa sinatuz egiaztatzeko, zuzentzeko eta onartzeko aukera eskainiko zaio.
5.2 Jaso izanaren agiria
Informazioa jaso ondoren, jaso denetik zazpi egun naturaleko epean gehienez ere, jaso izana aitortuko da, salbu eta barne informazio kanalaren arduradunak komunikazioaren konfidentzialtasuna arriskuan jar dezakeela uste badu.
5.3 Komunikazio-erregistroa
Informazioa aurkeztu ondoren, barne informazio sisteman erregistratuko da, otsailaren 20ko 2/2023 Legearen 26. artikuluan xedatutakoaren arabera.
5.4 Onarpen prozedura
Informazioa erregistratuta dagoenean, barne informazio kanalaren arduradunak egiaztatu beharko du otsailaren 20ko 2/2023 Legearen 2. artikuluaren aplikazio-eremuan dauden gertakariak edo jokabideak agerian jartzen dituen ("aplikazio-eremua". kanala").
Aurretiazko azterketa hori egin ondoren, barne informazio kanalaren arduradunak erabakiko du, komunikazioa egiten denetik hamar egun baliodunetik gorakoa izango ez den epean:
- a) Komunikazioa ez onartzea, kasu hauetako batean:
1.a. Salatutako gertakariek sinesgarritasun guztia falta dutenean.
2.a. Salatutako gertakariek kanalaren aplikazio-esparruan sartutako ordenamendu juridikoaren urraketarik ez dutenean.
3. Komunikazioa agerikoa den oinarririk gabekoa denean edo, barne informazio-kanalaren arduradunaren iritziz, delitu bat egitearen bidez lortu izanaren zantzu arrazionalak daudenean. Azken kasu horretan, onartezintasunaz gain, delitutzat jotzen diren egitateen zerrenda zehatza bidaliko zaio Fiskaltzari.
4. Komunikazioak arau-hausteei buruzko informazio berri eta esanguratsurik jasotzen ez duenean, aurreko komunikazioarekin alderatuta dagozkion izapideak amaitu direnean, salbu eta beste jarraipen bat justifikatzen duten egitatezko edo legezko inguruabar berririk sortzen ez bada. Kasu horietan, barne informazio kanalaren arduradunak ebazpena arrazoituta jakinaraziko du.
Erabakia hartu eta hurrengo bost egun balioduneko epean jakinaraziko zaio onartezina informatzaileari, salbu eta komunikazioa anonimoa izan bada edo informatzaileak komunikazioak jasotzeari uko egin ez badio. - b) Komunikazioa izapidetzeko onartzea.
Izapidetzeko onarpena informatzaileari jakinaraziko zaio ebazpena eman eta hurrengo bost egun balioduneko epean, salbu eta komunikazioa anonimoa izan edo salatzaileak komunikazioak jasotzeari uko egin ez badu. - c) Gertakariek zeharka delitua izan dezaketenean berehala bidaliko dute informazioa Fiskaltzara edo Europako Fiskaltzara, gertakariek Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete.
- d) Komunikazioa izapidetzeko eskuduntzat jotzen den agintari, entitate edo organoari bidaltzea.
6. JARRAIBIDEA
6.1. Instrukzio faseko ekintzak.
Instrukzioan jakinarazitako gertaeren egiazkotasuna egiaztatzea helburu duten ekintza guztiak jasoko dira.
Sistemaren arduradunak komunikazioa mantendu ahal izango du salaketa egiten duen pertsonarekin eta informazio osagarria eska dezake, salbu eta txostena egin ondoren komunikazioak jasotzeari uko egin ez badio.
Datu pertsonalen babesari buruzko xedapenak errespetatuko dira. Informazioa Fiskaltzara bidaliko da berehala, gertakariek zeharka delitua izan dezaketenean. Gertaetek Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten badie, Europako Fiskaltzara bideratuko da.
Informazioaren komunikaziotik erator daitezkeen kalteen aurrean irregulartasunak salatzen dituzten pertsonei babesa bermatuko zaie uneoro. Babesak arrazoizko neurri guztiak hartzea dakar kalterik ez gertatzeko edo dagoeneko identifikatutako kalteak edukitzeko edo kalte gehiago saihesteko.
Komunikazioa izapidetzeko onartutakoan, kaltetutako pertsonari idatziz jakinarazi behar zaio:
- a) Berari egozten zaizkion ekintzen edo ez-egiteen. Hala ere, inola ere ez zaie jakinaraziko pertsonaren nortasuna kaltetutako subjektuei, ezta komunikaziorako sarbidea emango ere.
- b) Errugabetasun-presuntzioaren eskubideaz.
- c) Ohorea babesteko duten eskubidea, euren identitatea gordez eta prozedurako egitateen eta datuen isilpekotasuna bermatuz.
- d) Prozeduran zehar edozein unetan entzuna izateko eta idatzizko alegazioak aurkezteko duzun eskubidea.
- e) Zure datu pertsonalen tratamendua.
Informazio hori egokitzat jotzen den denboran eta eran egingo da ikerketaren amaiera arrakastatsua bermatzeko.
Instrukzioak ukitutako pertsonari elkarrizketa bat barne hartu ahal izango du, non, beti ere errugabetasun-presuntzioa errespetatuz, gertaeren bertsioa aurkeztera eta egoki eta egokitzat jotzen duen dokumentazioa ematera gonbidatuko baita.
Kalpetutako pertsonak fitxategira sarbidea izango du salaketa egiten duen pertsona identifikatu dezakeen informaziorik agertu gabe, eta edozein unetan entzun ahal izango du.
6.2. Elkarlanerako betebeharra
Pertsona fisiko edo juridiko guztiek, pribatu zein publiko, barne informazio sistemaren arduradunarekin lankidetzan aritu behar dute beren eginkizunak betetzeko.
7 EMANALDIEN AMAIERA
Ikerketa-ekintzei erantzuteko gehienezko epea ezin izango da hiru hilabetetik gorakoa izan komunikazioa jasotzen denetik kontatzen hasita, edo, jakinarazpena jaso izanaren aitorpena bidali ez bazaio, salaketa egiten duen pertsonari, hiru hilabetekoa jasotzen den egunetik hasita. komunikazioa egin eta zazpi egun naturalekoa.
Dena den, hala eskatzen duten konplexutasun bereziko kasuetan, ikerketa-ekintzei erantzuteko epea beste hiru hilabete gehiagoz luzatu ahal izango da gehienez.
Ekintza guztiak amaitutakoan, barne informazio kanalaren arduradunak txosten bat emango du, gutxienez:
- a) Jakinarazitako gertaeren aurkezpena komunikazioaren erregistro-informazioarekin batera.
- b) Gertaeren sinesgarritasuna egiaztatzeko egindako ekintzak.
- c) Gertaeren ikerketan eta balorazioan lortutako ondorioak eta haiek onartzen dituzten frogak.
8. INTERES GATAZKA
Bere kudeaketan eta ikerketan aktiboki parte hartu dezaketen pertsonei eta, hala behar izanez gero, Zuzendaritza Batzordetik zuzenean eragiten dien kexa bat aurkeztea, automatikoki baztertuko da ikerketa-prozesuan eta analisian ebatzi arte, edozein motatakoa saihesteko. interes-gatazka eta bateraezintasuna, eta, horrela, egindako ekintzen objektibotasuna eta independentzia bermatzea.
I. ERANSKINA: ERREQUISIO GUZTIZ JARDUTAKO EKINTZEN ZERRENDA
Errepresalia debekatzea kexa-egileak duen eskubide bat da, eta haien babesa bermatzen du kexaren bizi-ziklo osoan. Jarraian, mendekutzat har daitezkeen ekintza batzuk daude:
- Lanpostu aldaketa, lantokiaren kokapena, soldata murrizketa.
- Sustapenak jaistea edo ukatzea.
- Prestakuntza, ikastaroak, besteak beste ukatzea.
- Ebaluazio negatiboa edo lanaren emaitzei buruzko erreferentziak.
- Etenetea, kaleratzea, kaleratzea edo neurri baliokideak.
- Diziplina-neurriak, errieta edo bestelako zehapenak ezartzea, atseden edo oporraldien murrizketak barne.
- Beldurra, jazarpena, diskriminazioa edo tratu desegokia.
- Kalte fisikoa, morala edo ospea, sare sozialetan barne.
- Informazioa anonimoki zabaltzea, kexa-egilea lan-ingurunean etsaiak jasango dituen identifikatzea.
- Difamazio-prozesua lan-ingurunetik kanpo.
- Kexa-egilearen eta Erakundearen artean konfidentzialtasun klausula dagoela salatzea, kexa-egilea ez betetzeagatik zigortzeko.
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBJET
Le but de cette procédure est de réglementer la réception, le traitement, l'enquête et la résolution des plaintes concernant des allégations d'irrégularités ou de non-conformités commises par des employés, agents commerciaux, administrateurs ou partenaires commerciaux, pouvant survenir dans l'exercice de l'activité commerciale. de , situations à risque dues à des expositions dérivées des interconnexions avec l'Administration Publique et d'autres organisations publiques internationales.
Le canal des plaintes de EBF CONSULTING, S.L. est accessible via le site Web de l'entreprise https://www.ebfconsulting.com/ faciliter son utilisation aux salariés, agents commerciaux, managers, partenaires commerciaux et toute personne intéressée.
L'objectif du Whistleblowing Channel est de canaliser et de faciliter la formulation sûre de toute communication concernant des soupçons de conduite irrégulière, de mauvaises pratiques commerciales et toute violation des obligations du Code d'éthique ou de conduite, en promouvant un environnement de conformité basé sur sur les principes et les valeurs de
En outre, la procédure vise à garantir que tout au long du processus, la protection de la vie privée des personnes impliquées et la confidentialité des données contenues dans la plainte soient effectivement garanties, et la plainte peut être déposée de manière anonyme si le plaignant le considère. ça. .
2. CHAMP D'APPLICATION
Cette procédure est applicable à tous les salariés, agents commerciaux, dirigeants, Comité de Direction et Conseil d'Administration de EBF CONSULTING, S.L.
3. ASPECTS CLÉS ASSOCIÉS AU CANAL DES PLAINTES
3.1 DEVOIR DE COMMUNICATION
Toute personne ayant une connaissance fondée de tout type d'acte ou de fait qui pourrait contrevenir aux principes et valeurs du Code d'éthique ou de conduite ou impliquer un acte illégal ou contraire à la réglementation en vigueur, doit en informer EBF CONSULTING, S.L., via le canal établi URL CHANNEL
3.2 FAITS À SIGNALER
Le canal de dénonciation doit être compris comme un instrument permettant de communiquer des irrégularités ou des non-conformités. Par conséquent, il ne doit pas être utilisé sans discernement, mais aux fins pour lesquelles il a été destiné.
Les événements à signaler doivent être axés sur des comportements, des non-conformités ou des irrégularités susceptibles d'aller à l'encontre des principes et des valeurs du Code d'éthique et de conduite, ou de constituer un acte illégal ou contraire à la réglementation applicable.
En ce sens, , au sein de la direction du Canal de Dénonciation, a pleinement identifié les principes et les valeurs qui constituent la culture organisationnelle qui depuis EBF CONSULTING, S.L. nous voulons le promouvoir au sein de l'Organisation.
3.3 DROITS DU DÉnonciateur CONCERNANT LES COMMUNICATIONS FAITES VIA LE CANAL DE PLAINTE
Dans le cycle de vie de la réclamation, garantira au plaignant les droits suivants :
Les informateurs se verront garantir l'exercice effectif des droits suivants, sans préjudice de tous autres droits reconnus par la Constitution et les lois :
- a) Présenter des informations de manière anonyme et maintenir l'anonymat pendant la procédure.
- b) Pour indiquer une adresse, une adresse e-mail ou un endroit sûr pour recevoir les communications effectuées par le gestionnaire du système.
- c) Se présenter devant le gestionnaire du système ou le gestionnaire délégué de sa propre initiative.
- d) La renonciation à communiquer avec le Gestionnaire du Système ou le gestionnaire délégué instruisant la procédure et, le cas échéant, la révocation de ladite renonciation à tout moment.
- e) Pour préserver votre identité.
- f) À la protection de vos données personnelles.
- g) Connaître l'identité du responsable délégué qui instruit la procédure.
- h) À la confidentialité des communications.
- i) Aux mesures de protection et de soutien dans les termes prévus par la loi 2/2023.
- j) Déposer une réclamation auprès de l'Autorité indépendante de protection des lanceurs d'alerte.
3.4 DROITS DU REPORTANT CONCERNANT LES COMMUNICATIONS FAITES DANS LE CANAL DE SIGNALEMENT
Dans le cycle de vie de la réclamation, garantira à l'accusé les droits suivants :
- a) Dret a la protecció en el transcurs de la investigació EBF CONSULTING, S.L. proporcionarà al denunciat la completa garantia dels seus drets com qualsevol empleat, i no seran aplicables mesures sancionadores, o legals si és el cas, fins que es comproveu la veracitat dels fets denunciats, es demanin les evidències respectives, i es conclogui la concurrència d'un fet delictiu o contrari als principis i valors de la EBF CONSULTING, S.L.
- b) Droit de recevoir des informations L'accusé doit être informé du processus d'enquête en cours afin que, face à l'accusation de ce comportement, il puisse exercer son droit de défense et alléguer tout ce qui lui permet de prouver son innocence.
D'un autre côté, dans les cas où les informations issues du processus d'enquête présentent un risque important dans la capacité d'enquêter efficacement, la communication à l'accusé peut être retardée tant que ledit risque existe. L’objectif est d’éviter la destruction ou l’altération des preuves par l’accusé. - c) Droit à la confidentialité L'accusé, tout au long de l'instruction de la plainte, se verra garantir le droit à la confidentialité de ses données personnelles, afin d'éviter toute diffusion d'informations pouvant nuire à son bien. réputation.
Les informations fournies à l'accusé doivent être fournies dans des termes qui protègent la confidentialité du plaignant, et l'identité du plaignant ne peut être révélée sans son consentement exprès à toute personne qui n'est pas un personnel compétent pour recevoir et gérer l'information. informations, plaintes, avec les exceptions établies par le droit européen ou espagnol dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités ou au cours de procédures judiciaires. - d) Droit à une enquête transparente L'accusé aura droit à une enquête basée sur l'analyse objective des preuves recueillies, garantissant une enquête efficace et transparente.
3.5 IMPOSER DES MESURES DISCIPLINAIRES
Si lors de la résolution de l'enquête, il est prouvé de manière fiable que les faits enquêtés sont vrais et sont liés à une conduite irrégulière ou illicite, l'accusé peut être soumis à des sanctions conformément à la convention collective en vigueur de , la législation du travail et le reste des obligations civiles et commerciales qui incombent au membre du personnel de EBF CONSULTING, S.L., le personnel de direction ou le conseil d'administration.
peut également porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires compétentes s'il l'estime nécessaire.
Dans le cas où le mis en cause est un tiers avec lequel aucune relation de travail n'est entretenue (fournisseur, agent commercial ou partenaire commercial), les sanctions applicables seront limitées au domaine commercial (limitation des actions, résiliation contractuelle unilatérale par EBF CONSULTING, S.L.), sans préjudice de la communication susvisée aux autorités judiciaires compétentes.
3.6 COMMUNICATION DE RAPPORTS FAUX OU DE MAUVAISE FOI
Le canal des réclamations de EBF CONSULTING, S.L. doit être utilisé de manière responsable et appropriée. La communication de faux faits, avec une attitude malveillante et moralement malhonnête, représente une violation de la bonne foi qui doit régir les relations de travail au sein de EBF CONSULTING, S.L. pourra donner lieu à des mesures disciplinaires conformément à la convention collective en vigueur.
Si, après une analyse appropriée, il peut être conclu que les faits rapportés sont manifestement faux et que la plainte a été présentée avec une attitude malveillante et de mauvaise foi : (i) la plainte sera déposée, en documentant les raisons qui ont conduit à ce qu'il soit classé, le dossier, finissant le travail d'enquête ; (ii) ladite circonstance sera signalée afin que des mesures disciplinaires puissent être proposées conformément à la convention collective en vigueur et; (iii) la sanction proposée sera signalée par écrit au Comité de Direction ou, le cas échéant, au Conseil d'Administration, qui décidera des mesures disciplinaires à appliquer au plaignant de mauvaise foi.
4. RESPONSABLE DU SYSTÈME D'INFORMATION INTERNE
Conformément aux dispositions de l'article 8.1 de la loi 2/2023, l'organe administratif ou l'organe directeur de EBF CONSULTING, S.L. désignera une personne physique responsable de la gestion dudit système ou « System Manager ».
Le Responsable du Système exercera ses fonctions de manière indépendante et autonome par rapport au reste des organes de l'entité ou de l'organisation, il ne pourra recevoir d'instructions d'aucune sorte dans son exercice, et aura tous les moyens personnels et matériels nécessaires à leur réalisation.
5. PROCÉDURE D'ENQUÊTE DU CANAL DE PLAINTE
5.1 Formes de présentation des informations.
La personne signalant peut présenter la plainte, de manière anonyme ou non, par les moyens suivants :
- a) En ligne. En accédant au canal de réclamation interne de EBF CONSULTING, S.L.
- b) Par courrier postal. Envoi de la réclamation et, le cas échéant, de la documentation fournie, à l'adresse suivante : Att : Responsable du système d'information interne. ADRESSE DE
- c) En personne. Demander une réunion en personne via le canal de réclamation interne
- d) Messagerie verbale et/ou vocale. Adressage du numéro de téléphone : . Si vous ne pouvez pas répondre à l'appel pour le moment, vous serez contacté dans les plus brefs délais.
La réunion se tiendra dans un endroit où la confidentialité peut être garantie.
Lors de la soumission des informations, la personne déclarante peut indiquer une adresse, un e-mail ou un lieu sûr afin de recevoir les notifications, et peut également renoncer expressément à recevoir toute communication des actions menées à la suite de l'information./
Les communications verbales, qu'elles soient effectuées via un système de messagerie vocale ou lors d'une réunion en personne, doivent être documentées par un enregistrement dans un format sécurisé, durable et accessible, ou par une transcription complète et précise de la conversation faite par le personnel. chargé de le traiter, avec l’accord préalable du déclarant. Le plaignant sera informé de ses droits conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles. Sans préjudice des droits qui leur correspondent conformément à la réglementation sur la protection des données, l'informateur se verra offrir la possibilité de vérifier, rectifier et accepter la transcription du message en signant.
5.2 Accusé de réception
Une fois l'information reçue, dans un délai n'excédant pas sept jours calendaires à compter de cette réception, il en sera accusé réception, à moins que le responsable du canal d'information interne estime que cela peut mettre en péril la confidentialité de la communication.
5.3 Enregistrement des communications
Une fois les informations présentées, elles seront enregistrées dans le système d'information interne, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi 2/2023 du 20 février.
5.4 Procédure d'admission
Une fois l'information enregistrée, le responsable du canal d'information interne doit vérifier si elle expose des faits ou des comportements qui entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi 2/2023 du 20 février ("champ d'application de la chaîne").
Une fois cette analyse préliminaire effectuée, le responsable du canal d'information interne décidera, dans un délai qui ne pourra excéder dix jours ouvrés à compter de la communication :
- a) Refuser la communication dans l'un des cas suivants :
1er. Quand les faits rapportés manquent de toute plausibilité.
2ème. Lorsque les événements rapportés ne constituent pas une violation du système juridique inclus dans le champ d'application de la chaîne.
3ème. Lorsque la communication est manifestement infondée ou qu'il existe, de l'avis du responsable du canal d'information interne, des indications rationnelles selon lesquelles elle a été obtenue grâce à la commission d'un délit. Dans ce dernier cas, outre l'irrecevabilité, une liste détaillée des faits considérés comme constitutifs d'un délit sera adressée au ministère public.
4ème. Lorsque la communication ne contient pas d'informations nouvelles et significatives sur les infractions par rapport à une communication précédente pour laquelle les procédures correspondantes ont été conclues, à moins que de nouvelles circonstances factuelles ou juridiques ne justifient un suivi différent. Dans ces cas, le responsable du canal d’information interne notifiera la décision motivée.
L'interdiction de territoire sera communiquée au dénonciateur dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, à moins que la communication ne soit anonyme ou que le dénonciateur ait renoncé à recevoir des communications. - b) Admettre la communication au traitement.
L'admission au traitement sera communiquée au déclarant dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, à moins que la communication ne soit anonyme ou que le déclarant ait renoncé à recevoir des communications. - c) Transmettre immédiatement l'information au Parquet lorsque les faits pourraient indirectement constituer un délit ou au Parquet européen dans le cas où les faits affectent les intérêts financiers de l'Union européenne.
- d) Envoyer la communication à l'autorité, à l'entité ou à l'organisme considéré comme compétent pour son traitement.
6. INSTRUCTIONS
6.1. Actions pendant la phase d'instruction.
L'instruction comprendra toutes les actions visant à vérifier la vraisemblance des événements rapportés.
La personne responsable du système peut maintenir la communication avec le déclarant et demander des informations complémentaires, à moins que le déclarant n'ait renoncé à recevoir des communications une fois le signalement effectué.
Les dispositions sur la protection des données personnelles seront respectées. L'information sera transmise immédiatement au ministère public lorsque les faits pourraient indirectement constituer un délit. Dans le cas où les faits affecteraient les intérêts financiers de l'Union européenne, le Parquet européen sera saisi.
La protection sera garantie à tout moment aux personnes qui signalent des irrégularités contre d'éventuels dommages découlant de la communication de l'information. La protection implique de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu'un préjudice ne se produise ou pour contenir un préjudice déjà identifié ou pour prévenir d'autres dommages.
Une fois la communication admise au traitement, la personne concernée doit être informée par écrit :
- a) Des actions ou omissions qui lui sont imputées. Cependant, en aucun cas l'identité de la personne déclarante ne sera communiquée aux sujets concernés ni l'accès à la communication ne sera donné.
- b) De votre droit à la présomption d'innocence.
- c) Leur droit à la protection de l'honneur, à travers la préservation de leur identité et la garantie de la confidentialité des faits et des données de la procédure.
- d) Votre droit d'être entendu et de présenter des allégations écrites à tout moment pendant la procédure.
- e) Le traitement de vos données personnelles.
Ces informations auront lieu au moment et de la manière jugés appropriés pour garantir la réussite de l'enquête.
L'instruction peut comprendre un entretien avec la personne concernée au cours duquel, toujours dans le respect absolu de la présomption d'innocence, elle sera invitée à présenter sa version des événements et à fournir la documentation qu'elle juge appropriée et pertinente.
La personne concernée aura accès au dossier sans révéler d'informations permettant d'identifier le déclarant et pourra être entendue à tout moment.
6.2. Obligation de collaborer
Toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, doivent collaborer avec le responsable du système d'information interne dans l'exercice de leurs fonctions.
7 FIN DES PERFORMANCES
Le délai maximum pour répondre aux actes d'enquête ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la communication ou, si un accusé de réception n'a pas été adressé au déclarant, trois mois à compter de la date de réception. de sept jours calendaires après la communication.
Toutefois, dans les cas d'une complexité particulière qui l'exigent, le délai de réponse aux actions d'enquête peut être prolongé jusqu'à un maximum de trois mois supplémentaires.
Une fois toutes les actions réalisées, la personne responsable du canal d'information interne émettra un rapport qui contiendra au moins :
- a) La présentation des faits rapportés ainsi que les informations d'enregistrement de la communication.
- b) Les actions menées afin de vérifier la plausibilité des faits.
- c) Les conclusions tirées de l'enquête et de l'évaluation des faits et des preuves qui les étayent.
8. CONFLIT D'INTÉRÊTS
La présentation d'une plainte qui affecte directement les personnes pouvant participer activement à sa gestion et à son enquête et, le cas échéant, du Comité de Direction, sera automatiquement exclue tout au long du processus d'enquête et d'analyse jusqu'à sa résolution, afin d'éviter tout type de plainte. de conflit d'intérêts et d'incompatibilité, et garantir ainsi l'objectivité et l'indépendance des actions menées.
ANNEXE I : LISTE DES ACTIONS CONSIDÉRÉES COMME DES REPRÉSALATIONS
L'interdiction des représailles est un droit dont dispose le plaignant, garantissant sa protection tout au long du cycle de vie de la plainte. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des actions qui peuvent être considérées comme des représailles :
- Changement d'emploi, changement de lieu de travail, réduction de salaire.
- Rétrogradation ou refus de promotions.
- Refus de formation, de cours, entre autres.
- Évaluation négative ou références sur les résultats du travail.
- Suspension, licenciement, licenciement ou mesures équivalentes.
- Imposition de mesures disciplinaires, de réprimandes ou d'autres sanctions, y compris des réductions des périodes de repos ou de vacances.
- Intimidation, harcèlement, discrimination ou traitement défavorable.
- Dommages physiques, moraux ou à la réputation, y compris sur les réseaux sociaux.
- Divulgation anonyme d'informations identifiant le plaignant comme étant victime d'hostilités dans son environnement de travail.
- Processus de diffamation en dehors de l'environnement de travail.
- Alléguer l'existence de la clause de confidentialité entre le plaignant et l'Organisation, pour sanctionner le plaignant en cas de non-respect.
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBXECTO
O presente procedemento ten por obxecto regular a recepción, tratamento, investigación e resolución das reclamacións sobre presuntas irregularidades ou incumprimentos cometidos por empregados, axentes comerciais, directivos ou socios comerciais, que poidan xurdir no exercicio da actividade empresarial. de , situacións de risco por exposicións derivadas de interconexións coa Administración pública e outros organismos públicos internacionais.
A canle de queixas de EBF CONSULTING, S.L. é accesible a través do sitio web corporativo https://www.ebfconsulting.com/ facilitando o seu uso a empregados, axentes comerciais, xestores, socios comerciais e calquera parte interesada.
O obxectivo do Whistleblowing Channel é canalizar e facilitar a formulación segura de calquera comunicación relativa a sospeitas de conduta irregular, malas prácticas comerciais e calquera infracción das obrigas do Código Ético ou de Conduta, promovendo un ambiente de conformidade baseado. sobre os principios e valores de
Ademais, o procedemento busca garantir que durante todo o proceso se garanta de forma efectiva a protección da intimidade das persoas implicadas e a confidencialidade dos datos que contén a denuncia, podendo realizarse de forma anónima se o denunciante así o considera. iso...
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedemento é aplicable a todos os empregados, axentes comerciais, xestores, Comité de Dirección e Consello de Administración de EBF CONSULTING, S.L.
3. ASPECTOS CLAVE ASOCIADOS COA CANLE DE QUEIXAS
3.1 DEBER DE COMUNICACIÓN
Quen teña coñecemento fundado de calquera tipo de acto ou feito que poida contravir os principios e valores do Código Ético ou de Conduta ou supoña un acto ilícito ou contrario á normativa vixente, deberá comunicalo EBF CONSULTING, S.L., a través da canle establecida URL CHANNEL
3.2 DATOS INFORMADOS
O Canal de denuncias debe entenderse como un instrumento que permite a comunicación de irregularidades ou incumprimentos. Polo tanto, non se debe empregar indistintamente, senón para os fins para os que foi destinado.
Os feitos denunciables deben estar enfocados a condutas, incumprimentos ou irregularidades que poidan ir en contra dos principios e valores do Código Ético e de Conduta, ou constituír un acto ilícito ou contrario á normativa aplicable.
Neste sentido, , dentro da dirección da Canle de Denuncias, identificou plenamente os principios e valores que constitúen a cultura organizativa que desde EBF CONSULTING, S.L. queremos promocionalo dentro da Organización.
3.3 DEREITOS DO DENUNCANTE SOBRE AS COMUNICACIÓNS REALIZADAS A TRAVÉS DA CANLE DE QUEIXAS
No ciclo de vida da reclamación, garantirá ao denunciante os seguintes dereitos:
Garantirase aos informantes o exercicio efectivo dos seguintes dereitos, sen prexuízo dos outros recoñecidos pola Constitución e as leis:
- a) Presentar información de forma anónima e manter o anonimato durante o procedemento.
- b) Para indicar un enderezo, correo electrónico ou lugar seguro para recibir comunicacións realizadas polo xestor do sistema.
- c) Para comparecer ante o xestor do sistema ou o xestor delegado por iniciativa propia.
- d) A renuncia a comunicarse co Responsable do Sistema ou co responsable delegado que instrúa o procedemento e, se é o caso, a revogación da devandita renuncia en calquera momento.
- e) Para preservar a súa identidade.
- f) Á protección dos seus datos persoais.
- g) Coñecer a identidade do xestor delegado que instrúe o procedemento.
- h) Á confidencialidade das comunicacións.
- i) Ás medidas de protección e apoio nos termos previstos na Lei 2/2023.
- j) Presentar unha reclamación ante a Autoridade Independente de Protección de Denunciantes.
3.4 DEREITOS DO REPORTANTE SOBRE AS COMUNICACIÓNS REALIZADAS NA CANLE DE INFORMES
No ciclo de vida da reclamación, garantirá ao acusado os seguintes dereitos:
- a) Dereito á protección durante o curso da investigación EBF CONSULTING, S.L. dotará ao imputado da total garantía dos seus dereitos como calquera traballador, sen que, se é o caso, non lle sexan de aplicación medidas sancionadoras ou legais, mentres non se comprobe a veracidade dos feitos denunciados, se recollan as probas respectivas e se realice a investigación. conclúese. ocorrencia dun acto criminal ou contrario aos principios e valores do EBF CONSULTING, S.L.
- b) Dereito a recibir información O imputado debe ser informado do proceso de investigación que se está a realizar para que, ante a acusación da devandita conduta, poida exercer o seu dereito de defensa e alegar todo o que lle permita demostrar a súa inocencia.
Por outra banda, naqueles casos nos que a información procedente do proceso de investigación supoña un risco importante para a capacidade de investigar de forma eficaz, a comunicación ao acusado poderá demorarse mentres exista ese risco. O obxectivo é evitar a destrución ou alteración das probas por parte do acusado. - c) Dereito á confidencialidade O imputado, durante toda a instrución da denuncia, terá garantido o dereito á confidencialidade dos seus datos persoais, co fin de evitar calquera difusión de información que poida afectar ao seu ben. reputación.
A información facilitada ao acusado debe realizarse en termos que protexan a confidencialidade do denunciante, e non se pode revelar a identidade do denunciante sen o seu consentimento expreso a ningunha persoa que non sexa persoal competente para recibir e xestionar o información. reclamacións, coas excepcións establecidas pola lexislación comunitaria ou española no marco de investigacións realizadas polas autoridades ou no curso de procedementos xudiciais. - d) Dereito a unha investigación transparente O acusado terá dereito a unha investigación baseada na análise obxectiva das probas recollidas, garantindo unha investigación eficaz e transparente.
3.5 IMPONER MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Se na resolución da investigación se acredita fidedignamente que os feitos investigados son certos e están vinculados a condutas irregulares ou ilícitas, o imputado poderá ser obxecto de sancións de acordo co vixente Convenio Colectivo de , lexislación laboral e o resto de obrigas civís e mercantís que o persoal de EBF CONSULTING, S.L., persoal directivo ou da Xunta Directiva.
tamén poderá poñer os feitos en coñecemento das autoridades xudiciais competentes se o considera necesario.
No caso de que o imputado sexa un terceiro co que non se manteña relación laboral (provedor, axente comercial ou socio comercial), as sancións aplicables limitaranse ao ámbito comercial (limitación de accións, resolución unilateral do contrato por EBF CONSULTING, S.L.), sen prexuízo da citada comunicación ás autoridades xudiciais competentes.
3.6 COMUNICACIÓN DE INFORMES DE FALSA OU DE MALA FE
A canle de reclamacións de EBF CONSULTING, S.L. debe utilizarse de forma responsable e adecuada. A comunicación de feitos falsos, cunha actitude maliciosa e moralmente deshonesta, supón unha vulneración da boa fe que debe rexer as relacións laborais dentro de EBF CONSULTING, S.L. poderá dar lugar a medidas disciplinarias de acordo co vixente Convenio Colectivo.
Se, tras a oportuna análise, se puidese concluír que os feitos denunciados son manifestamente falsos e que a denuncia foi presentada con actitude dolosa e de mala fe: (i) interpoñerase a denuncia, acreditando documentalmente os motivos que motivaron ao arquivo do expediente, rematando o traballo de investigación; (ii) darase conta da dita circunstancia para que se propoñan medidas disciplinarias de acordo co vixente Convenio Colectivo e; (iii) da sanción proposta darase conta por escrito á Comisión Xestora ou, se é o caso, ao Consello de Administración, quen resolverá a sanción disciplinaria a aplicar ao denunciante de mala fe.
4. XEFE DO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA
Segundo o disposto no artigo 8.1 da Lei 2/2023, o órgano de administración ou órgano de goberno de EBF CONSULTING, S.L. designará unha persoa física responsable da xestión do dito sistema ou "Xestor do Sistema".
O Xefe do Sistema exercerá as súas funcións con independencia e autonomía respecto do resto dos órganos da entidade ou organización, non poderá recibir instrucións de ningún tipo no seu exercicio, e disporá de todas as medios persoais e materiais necesarios para levalos a cabo..
5. PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CANAL DE QUEIXAS
5.1 Formas de presentación da información.
O denunciante pode presentar a queixa, de forma anónima ou non, a través dos seguintes medios:
- a) En liña. Ao acceder á canle interna de reclamacións de EBF CONSULTING, S.L.
- b) Por correo postal. Envío da reclamación e, se é o caso, da documentación achegada, ao seguinte enderezo: Att: Responsable do sistema de información interno. ENDEREZO DE
- c) En persoa. Solicitar unha reunión presencial a través da canle interna de reclamacións
- d) Mensaxería verbal e/ou de voz. Enderezando o número de teléfono: . Se non pode responder á chamada neste momento, porase en contacto con vostede o antes posible.
A reunión celebrarase nun lugar onde se poida garantir a confidencialidade.
Ao enviar a información, a persoa denunciante poderá indicar un enderezo, correo electrónico ou lugar seguro para recibir as notificacións, podendo tamén renunciar expresamente a recibir calquera comunicación das actuacións realizadas como consecuencia da información./
As comunicacións verbais, xa sexan realizadas a través dun sistema de mensaxería de voz ou a través dunha reunión presencial, deben documentarse mediante unha gravación nun formato seguro, duradeiro e accesible, ou mediante unha transcrición completa e precisa da conversa realizada polo persoal. responsable do seu tratamento, previo consentimento da persoa denunciante. O denunciante será informado dos seus dereitos de acordo coa normativa de protección de datos persoais. Sen prexuízo dos dereitos que lles corresponden segundo a normativa de protección de datos, ofreceráselle ao informante a posibilidade de verificar, rectificar e aceptar a transcrición da mensaxe mediante a sinatura.
5.2 Acuse de recibo
Unha vez recibida a información, nun prazo non superior a sete días naturais contados desde a dita recepción, darase un xustificante de recepción, salvo que o responsable da canle interna de información considere que isto pode poñer en perigo a confidencialidade da comunicación.
5.3 Rexistro de comunicación
Unha vez presentada a información, procederase á súa inscrición no sistema de información interno, de conformidade co disposto no artigo 26 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro.
5.4 Procedemento de admisión
Unha vez rexistrada a información, o responsable da canle de información interna deberá comprobar se expón feitos ou condutas dentro do ámbito de aplicación do artigo 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro ("ámbito de aplicación do a canle").
Unha vez realizada esta análise preliminar, o responsable da canle de información interna decidirá, nun prazo que non poderá exceder de dez días hábiles desde a comunicación:
- a) Rechazar a comunicación, nalgún dos seguintes casos:
1o. Cando os feitos denunciados carecen de toda verosibilidade.
2o. Cando os feitos denunciados non supoñan unha vulneración do ordenamento xurídico incluído no ámbito de aplicación da canle.
3o. Cando a comunicación sexa manifestamente infundada ou existan, a xuízo do responsable da canle interna de información, indicios racionais de ter sido obtidos pola comisión dun delito. Neste último caso, ademais da inadmisión, remitirase ao Ministerio Fiscal unha relación detallada dos feitos que se consideran constitutivos de delito.
4o. Cando a comunicación non conteña información nova e significativa sobre infraccións con respecto a unha comunicación anterior respecto da cal se concluíron os procedementos correspondentes, salvo que se dean novas circunstancias de feito ou xurídicas que xustifiquen un seguimento diferente. Nestes casos, o responsable da canle de información interna notificará a resolución motivada.
A inadmisión será comunicada ao informante no prazo de cinco días hábiles seguintes á resolución, salvo que a comunicación fose anónima ou o informante renunciase a recibir comunicacións. - b) Admitir a trámite a comunicación.
A admisión a trámite comunicarase ao informante dentro dos cinco días hábiles seguintes á resolución, salvo que a comunicación fose anónima ou o denunciante renunciase a recibir comunicacións. - c) Remitir inmediatamente a información ao Ministerio Fiscal cando os feitos indirectamente poidan ser constitutivos de delito ou á Fiscalía Europea no caso de que os feitos afecten aos intereses financeiros da Unión Europea.
- d) Remitir a comunicación á autoridade, entidade ou órgano que se considere competente para a súa tramitación.
6. INSTRUCIÓN
6.1. Actuacións durante a fase de instrución.
A instrución incluirá todas aquelas accións dirixidas a verificar a verosimilitud dos feitos denunciados.
A persoa responsable do Sistema poderá manter comunicación coa persoa informante e solicitar información adicional, salvo que a persoa informante renuncie a recibir comunicacións unha vez realizada a denuncia.
Respectaranse as disposicións sobre protección de datos persoais. A información remitirase inmediatamente ao Ministerio Fiscal cando os feitos indirectamente poidan ser constitutivos de delito. No caso de que os feitos afecten aos intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.
Garantirase en todo momento a protección ás persoas que denuncien irregularidades fronte a posibles danos derivados da comunicación da información. A protección implica adoptar todas as medidas razoables para evitar que se produzan danos ou para conter os danos xa identificados ou para evitar outros danos.
Unha vez admitida a trámite a comunicación, deberá comunicarse por escrito á persoa afectada:
- a) Das accións ou omisións que se lle atribúan. Non obstante, en ningún caso se lles comunicará aos suxeitos afectados a identidade da persoa denunciante nin se dará acceso á comunicación.
- b) Do teu dereito á presunción de inocencia.
- c) O seu dereito á protección da honra, mediante a preservación da súa identidade e a garantía da confidencialidade dos feitos e datos do procedemento.
- d) O seu dereito a ser oído e a presentar alegacións por escrito en calquera momento do procedemento.
- e) O tratamento dos seus datos persoais.
A devandita información realizarase no tempo e na forma que se considere oportuno para garantir o éxito da investigación.
A instrución poderá incluír unha entrevista coa persoa afectada na que, sempre con absoluto respecto á presunción de inocencia, se invitará a que expoña a súa versión dos feitos e achegue a documentación que considere oportuna e pertinente.
A persoa afectada terá acceso ao ficheiro sen revelar información que poida identificar á persoa denunciante e poderá ser escoitada en calquera momento.
6.2. Obriga de colaborar
Todas as persoas físicas ou xurídicas, privadas ou públicas, deberán colaborar co responsable do sistema de información interno no cumprimento das súas funcións.
7 FINALIDADE DAS ACTUACIÓNS
O prazo máximo para responder ás actuacións de investigación non poderá exceder de tres meses desde a recepción da comunicación ou, se non se enviou acuse de recibo á persoa denunciante, de tres meses desde a data de recepción da comunicación. de sete días naturais despois de efectuada a comunicación.
Non obstante, nos casos de especial complexidade que o requiran, o prazo para responder ás actuacións de investigación poderá ampliarse ata un máximo de outros tres meses adicionais.
Unha vez rematadas todas as actuacións, o responsable da canle de información interna emitirá un informe que conterá, como mínimo:
- a) A presentación dos feitos denunciados xunto cos datos rexistrais da comunicación.
- b) As actuacións realizadas para comprobar a verosimilitud dos feitos.
- c) As conclusións alcanzadas na investigación e valoración dos feitos e as probas que os sustenten.
8. CONFLICTO DE INTERESES
A presentación dunha denuncia que afecte directamente ás persoas que poidan participar activamente na súa xestión e investigación e, se é o caso, da Comisión Xestora, quedará automaticamente excluída durante todo o proceso de investigación e análise ata a súa resolución, co fin de evitar calquera tipo de reclamación. de conflito de intereses e incompatibilidades, e garantir así a obxectividade e independencia das actuacións realizadas.
ANEXO I: LISTA DE ACCIÓNS CONSIDERADAS COMO REPRESALIA
A prohibición de represalias é un dereito que ten o denunciante, que garante a súa protección durante todo o ciclo de vida da denuncia. A continuación móstranse algunhas das accións que poden considerarse represalias:
- Cambio de posto de traballo, cambio de lugar de traballo, redución salarial.
- Descenso ou denegación de promocións.
- Denegación de formación, cursos, entre outros.
- Avaliación negativa ou referencias sobre os resultados do traballo.
- Suspensión, despedimento, despedimento ou medidas equivalentes.
- Imposición de medidas disciplinarias, amoestacións ou outras sancións, incluídas as reducións dos períodos de descanso ou vacacións.
- Intimidación, acoso, discriminación ou trato desfavorable.
- Danos físicos, morais ou reputacionais, incluso nas redes sociais.
- Divulgación anónima de información, identificando o denunciante para sufrir hostilidades no ambiente de traballo.
- Proceso de difamación fóra do ámbito laboral.
- Alegar a existencia da cláusula de confidencialidade entre o denunciante e a Organización, para sancionar o denunciante polo incumprimento.
Procedimiento de gestión del Canal de Denuncias
1. OBJECT
Het doel van deze procedure is de regelmatige ontvangst, verwerking, onderzoek en oplossing van klachten met betrekking tot onregelmatigheden of lasten door empleados, handelsagenten, directivos of socios de negocios, die zich kunnen voordoen tijdens de ejercicio de la actividad empresarial de EBF CONSULTING, S.L., situaties waarbij sprake is van blootstelling die voortvloeit uit de verbindingen met het openbaar bestuur en andere internationale publieke organisaties.
Het rapportagekanaal van EBF CONSULTING, S.L. is toegankelijk via het bedrijfsweb https://www.ebfconsulting.com/ ons gebruik vergemakkelijken door werknemers, handelsagenten, directeuren, onderhandelingspartners en iedereen die geïnteresseerd is.
Het doel van het klokkenluiderskanaal is het kanaliseren en faciliteren van de veilige formulering van elke communicatie die wordt vermoed van onregelmatig gedrag, slechte handelspraktijken en elke schending van de verplichtingen van de Gedragscode of Gedragscode, wat resulteert in een basis van strafrechtelijke aansprakelijkheid. principes en waarden van EBF CONSULTING, S.L.
Ook vereist de procedure ervoor te zorgen dat gedurende het hele proces gegarandeerd wordt dat de privacy van de betrokken personen en de vertrouwelijkheid van de gegevens in de aanklacht effectief worden beschermd, en kan de aanklacht van een anoniem formulier worden gerealiseerd als dit als de aanklager .
2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze procedure is van toepassing op alle werknemers, handelsagenten, bestuurders, directiecomité en administratieve raad van EBF CONSULTING, S.L.
3. CLAVE-ASPECTEN ASOCIADOS AL CANAL DE DENUNCIAS
3.1 COMUNICACIÓN DEBER
Om te doen wat u weet over het financieren van enige vorm van handeling of hecho die in strijd kan zijn met de principes en waarden van de Ethische Code of Gedragscode of die een illegale handeling kan veronderstellen of die in strijd is met de huidige norm, moet u communiceren met EBF CONSULTING, S.L., via de kanaal-URL CHANNEL
3.2 VERKEERBARE HECHOS
Het Kanaal van Denuncias moet worden gehoord als een instrument dat de communicatie van onregelmatigheden of incumplimientos mogelijk maakt. Daarom mag u geen enkele willekeurige behandeling hanteren, behalve de boetes die zijn ontworpen.
De aanklacht die wordt ingediend bij gedragsregels, onrechtmatige of onrechtmatige daden die in strijd zijn met de principes en waarden van Etico en Conducta, is een onrechtmatige daad of in strijd met de toepasselijke norm.
Daartoe , binnen het management van Denuncias Channel, identificeert volledig de principes en waarden die de organisatiecultuur vormen van EBF CONSULTING, S.L. wil aanmoedigen in de richting van de Organisatie.
3.3 DERECHOS DEL DENUNCIANTE SOBRE COMUNICACIONES EFFECTUADAS VIA HET CANAL DE DENUNCIAS
In de levenscyclus van de klacht, EBF CONSULTING, S.L. garandeert dat u op de hoogte wordt gesteld van de volgende incidenten:
De informanten zijn verzekerd van de effectieve ejercicio van de volgende derechos, zonder perjuicio van degenen die anders dan de erkenning van de Grondwet en de ogen:
- a) Om anonieme informatie te presenteren, wordt de anonimiteit tijdens het proces gehandhaafd.
- b) Om een woonplaats, elektronische verbinding of beveiligde verbinding aan te geven voor het ontvangen van communicatie van de Systeembeheerder.
- c) Vergelijk vóór de systeembeheerder of de door de eigenaar gedelegeerde manager.
- d) Bij het afzien van de communicatie met de Systeembeheerder of de manager die is gedelegeerd om de procedure te instrueren en, in dit geval, bij het op elk moment intrekken van deze afstand.
- e) Ter bescherming van uw identiteit.
- f) Om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- g) De identiteit kennen van de gedelegeerd manager die de procedure heeft geïnstrueerd.
- h) Op de vertrouwelijkheid van communicatie.
- i) De beschermings- en reddingsmedicijnen zijn voorafgegaan aan de Ley 2/2023.
- j) Om een claim in te dienen bij de Independent Protection of Information Authority.
3.4 DERECHOS DEL DENUNCIADO SOBRE COMUNICACIONES EFFECTUADAS EN EL CANAL DENUNCIA
In de levenscyclus van de klacht, EBF CONSULTING, S.L. informeert u gegarandeerd over de volgende details:
- a) De beveiliging verwijderen tijdens het onderzoek EBF CONSULTING, S.L. zal de volledige garantie bieden voor de aanklachten zoals de werknemers, zonder de wettelijke sancties in dit geval toe te passen, totdat de waarheid van de aanklachten is bevestigd, het respectieve bewijsmateriaal is verzameld en het bewijsmateriaal daarin is afgerond. strafbaar feit of in strijd met de principes en waarden van de EBF CONSULTING, S.L.
- b) als u onschuld toestaat.
Om andere redenen, in sommige gevallen waarin de informatie van het onderzoeksproces een belangrijk risico met zich meebrengt in het vermogen om effectief onderzoek te doen, kan de mededeling aan de aanklager worden teruggehaald, maar er bestaat zoiets. Het doel is om de vernietiging of wijziging van bewijsmateriaal als gevolg van de aanklacht te voorkomen. - c) Derecho vertrouwelijk De aanklacht, tijdens het gehele onderzoek van de aanklacht, is gegarandeerd en de derecho vertrouwelijk van onze persoonlijke gegevens, met als doel elke verspreiding van informatie te vermijden waarmee u uw eerbaarheid.
De door de aangeklaagde persoon verstrekte informatie moet op een of andere manier worden uitgevoerd die de vertrouwelijkheid van de aanklager beschermt. We kunnen de identiteit van de aanklager niet onthullen zonder uitdrukkelijke toestemming te geven aan een persoon die we kunnen ontvangen en beheren Aan de kaak gesteld, met de uitzonderingen die het onderzoek van de UE in het Spaans in de onderzoekscontext kunnen instellen met behulp van volmachten of een transcurso van gerechtelijke processen. - d) Een transparant onderzoek ontvangen De aanklacht wordt meestal onderworpen aan een onderzoek op basis van de objectieve analyse van het teruggevonden bewijsmateriaal, waardoor een effectief en transparant onderzoek wordt gegarandeerd.
3.5 IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Als uit de uitkomst van het onderzoek duidelijk blijkt dat de onderzochten zich schuldig hebben gemaakt aan onregelmatig of onrechtmatig gedrag, kan de aanklacht afhankelijk worden gesteld van de naleving van de Collectieve Overeenkomst Vigente de , de arbeidswetgeving en de rest van burgerlijke en commerciële verplichtingen die in strijd zijn met het lid van de fabriek van EBF CONSULTING, S.L., persoonlijke leiding van de Raad van Bestuur.
EBF CONSULTING, S.L. u kunt ook op de hoogte worden gebracht van de relevante gerechtelijke autoriteiten als u dat nodig acht.
Als gevolg van de aanklacht gaat het om een derde partij die geen arbeidsrelatie onderhoudt (proveedor, commerciële of sociaal onderhandelbare agent). De toepasselijke sancties zijn beperkt tot de commerciële reikwijdte (limiet van acties, eenzijdige contractuele ontbinding). por parte de EBF CONSULTING, S.L.), onverminderd de eerder genoemde mededeling aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.
3.6 COMUNICACIÓN DE DENUNCIAS FALSAS OF DE MALA FE
Het rapportagekanaal van EBF CONSULTING, S.L. moet een verantwoordelijk en passend management hanteren. De communicatie van valse personen, met kwaadwillige en moreel oneerlijke activiteiten, impliceert een overtreding van de wet die de zakenrelaties moet beheersen binnen volg alstublieft de richtlijnen voor naleving van de Colectivo Vigent-overeenkomst.
Als de opportunistische analyse wordt uitgevoerd, kan men concluderen dat de aanklacht op een manifest vals is en dat de aanklacht met kwaadaardige daden wordt gepresenteerd en slecht is: (i) de aanklacht archiveren, de motieven documenteren die kunnen worden gearchiveerd het opportuun, het afronden van de onderzoekswerkzaamheden; (ii) dit zal worden weerspiegeld in de omstandigheden die van toepassing zijn op de nalevingsdisciplines van de Colectivo Vigente-overeenkomst en; (iii) u schriftelijk op de hoogte stellen van het sanctievoorstel aan de Raad van Bestuur of, in uw geval, aan de Administratieve Raad, die zal beslissen over de disciplinaire maatregelen die moeten worden genomen tegen de aanklager van een misdrijf.
4. INTERNE INFORMATIESYSTEEMBEHEERDER
Según het dispuesto in artículo 8.1 van Ley 2/2023, de beheersadministratie van het gobierno-beheer van EBF CONSULTING, S.L. wijs een fysieke persoon aan die verantwoordelijk is voor het beheer van uw systeem of “Systeembeheerder”.
De systeembeheerder zal zijn onafhankelijke en onafhankelijke functies beginnen met betrekking tot de rest van de organen van het hele organisme, het zal niet mogelijk zijn om enige vorm van instructie te ontvangen over de werking ervan, en hij zal al het benodigde personeel en materialen die nodig zijn om ze te verzamelen. in Cabo.
5. INVESTERINGSPROCES VAN DENUNCIAS CANAL
5.1 Vormen van presentatie van informatie.
De informant kan de aanklacht anoniem of anoniem presenteren via de volgende media:
- a) Online. Via toegang tot het interne klachtenkanaal van EBF CONSULTING, S.L.
- b) Per post. Stuur de aanklacht en in uw geval de documenten naar de richting: Att: Verantwoordelijk voor het interne informatiesysteem. RICHTING VAN EBF CONSULTING, S.L.
- c) Momenteel. Vraag een persoonlijk gesprek aan via het interne rapportagekanaal
- d) Mondeling en/of gesproken bericht. Direct naar het telefoonnummer: . Als u op dit moment niet op het telefoontje kunt wachten, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
De bijeenkomst wordt gevierd op een locatie waar vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd.
Om de informatie te presenteren, kan de persoon die de informatie verstrekt, een woonplaats, elektronische of beveiligde verbinding aangeven om de meldingen te ontvangen, waarbij hij uitdrukkelijk afziet van de ontvangst van elke communicatie over de acties die naar aanleiding van de informatie naar de kabel zijn ondernomen./
Verbale communicatie wordt uitgevoerd via een voicemailsysteem of via een persoonlijke ontmoeting, opgenomen in een veilig, duurzaam en toegankelijk formaat, of via een volledige en exacte transcriptie van het gesprek, uitgevoerd door het personeel dat verantwoordelijk is voor de transactie, voorafgaande toestemming van de informerende persoon. Informeer uzelf over uw derechos in overeenstemming met de normen voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Als u begrijpt dat de correspondentie voldoet aan de normen voor gegevensbescherming, wordt u de mogelijkheid geboden om het bedrijf van de transcriptie van het bericht te verifiëren, corrigeren en accepteren.
5.2 Beschuldiging van recibo
Het ontvangen van de informatie, op een plaats die niet hoger is dan die van de natuurlijke pagina's van uw ontvangstbewijs, zal doorgaan met het bevestigen van de ontvangst, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiekanaal van mening is dat hij de vertrouwelijkheid van de communicatie kan handhaven.
5.3 Communicatieregister
Presenteer de informatie, ga verder met uw registratie in het interne informatiesysteem, conform de prognose in artikel 26 van Wet 2/2023, vanaf 20 februari.
5.4 Toegangsframe
Registrator van de informatie, de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiekanaal zal moeten bevestigen of er staat wat het is of wat er gebeurt in het kader van de toepassing van artikel 2 van Wet 2/2023 van 20 februari ( “ambito van toepassing van het kanaal”).
Realizado deze voorlopige analyse, de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiekanaal zal beslissen, op een plaats die niet superieur zal zijn aan de dagen van bekwame communicatie:
- a) Communicatie niet toestaan, in andere gevallen:
1e. Wanneer de zaken die hiermee verband houden met al hun waarheidsgetrouwheid kunnen worden afgehandeld.
2e. Als deze items niet zijn opgenomen in de reikwijdte van de toepassing van het kanaal, vormen ze geen schending van de rechtsorde.
3e. Wanneer in de communicatie rekening wordt gehouden met het feit dat het fundament van de jurisdictie van de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiekanaal, bestaat uit de rationele aanwijzingen van het gedrag dat is verkregen door het plegen van een misdrijf. In dit laatste geval zal, naast de niet-ontvankelijkheid, aan het Ministerio Fiscal worden voorgelegd met betrekking tot de omstandigheden van degenen die zichzelf als criminelen beschouwen.
4e. Als de communicatie geen nieuwe en significante informatie bevat over overtredingen in vergelijking met eerdere communicatie met inachtneming van het feit dat de overeenkomstige procedures zijn afgerond, behalve dat er nieuwe omstandigheden zijn van dit of eerdere incident die een aparte volgorde rechtvaardigen. In dit geval zal de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiekanaal de oplossing van deze reden op de hoogte stellen.
De niet-ontvankelijkheid zal aan de informant worden meegedeeld tussen de vijf bevoegde dagen volgend op de beslissing, met dien verstande dat de communicatie anoniem zal zijn of dat de persoon die de informant informeert, afstand zal doen van de ontvangst van de communicatie. - b) Geef toe aan communicatie.
De toegang tot communicatie met informanten over de vijf volgende jaren na de beslissing, op voorwaarde dat de communicatie annima of de informantepersoon zal worden afgezworen om communicatie te ontvangen. - c) Geef de informatie onmiddellijk door aan de minister van Financiën wanneer uw belangen als strafbare feiten worden beschouwd, of aan de Europese Begrotingscommissie in gevallen waarin uw belangen van invloed zijn op de financiële belangen van de Unie van Europa.
- d) Geef de mededeling door aan de autoriteit, de entiteit die zichzelf bevoegd acht voor de overdracht ervan.
6. INSTRUCTIE
6.1. Acties tijdens de instructiefase.
De instructie omvat alle acties die zijn ondernomen om de waarheidsgetrouwheid van de gerelateerde items in gevaar te brengen.
De persoon die verantwoordelijk is voor het systeem kan de communicatie onderhouden met de informerende persoon en aanvullende informatie opvragen, op voorwaarde dat hij of zij heeft geweigerd om communicatie te ontvangen als de klacht is ingediend.
Respecteer de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. U ontvangt de informatie van het Ministerio Fiscal met de bijbehorende karakteristiek onmiddellijk wanneer uw beschuldigingen als strafrechtelijk worden aangemerkt. In het geval dat degenen die getroffen worden door de financiële belangen van de Unie van Europa, worden doorverwezen naar de Fiscalía Europea.
De bescherming wordt te allen tijde gegarandeerd aan personen die op de hoogte zijn van onregelmatigheden die kunnen leiden tot mogelijke meineed als gevolg van de mededeling van de informatie. De bescherming omvat alle redelijke stappen om schade te voorkomen, geïdentificeerde schade te beperken of grote schade te voorkomen.
Als u ermee heeft ingestemd te communiceren, wordt de betrokken persoon schriftelijk op de hoogte gebracht:
- a) Van het handelen of nalaten dat wordt toegeschreven. In ieder geval zult u echter communiceren met degenen die betrokken zijn bij de identiteit van de persoon die u informeert, of u zult toegang hebben tot de communicatie.
- b) Van zijn derecho tot de presunción van onschuld.
- c) Van uw derecho tot de bescherming van uw eer, door het behoud van uw identiteit en de garantie van de vertrouwelijkheid van uw kinderen en de gegevens van de procedure.
- d) Van uw derecho tot waar u de inzendingen op elk moment van de procedure schriftelijk moet indienen.
- e) De verwerking van onze persoonlijke gegevens.
Deze informatie verschijnt doorgaans in de tijd en in de vorm die adequaat wordt geacht om de succesvolle afronding van het onderzoek te garanderen.
De instructie kan een interview met de betrokkene omvatten, waarin hij, altijd met absoluut respect voor de presunción van onschuld, wordt uitgenodigd om de versie van zijn kinderen toe te lichten en de documentatie mee te brengen die hij als adequaat en relevant beschouwt.
De getroffen persoon heeft de neiging toegang te krijgen tot de expeditie zonder informatie vrij te geven die kan worden geïdentificeerd met de informerende persoon, en kan dit op elk moment doen.
6.2. Verplichting om mee te werken
Alle natuurlijke, juridische, particuliere en publieke personen moeten bij het verzamelen van hun functies samenwerken met de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiesysteem.
7 BEËINDIGING VAN NIEUWS
De maximale positie om te reageren op onderzoeksacties mag niet groter zijn dan drie maanden na ontvangst van de communicatie of, als er geen ontvangstbevestiging wordt gegeven aan de persoon die de informatie informeert, binnen drie maanden na ontvangst van de communicatie. site voor natuurlijke dagen na het maken van communicatie.
In gevallen van bijzondere complexiteit kan het plazo echter worden verplicht te reageren op onderzoeksacties en kan dit worden verlengd tot maximaal drie extra maanden.
Na alle acties zal de persoon die verantwoordelijk is voor het interne informatiekanaal een bericht sturen met de volgende mededeling:
- a) De uiteenzetting van de gerelateerde verhalen samen met de communicatieregistratie-informatie.
- b) De acties die worden uitgevoerd met als doel de waarheidsgetrouwheid van de objecten in gevaar te brengen.
- c) De conclusies uitgelegd in de instructie en waardering van de resultaten en de indicaties die deze ondersteunen.
8. BELANGENCONFLICT
De presentatie van een aanklacht die rechtstreeks gevolgen heeft voor mensen die actief kunnen deelnemen aan het beheer en onderzoek van het misdrijf en, in geval van verzoek, van het Uitvoerend Comité, wordt automatisch uitgesloten tijdens het gehele onderzoeksproces. het wordt opgelost om elke vorm van belangenconflict en onverenigbaarheid te vermijden, en de objectiviteit en onafhankelijkheid van de uitgevoerde acties te garanderen.
ANEXO I: LISTADO DE ACCIONES CONSIDERADAS COMO REPRESALIAS
Het verbod op represailles is een derecho die de aanklager vasthoudt en zijn bescherming garandeert in alle levenscycli van de aanklager. Vervolg, beschrijf enkele van de acties die als representaties kunnen worden beschouwd:
- Verandering van dienstverband, verandering van functie, salarisverlaging.
- Verslechtering of weigering van liften.
- Verwijder de formaties, cursos, andere andere.
- Evaluatie van negatieve referenties op basis van arbeidsresultaten.
- De schorsing, despido, ontslag of gelijkwaardige medicijnen.
- Opleggen van disciplinaire medicijnen, sancties en andere sancties, inclusief verkorting van vakantie- of vakantieperiodes.
- Intimidatie, pesten, discriminatie of ongunstig gedrag.
- Daños físicos, moraal of reputatie, inclusief en middelmatige sociale.
- Het onthullen van anonieme informatie, het identificeren van de aanklacht zodat deze vatbaar is voor vijandelijkheden in de arbeidsomgeving.
- Procedures wegens smaad wegens arbeidscorruptie.
- Houd er rekening mee dat er een vertrouwelijkheidsclausule bestaat tussen de aanklager en de Organisatie, om de aanklager te straffen met zijn beschuldiging.
Estrategia del sistema interno de información y protección de la persona
INFORMANTE DE EMPRESA
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicada en el BOE número 4, de 21 de febrero, por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, la “Ley” o la “Ley 2/2023”), se articula en torno a la colaboración ciudadana como elemento esencial e imprescindible para garantizar la eficacia del Derecho. Para ello, la Ley incluye como finalidades los dos objetivos principales de la Directiva:
-Otorgar la protección adecuada frente a las represalias a las personas que informen sobre acciones u omisiones que constituyan vulneraciones del ordenamiento jurídico y fortalecer la cultura de la información mediante el establecimiento de un sistema de información que incluye el canal, la persona responsable y el procedimiento de gestión de informaciones, constituyendo las garantías y los aspectos mínimos que ha de satisfacer el sistema, incluido el tratamiento de datos de carácter personal y la publicidad.
La Ley protege a quienes alerten acerca de determinadas categorías de vulneraciones del ordenamiento jurídico tales como a) Infracciones penales (delitos), b) Infracciones administrativas graves o muy graves y c) Infracciones del derecho de la Unión Europeo y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
La presente Estrategia responde a la obligación que establece el artículo 5.2 h) de la Ley de contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de sistemas internos de información y defensa de la persona informante.
1.- SISTEMA DE INFORMACION DE EMPRESA
El sistema interno de EBF CONSULTING, S.L. se articula en torno a tres elementos:
- Canal interno.
- Responsable del Sistema de Información.
- Procedimiento de gestión de informaciones.
2.- PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN
Con el objetivo de que el sistema sea efectivo, EBF CONSULTING, S.L. velará porque cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 2/2023. Entre ellos, cabe destacar:
a) Permitir a todas las personas incluidas en el ámbito personal de aplicación de la Ley comunicar información sobre las infracciones previstas en el ámbito material de esta Estrategia.
b) Garantizar la confidencialidad de la identidad de la persona informante, así como de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
c) Permitir la presentación de la información por escrito, o verbalmente, o de ambos modos.
e) Garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de EBF CONSULTING, S.L..
f) Contar con un Responsable del Sistema, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 2/2023.
h) Contar con una estrategia en materia de Sistema interno de información y defensa de la persona informante.
i) Contar con un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas.
j) Establecer las garantías para la protección de las personas informantes conforme a la Ley 2/2023.
3. ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN
El Sistema interno de información del EBF CONSULTING, S.L. permite la recepción de comunicaciones de información relativas a hechos que pudieran suponer, dentro del ámbito de sus competencias:
a) Acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:
1.- Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el Anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno.
A tal efecto, debe tenerse presente que la citada Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen sobre las siguientes infracciones del Derecho de la Unión relativas a los ámbitos siguientes:
i) contratación pública, ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, iii) seguridad de los productos y conformidad, iv) seguridad del transporte, v) protección del medio ambiente, vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, viii) salud pública, ix) protección de los consumidores, x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.
2.- Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o
3.- Incidan en el mercado interior, tal y como se contemplan en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
b) Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
c) Infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo de las que informen los trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en su normativa específica.
4.- ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN
Serán objeto de recepción, tramitación y seguimiento las informaciones recibidas de las personas informantes que hayan obtenido información sobre infracciones en el contexto laboral o profesional de EBF CONSULTING, S.L. comprendiendo en todo caso:
a) Las personas que tengan la condición de empleados o empleadas, trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena.
b) Las personas autónomas.
c) Las personas accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión, incluidos los miembros no ejecutivos.
d) Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
e) Las personas informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración, así como a aquéllos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.
5.- RESPONSABLE DEL SISTEMA
La persona responsable del sistema de información es designada por EBF CONSULTING, S.L.. La designación ha de ser notificada a la A.A.I (Autoridad Independiente de Protección del Informante).
La persona responsable del Sistema, deberá́ desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la entidad , no podrá́ recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá́ disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
6. CANAL INTERNO
El canal interno de información del EBF CONSULTING, S.L. se integra en el sistema interno de información y permite la presentación de información respecto de las infracciones previstas en la Ley.
A través del canal se podrán realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de las dos formas. La información se podrá comunicar por escrito, bien a través de correo postal o a través del canal habilitado al efecto, o verbalmente, por vía telefónica.
A solicitud de la persona informante, también podrá presentarse mediante una reunión presencial dentro del plazo máximo de siete días.
Por lo tanto, las vías para la presentación de denuncias son las siguientes:
a) En línea: mediante el acceso al Canal interno de denuncias de EBF CONSULTING, S.L.:
URL CANAL ÉTICO-SISTEMA INTERNO
b) Por escrito.
Por correo postal: remitiendo la denuncia y en su caso, la documentación que aporte, en la siguiente dirección:
Responsable del sistema interno de información.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
c) Verbalmente, por teléfono llamando al teléfono ( ) indicando el motivo de la llamada (comunicación a persona designada del canal de una información/denuncia)
d) Presencialmente: Solicitando reunión presencial mediante el canal interno de denuncias del EBF CONSULTING, S.L..
El canal interno de información permite la presentación y posterior tramitación e intercambio de comunicaciones anónimas, si así lo decide la persona informante.
7. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES
Este procedimiento se articula en un protocolo y consta de las siguientes fases:
1. Iniciación
a. Presentación de la información
b. Trámite de admisión
2. Instrucción
3. Terminación
La Ley establece el contenido mínimo que este procedimiento debe recoger, que es el siguiente:
- Identificación de los canales internos a los que está asociado.
- Información sobre los canales externos.
- Acuse de recibo de la comunicación en el plazo de 7 días naturales.
- Plazo máximo para dar respuesta a las investigaciones no superior a 3 meses.
- Prever la posibilidad de mantener comunicación con la persona informante y solicitarle información adicional.
- Derecho a la persona afectada a ser informada y oída en cualquier momento.
- Cuando la comunicación sea remitida a personal no competente, dicho personal tendrá la obligación de remitir la comunicación inmediatamente a la persona Responsable del Sistema, y deberá garantizar la confidencialidad. En caso de incumplir su deber de confidencialidad podrá ser sancionado por infracción muy grave.
- Presunción de inocencia y el derecho al honor de las personas afectadas.
- Protección de datos personales.
- Remisión de la información al Ministerio Fiscal o a la Fiscalía Europea, cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o afecten a los intereses financieros de la Unión, respectivamente.
8.- PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA INFORMANTE
De acuerdo con el Título VII “Medidas de protección” de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, el Sistema de información garantizará que las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción gocen de las siguientes medidas de protección:
8.1.- Condiciones de protección
1. Las personas que comuniquen o revelen infracciones de las previstas en el apartado 2 tendrán derecho a protección siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a) Tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley.
b) La comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en la Ley.
2. Quedan expresamente excluidos de la protección prevista en la Ley aquellas personas que comuniquen o revelen:
a) Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información o por la Autoridad Independiente.
b) Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
c) Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
d) Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas en el ámbito de aplicación material de la Ley.
3. Las personas que hayan comunicado o revelado públicamente información sobre acciones u omisiones de forma anónima, pero que posteriormente hayan sido identificadas y cumplan las condiciones previstas en la Ley, tendrán derecho a la protección que la misma contiene.
4. Las personas que informen ante las instituciones, órganos u organismos pertinentes de la Unión Europea infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, tendrán derecho a protección con arreglo a lo dispuesto en la Ley en las mismas condiciones que una persona que haya informado por canales externos.
8.2.- Prohibición de represalias
1. Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en la Ley.
2. Se entiende por represalia cualesquier acto u omisión que esté prohibido por la Ley, o que, de forma directa o indirecta, suponga un trato desfavorable que sitúe a las personas que la sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.
3. A los efectos de lo previsto en la Ley, y a título enunciativo, se consideran represalias las que se adopten en forma de:
a) Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.
b) Intimidaciones, acoso u ostracismo.
c) Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
d) Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
e) Denegación o anulación de una licencia o permiso.
f) Denegación de formación.
g) Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
4. La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación una vez transcurrido el plazo de dos años, podrá solicitar la protección de la Autoridad Independiente de Protección del Informante que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados.
5. Los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen discriminación tras la presentación de aquellas al amparo de la Ley, serán nulos de pleno derecho y darán lugar, en su caso, a medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad, pudiendo incluir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al perjudicado.
8.3.- Medidas de protección frente a represalias
1. No se considerará que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones recogidas en el apartado 2 o que hagan una revelación pública de conformidad con la Ley 2/2023, hayan infringido ninguna restricción de revelación de información, y aquellas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha comunicación o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una acción u omisión en virtud de dicha ley, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas de protección aplicables conforme a la normativa laboral. Esta medida no afectará a las responsabilidades de carácter penal.
Lo previsto en el párrafo anterior se extiende a la comunicación de informaciones realizadas por los representantes de las personas trabajadoras, aunque se encuentren sometidas a obligaciones legales de sigilo o de no revelar información reservada. Todo ello sin perjuicio de las normas específicas de protección aplicables conforme a la normativa laboral.
2. Las personas informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito.
3. Cualquier otra posible responsabilidad de las personas informantes derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la comunicación o la revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción en virtud de la Ley será exigible conforme a la normativa aplicable.
4. En los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los perjuicios sufridos por las personas informantes, una vez que la persona informante haya demostrado razonablemente que ha comunicado o ha hecho una revelación pública de conformidad con la Ley y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar o por hacer una revelación pública. En tales casos, corresponderá a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la comunicación o revelación pública.
5. En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación de secretos empresariales, o a solicitudes de indemnización basadas en el derecho laboral o estatutario, las personas informantes no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de comunicaciones o de revelaciones públicas protegidas por la misma. Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo y en el marco de los referidos procesos judiciales, el haber comunicado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la Ley 2/2023.
8.4.- Medidas para la protección de las personas afectadas
Durante la tramitación del expediente las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia y al derecho de acceso al expediente en los términos previstos en la Ley 2/2023, así como a la misma protección establecida para las personas informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.
8.5.- Supuestos de exención y atenuación de la sanción
1. Cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la información sea la que informe de su existencia mediante la presentación de la información y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador, el órgano competente para resolver el procedimiento, mediante resolución motivada, podrá eximirle del cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera siempre que resulten acreditados en el expediente los siguientes extremos:
a) Haber cesado en la comisión de la infracción en el momento de presentación de la comunicación o revelación e identificado, en su caso, al resto de las personas que hayan participado o favorecido aquella.
b) Haber cooperado plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento de investigación.
c) Haber facilitado información veraz y relevante, medios de prueba o datos significativos para la acreditación de los hechos investigados, sin que haya procedido a la destrucción de estos o a su ocultación, ni haya revelado a terceros, directa o indirectamente su contenido.
d) Haber procedido a la reparación del daño causado que le sea imputable.
2. Cuando estos requisitos no se cumplan en su totalidad, incluida la reparación parcial del daño, quedará a criterio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, previa valoración del grado de contribución a la resolución del expediente, la posibilidad de atenuar la sanción que habría correspondido a la infracción cometida, siempre que la persona informante o autora de la revelación no haya sido sancionada anteriormente por hechos de la misma naturaleza que dieron origen al inicio del procedimiento.
3. La atenuación de la sanción podrá extenderse al resto de los participantes en la comisión de la infracción, en función del grado de colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos, identificación de otros participantes y reparación o minoración del daño causado, apreciado por el órgano encargado de la resolución.
4. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, excluye de lo dispuesto en este apartado a las infracciones establecidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
8.6.- Medidas para la protección de los datos personales de las personas afectadas
Los tratamientos de datos personales que deriven de la aplicación de la Ley 2/2023 se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
El sistema interno de información impedirá el acceso no autorizado y preservará la identidad y garantizará la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas (persona informante y persona denunciada, en su caso) y a cualquier tercero que se mencione en la información suministrada especialmente la identidad de la persona informante en caso de que se hubiera identificado. La identidad de la persona informante solo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, y estos casos estarán sujetos a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable.
Si la información recibida contuviera datos personales sujetos a protección especial, se procederá a su inmediata supresión, salvo que el tratamiento sea necesario por razones de un interés público esencial conforme a lo previsto en el artículo 9.2.g) del Reglamento (UE) 2016/679, según dispone el artículo 30.5 de la Ley 2/ 2023.
En todo caso, no se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una información específica o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación indebida.
Las comunicaciones a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
8. Actuaciones en materia de protección de datos
La Subsecretaría de Igualdad tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.
Se ha actualizado el Registro de actividades de tratamiento de datos personales del Ministerio de Igualdad para incorporar la actividad de tratamiento de datos personales derivada del sistema interno de información. Asimismo, la articulación del sistema interno de información ha incluido la realización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD).
La Ley prevé la limitación del acceso a los datos personales en el sistema interno de información.
9. Publicidad
EBF CONSULTING, S.L. ha publicado en su página web toda la información relativa al uso del canal interno de información implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión y otros contenidos mínimos en la sede electrónica como las condiciones para poder acogerse a la protección en virtud de la Ley, los datos de contacto para los canales externos de información, el régimen de confidencialidad aplicable a las comunicaciones y, en particular, la información sobre el tratamiento de los datos personales o los datos de contacto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. o de la autoridad u organismo competente de que se trate.
Estratègia del sistema intern dinformació i protecció de la persona
INFORMANT D'EMPRESA
La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, publicada al BOE número 4, de 21 de febrer, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (d'ara endavant, la Llei o la Llei 2/2023”), s'articula al voltant de la col·laboració ciutadana com a element essencial i imprescindible per garantir l'eficàcia del dret. Per això, la Llei inclou com a finalitats els dos objectius principals de la Directiva:
-Atorgar la protecció adequada davant de les represàlies a les persones que informin sobre accions o omissions que constitueixin vulneracions de l'ordenament jurídic i enfortir la cultura de la informació mitjançant l'establiment d'un sistema d'informació que inclou el canal, la persona responsable i el procediment de gestió d'informacions, constituint les garanties i aspectes mínims que ha de satisfer el sistema, inclòs el tractament de dades de caràcter personal i la publicitat.
La Llei protegeix els qui alertin sobre determinades categories de vulneracions de l'ordenament jurídic tals com a) Infraccions penals (delictes), b) Infraccions administratives greus o molt greus i c) Infraccions del dret de la Unió Europeu i que afectin els interessos financers de la Unió Europea.
La present Estratègia respon a l'obligació que estableix l'article 5.2 h) de la Llei de comptar amb una política o estratègia que enunciï els principis generals en matèria de sistemes interns d'informació i defensa de la persona informant.
1.- SISTEMA D'INFORMACIÓ D'EMPRESA
El sistema intern de EBF CONSULTING, S.L. s'articula al voltant de tres elements:
- Canal intern.
- Responsable del sistema d'informació.
- Procediment de gestió d'informacions.
2.- PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
Amb l'objectiu que el sistema sigui efectiu, EBF CONSULTING, S.L. vetllarà perquè compleixi tots els requisits establerts a la Llei 2/2023. Entre ells, cal destacar:
a) Permetre a totes les persones incloses a l'àmbit personal d'aplicació de la Llei comunicar informació sobre les infraccions previstes a l'àmbit material d'aquesta Estratègia.
b) Garantir la confidencialitat de la identitat de la persona informant, així com de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impedint-ne el accés de personal no autoritzat.
c) Permetre la presentació de la informació per escrit, o verbalment, o de totes dues maneres.
e) Garantir que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva dins EBF CONSULTING, S.L..
f) Comptar amb un Responsable del Sistema, en els termes previstos a l'article 8 de la Llei 2/2023.
h) Comptar amb una estratègia en matèria de sistema intern d'informació i defensa de la persona informant.
i) Comptar amb un procediment de gestió de les informacions rebudes.
j) Establir les garanties per a la protecció de les persones informants d'acord amb la Llei 2/2023.
3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
El Sistema intern d'informació del EBF CONSULTING, S.L. permet la recepció de comunicacions d'informació relatives a fets que poguessin suposar, dins de l'àmbit de les seves competències:
a) Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:
1.- Entreu dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió enumerats a l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937, amb independència de la qualificació que en faci l'ordenament jurídic intern.
>A aquest efecte, cal tenir present que la citada Directiva estableix normes mínimes comunes per a la protecció de les persones que informin sobre les següents infraccions del Dret de la Unió relatives als àmbits següents:
i) contractació pública, ii) serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, iii) seguretat dels productes i conformitat, iv) seguretat del transport, v) protecció del medi ambient , vi) protecció davant les radiacions i seguretat nuclear, vii) seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals, viii) salut pública, ix) protecció dels consumidors, x) protecció de la privadesa i de les dades personals i la seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
2.- Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o
3.- Incideixin al mercat interior, tal com es contemplen a l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.
b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entenen compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
c) Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball de què informin els treballadors, sens perjudici del que estableix la normativa específica.
4.- ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
Seran objecte de recepció, tramitació i seguiment les informacions rebudes de les persones informants que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o professional de EBF CONSULTING, S.L. comprenent en tot cas:
a) Les persones que tinguin la condició d'empleats o empleades, treballadors o treballadores per compte d'altri.
b) Les persones autònomes.
c) Les persones accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió, inclosos els membres no executius.
d) Qualsevol persona que treballi per a sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
e) Les persones informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc duna relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.
5.- RESPONSABLE DEL SISTEMA
La persona responsable del sistema d'informació és designada per EBF CONSULTING, S.L.. La designació ha de ser notificada a l'A.A.I (Autoritat Independent de Protecció de l'Informant).
La persona responsable del Sistema, haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.
6. CANAL INTERN
El canal intern d'informació del EBF CONSULTING, S.L. s'integra al sistema intern d'informació i permet la presentació d'informació respecte de les infraccions previstes a la Llei.
A través del canal es podran fer comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues formes. La informació es podrà comunicar per escrit, bé a través de correu postal oa través del canal habilitat a aquest efecte, o verbalment, per via telefònica.
A sol·licitud de la persona informant, també es podrà presentar mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies.
Per tant, les vies per a la presentació de denúncies són les següents:
a) En línia: mitjançant l'accés al Canal intern de denúncies de EBF CONSULTING, S.L.:
URL CANAL DE DENÚNCIES
a. Per escrit.
Per correu postal: remetent la denúncia i, si escau, la documentació que aporteu, a la següent adreça:
Responsable del sistema intern d'informació.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
b. Verbalment, per telèfon trucant al telèfon ( ) indicant el motiu de la trucada (comunicació a persona designada del canal d'una informació/denúncia)
c) Presencialment: Sol·licitant reunió presencial mitjançant el canal intern de denúncies del EBF CONSULTING, S.L..
El canal intern d'informació permet la presentació i posterior tramitació i intercanvi de comunicacions anònimes, si així ho decideix la persona informant.
7. PROCEDIMENT DE GESTIÓ D'INFORMACIONS
Aquest procediment s'articula en un protocol i consta de les fases següents:
1. Iniciació
a. Presentació de la informació
b. Tràmit d'admissió
2. Instrucció
3. Terminació
La Llei estableix el contingut mínim que aquest procediment ha de recollir, que és el següent:
- Identificació dels canals interns als quals està associat.
- Informació sobre els canals externs.
- Acusament de rebut de la comunicació en el termini de 7 dies naturals.
- Termini màxim per donar resposta a les investigacions no superior a 3 mesos.
- Preveure la possibilitat de mantenir comunicació amb la persona informant i sol·licitar-li informació addicional.
- Dret a la persona afectada a ser informada i escoltada en qualsevol moment.
- Quan la comunicació sigui remesa a personal no competent, aquest personal tindrà l'obligació de remetre la comunicació immediatament a la persona responsable del sistema, i haurà de garantir la confidencialitat. En cas d'incomplir el deure de confidencialitat podrà ser sancionat per infracció molt greu.
- Presumpció d'innocència i el dret a l'honor de les persones afectades.
- Protecció de dades personals.
- Remissió de la informació al Ministeri Fiscal oa la Fiscalia Europea, quan els fets puguin ser constitutius de delicte o afectin els interessos financers de la Unió, respectivament.
8.- PRINCIPIS GENERALS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA INFORMANT
D'acord amb el Títol VII “Mesures de protecció” de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, el Sistema d'informació garantirà que les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció gaudeixin de les mesures següents de protecció:
8.1.- Condicions de protecció
1. Les persones que comuniquin o revelin infraccions de les previstes a l'apartat 2 tenen dret a protecció sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) Tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la informació esmentada entra dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei.
>b) La comunicació o revelació s'hagi realitzat d'acord amb els requeriments previstos a la Llei.
2. Queden expressament exclosos de la protecció prevista a la Llei aquelles persones que comuniquin o revelin:
a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per l'Autoritat Independent.
b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a qui es refereixi la comunicació o revelació.
c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en làmbit daplicació material de la Llei.
3. Les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions de forma anònima, però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes a la Llei, tindran dret a la protecció que aquesta conté.
4. Les persones que informin davant les institucions, òrgans o organismes pertinents de la Unió Europea infraccions que entrin a l'àmbit d'aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, tindran dret a protecció d'acord amb el que disposa la Llei en les mateixes condicions que una persona que hagi informat per canals externs.
8.2.- Prohibició de represàlies
1. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació d'acord amb el que preveu la Llei.
2. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la Llei, o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï les persones que la pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver fet una revelació pública.
3. Als efectes del que preveu la Llei, ia títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:
a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes de que se li oferiria una feina indefinida; llevat que aquestes mesures es duguin a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut de l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
b) Intimidacions, assetjament o ostracisme.
c) Avaluació o referències negatives respecte a l'exercici laboral o professional.
d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un àmbit sectorial determinat, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.
e) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
f) Denegació de formació.
4. La persona que veiés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació una vegada transcorregut el termini de dos anys, podrà sol·licitar la protecció de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant que, excepcionalment i de manera justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que es puguin veure afectats.
5. Els actes administratius que tinguin per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constitueixin represàlia o causin discriminació després de presentar-les a l'empara de la Llei, seran nuls de ple dret i donaran lloc, si escau, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.
8.3.- Mesures de protecció davant de represàlies
1. No es considerarà que les persones que comuniquin informació sobre les accions o omissions recollides a l'apartat 2 o que facin una revelació pública de conformitat amb la Llei 2/2023, hagin infringit cap restricció de revelació d'informació, i aquelles no incorreran en responsabilitat de cap tipus en relació amb aquesta comunicació o revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública d'aquesta informació era necessària per revelar una acció o omissió en virtut d'aquesta llei, tot això sense perjudici del que disposen les normes específiques de protecció aplicables d'acord amb la normativa laboral. Aquesta mesura no afectarà les responsabilitats de caràcter penal.
El que preveu el paràgraf anterior s'estén a la comunicació d'informacions realitzades pels representants de les persones treballadores, encara que estiguin sotmeses a obligacions legals de sigil o de no revelar informació reservada. Tot això sense perjudici de les normes específiques de protecció aplicables d'acord amb la normativa laboral.
2. Les persones informants no incorreran en responsabilitat respecte de ladquisició o laccés a la informació que és comunicada o revelada públicament, sempre que aquesta adquisició o accés no constitueixi un delicte.
3. Qualsevol altra possible responsabilitat de les persones informants derivada d‟actes o omissions que no estiguin relacionats amb la comunicació o la revelació pública o que no siguin necessaris per revelar una infracció en virtut de la Llei serà exigible conforme a la normativa aplicable.
4. En els procediments davant d'un òrgan jurisdiccional o una altra autoritat relatius als perjudicis patits per les persones informants, una vegada que la persona informant hagi demostrat raonablement que ha comunicat o ha fet una revelació pública de conformitat amb la Llei i que ha patit un perjudici, es presumeix que el perjudici es va produir com a represàlia per informar o per fer una revelació pública. En aquests casos, correspondrà a la persona que hagi pres la mesura perjudicial provar que aquesta mesura es va basar en motius degudament justificats no vinculats a la comunicació o revelació pública.
5. En els processos judicials, inclosos els relatius a difamació, violació de drets d'autor, vulneració de secret, infracció de les normes de protecció de dades, revelació de secrets empresarials o sol·licituds d'indemnització basades en el dret laboral o estatutari, les persones informants no incorreran en responsabilitat de cap tipus com a conseqüència de comunicacions o de revelacions públiques protegides per aquesta. Aquestes persones tindran dret a al·legar en el seu descàrrec i en el marc dels referits processos judicials, haver comunicat o haver fet una revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública era necessària per posar de manifest una infracció en virtut de la Llei 2/2023.
8.4.- Mesures per a la protecció de les persones afectades
Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència i al dret d'accés a l'expedient en els termes previstos a la Llei 2/2023, així com a la mateixa protecció establerta per a les persones informants , preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.
8.5.- Supòsits d'exempció i atenuació de la sanció
1. Quan una persona que hagi participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació i sempre que aquesta hagi estat presentada amb anterioritat a què hagi estat notificada la incoació del procediment de investigació o sancionador, l'òrgan competent per resoldre el procediment, mitjançant resolució motivada, podrà eximir-lo del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que resultin acreditats a l'expedient els extrems següents:
a) Haver cessat en la comissió de la infracció en el moment de presentació de la comunicació o revelació i identificat, si escau, la resta de les persones que hagin participat o afavorit aquella.
b) Haver cooperat plenament, contínuament i diligentment al llarg de tot el procediment de recerca.
c) Haver facilitat informació veraç i rellevant, mitjans de prova o dades significatives per a l'acreditació dels fets investigats, sense que hagi procedit a la destrucció d'aquests oa la seva ocultació, ni n'hagi revelat a tercers, directament o indirectament el contingut .
d) Haver procedit a la reparació del dany causat que li sigui imputable.
2. Quan aquests requisits no es compleixin totalment, inclosa la reparació parcial del dany, quedarà a criteri de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, prèvia valoració del grau de contribució a la resolució de l'expedient, la possibilitat d'atenuar la sanció que hauria correspost a la infracció comesa, sempre que la persona informant o autora de la revelació no hagi estat sancionada anteriorment per fets de la mateixa naturalesa que van donar origen a l'inici del procediment.
3. L'atenuació de la sanció es podrà estendre a la resta dels participants a la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració activa en l'aclariment dels fets, identificació d'altres participants i reparació o minoració del dany causat, apreciat per l'òrgan encarregat de la resolució.
4. La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, exclou del que disposa aquest apartat les infraccions establertes a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
8.6.- Mesures per a la protecció de les dades personals de les persones afectades
Los tratamientos de datos personales que deriven de la aplicación de la Ley 2/2023 se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
El sistema intern d'informació impedirà l'accés no autoritzat i preservarà la identitat i garantirà la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades (persona informant i persona denunciada, si escau) ia qualsevol tercer que s'esmenti a la informació subministrada especialment la identitat de la persona informant en el cas que s'hagués identificat. La identitat de la persona informant només es pot comunicar a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal oa l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, i aquests casos estan subjectes a salvaguardes establertes a la normativa aplicable.
Si la informació rebuda contingués dades personals subjectes a protecció especial, es procedirà a suprimir-la immediatament, llevat que el tractament sigui necessari per raons d'un interès públic essencial conforme al que preveu l'article 9.2.g) del Reglament (UE ) 2016/679, segons disposa l'article 30.5 de la Llei 2/2023.
En tot cas, no es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.
Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.
>8. Actuacions en matèria de protecció de dades
La Subsecretaria d'Igualtat tindrà la condició de responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.
S'ha actualitzat el Registre d'activitats de tractament de dades personals del Ministeri d'Igualtat per incorporar l'activitat de tractament de dades personals derivada del sistema intern d'informació. Així mateix, l‟articulació del sistema intern d‟informació ha inclòs la realització d‟una avaluació d‟impacte relativa a la protecció de dades (EIPD).
La Llei preveu la limitació de l'accés a les dades personals al sistema intern d'informació.
9. Publicitat
EBF CONSULTING, S.L. ha publicat a la seva pàgina web tota la informació relativa a l'ús del canal intern d'informació implantat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió i altres continguts mínims a la seu electrònica com les condicions per poder acollir-se a la protecció en virtut de la Llei, les dades de contacte per als canals externs dinformació, el règim de confidencialitat aplicable a les comunicacions i, en particular, la informació sobre el tractament de les dades personals o les dades de contacte de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. o de l'autoritat o organisme competent de què es tracti.
Strategy for the internal information and personal protection system
COMPANY INFORMANT
Law 2/2023, of February 20, regulating the protection of people who report regulatory infractions and the fight against corruption, published in the BOE number 4, of February 21, by which it is transposed Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report infringements of Union law (hereinafter the “Law” or the “Law 2/2023”), is articulated around citizen collaboration as an essential and essential element to guarantee the effectiveness of the Law. To this end, the Law includes the two main objectives of the Directive as purposes:
-Provide adequate protection against retaliation to people who report actions or omissions that constitute violations of the legal system and strengthen the information culture by establishing an information system that includes the channel, the person responsible and the information management procedure, constituting the guarantees and minimum aspects that the system must satisfy, including the processing of personal data and advertising.
The Law protects those who alert about certain categories of violations of the legal system such as a) Criminal infractions (crimes), b) Serious or very serious administrative infractions and c) Infractions of European Union law that affect the financial interests of the European Union.
This Strategy responds to the obligation established in article 5.2 h) of the Law to have a policy or strategy that states the general principles regarding internal information systems and defense of the informant.
1.- COMPANY INFORMATION SYSTEM
The internal system of EBF CONSULTING, S.L. is structured around three elements:
- Internal channel.
- Responsible for the Information System.
- Information management procedure.
2.- GENERAL PRINCIPLES OF THE INTERNAL INFORMATION SYSTEM
In order for the system to be effective, EBF CONSULTING, S.L. will ensure that it complies with all the requirements established in Law 2/2023. Among them, it is worth highlighting:
a) Allow all persons included in the personal scope of application of the Law to communicate information about the infractions provided for in the material scope of this Strategy.
b) Guarantee the confidentiality of the identity of the reporting person, as well as of any third party mentioned in the communication and of the actions carried out in the management and processing of the same, as well as the protection of data, preventing the access by unauthorized personnel.
c) Allow the presentation of information in writing, or verbally, or both.
e) Ensure that submitted communications can be treated effectively within EBF CONSULTING, S.L..
f) Have a System Manager, in the terms provided in article 8 of Law 2/2023.
h) Have a strategy regarding the internal information system and defense of the informant.
i) Have a procedure for managing the information received.
j) Establish guarantees for the protection of informants in accordance with Law 2/2023.
3. MATERIAL SCOPE OF APPLICATION OF THE INTERNAL INFORMATION SYSTEM
The internal information system of the EBF CONSULTING, S.L. allows the reception of communications of information related to events that could involve, within the scope of its powers:
a) Actions or omissions that may constitute infringements of European Union Law provided that:
1.- They fall within the scope of application of the Union acts listed in the Annex to Directive (EU) 2019/1937, regardless of the classification that the domestic legal system makes of them.
To this end, it should be kept in mind that the aforementioned Directive establishes common minimum standards for the protection of persons who report the following infringements of Union law relating to the following areas:
i) public procurement, ii) financial services, products and markets, and prevention of money laundering and terrorist financing, iii) product safety and compliance, iv) transport security, v) environmental protection , vi) radiation protection and nuclear safety, vii) food and feed safety, animal health and animal welfare, viii) public health, ix) consumer protection, x) protection of privacy and personal data, and security of networks and information systems.
2.- Affect the financial interests of the European Union as contemplated in article 325 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU); o
3.- Affect the internal market, as contemplated in Article 26, paragraph 2 of the TFEU, including infringements of Union rules on competition and aid granted by States, as well as infringements relating to the internal market in relation to acts that infringe corporate tax rules or practices whose purpose is to obtain a tax advantage that undermines the object or purpose of the legislation applicable to corporate tax.
b) Actions or omissions that may constitute a serious or very serious criminal or administrative infraction. In any case, all serious or very serious criminal or administrative infractions that imply economic loss for the Public Treasury and Social Security will be understood to be included.
c) Infractions of labor law in matters of safety and health at work that are reported by workers, without prejudice to the provisions of their specific regulations.
4.- PERSONAL SCOPE OF APPLICATION OF THE INTERNAL INFORMATION SYSTEM
The information received from informants who have obtained information about violations in the work or professional context of EBF CONSULTING, S.L. will be received, processed and monitored, including in all cases:
a) People who have the status of employees, employed workers.
b) Autonomous people.
c) Shareholders, participants and persons belonging to the administrative, management or supervisory body, including non-executive members.
d) Any person who works for or under the supervision and direction of contractors, subcontractors and suppliers.
e) Informants who communicate or publicly reveal information about infractions obtained within the framework of an employment or statutory relationship that has already ended, volunteers, interns, workers in training periods regardless of whether or not they receive remuneration, as well as to those whose employment relationship has not yet begun, in cases where information about infractions has been obtained during the selection or pre-contractual negotiation process.
5.- SYSTEM RESPONSIBLE
The person responsible for the information system is designated by EBF CONSULTING, S.L.. The designation must be notified to the A.A.I (Independent Whistleblower Protection Authority).
The person responsible for the System must carry out their functions independently and autonomously with respect to the rest of the entity's bodies, may not receive instructions of any kind in their exercise, and must have all the necessary personal and material means. to carry them out.
6. INTERNAL CHANNEL
The internal information channel of the EBF CONSULTING, S.L. is integrated into the internal information system and allows the presentation of information regarding the infractions provided for in the Law.
Through the channel, communications can be made in writing or verbally, or in both ways. The information may be communicated in writing, either through postal mail or through the channel enabled for this purpose, or verbally, by telephone.
At the request of the reporting person, it may also be presented through a face-to-face meeting within a maximum period of seven days.
Therefore, the ways to file complaints are as follows:
a) Online: through access to the internal complaints channel of EBF CONSULTING, S.L.:
URL CHANNEL FOR COMPLAINTS
a. In writing.
By postal mail: sending the complaint and, if applicable, the documentation you provide, to the following address:
Responsible for the internal information system.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
b. Verbally, by phone calling the phone ( ) indicating the reason for the call (communication to a designated person of the channel of information/complaint)
c) In person: Requesting a face-to-face meeting through the EBF CONSULTING, S.L. internal complaints channel.
The internal information channel allows the presentation and subsequent processing and exchange of anonymous communications, if the reporting person so decides.
7. INFORMATION MANAGEMENT PROCEDURE
This procedure is articulated in a protocol and consists of the following phases:
1. Initiation
a. Presentation of information
b. Admission procedure
2. Instruction
3. Termination
The Law establishes the minimum content that this procedure must include, which is the following:
- Identification of the internal channels to which it is associated.
- Information about external channels.
- Acknowledgment of receipt of the communication within 7 calendar days.
- Maximum period to respond to investigations not exceeding 3 months.
- Provide for the possibility of maintaining communication with the reporting person and requesting additional information.
- Right of the affected person to be informed and heard at any time.
- When the communication is sent to non-competent personnel, said personnel will have the obligation to send the communication immediately to the person responsible for the System, and must guarantee confidentiality. If you fail to comply with your duty of confidentiality, you may be sanctioned for a very serious violation.
- Presumption of innocence and the right to honor of the affected people.
- Protection of personal data.
- Referral of the information to the Public Prosecutor's Office or the European Public Prosecutor's Office, when the facts may constitute a crime or affect the financial interests of the Union, respectively.
8.- GENERAL PRINCIPLES OF PROTECTION OF THE REPORTING PERSON
In accordance with Title VII “Protection Measures” of Law 2/2023, of February 20, the Information System will guarantee that people who report regulatory infractions and the fight against corruption enjoy the following measures protection:
8.1.- Protection conditions
1. Persons who communicate or reveal violations of those provided for in section 2 will have the right to protection provided that the following circumstances apply:
a) They have reasonable grounds to believe that the information referred to is true at the time of communication or disclosure, even when they do not provide conclusive evidence, and that the aforementioned information falls within the scope of application of the Law.
b) The communication or disclosure has been made in accordance with the requirements provided for in the Law.
2. Those persons who communicate or reveal are expressly excluded from the protection provided by the Law:
a) Information contained in communications that have been inadmissible through some internal information channel or by the Independent Authority.
b) Information linked to claims about interpersonal conflicts or that affect only the informant and the people to whom the communication or disclosure refers.
c) Information that is already completely available to the public or that constitutes mere rumors.
d) Information that refers to actions or omissions not included in the scope of material application of the Law.
3. Persons who have communicated or publicly revealed information about actions or omissions anonymously, but who have subsequently been identified and meet the conditions provided for in the Law, will have the right to the protection that it contains.
4. Persons who report to the relevant institutions, bodies or agencies of the European Union infringements that fall within the scope of application of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council, of 23 October 2019, will have the right to protection in accordance with the provisions of the Law under the same conditions as a person who has reported through external channels.
8.2.- Prohibition of retaliation
1. Acts constituting retaliation, including threats of retaliation and attempted retaliation against persons who submit a communication in accordance with the provisions of the Law, are expressly prohibited.
2. Retaliation is understood as any act or omission that is prohibited by law, or that, directly or indirectly, involves unfavorable treatment that places the people who suffer it at a particular disadvantage with respect to others in the work or professional context. only because of their status as informants, or for having made a public disclosure.
3. For the purposes of the provisions of the Law, and by way of example, reprisals are considered to be those that are adopted in the form of:
a) Suspension of the employment contract, dismissal or termination of the employment or statutory relationship, including non-renewal or early termination of a temporary employment contract once the trial period has passed, or early termination or cancellation of contracts of goods or services, imposition of any disciplinary measure, demotion or denial of promotions and any other substantial modification of working conditions and the non-conversion of a temporary employment contract into an indefinite one, in the event that the worker had legitimate expectations of that he would be offered a permanent job; unless these measures were carried out within the regular exercise of management power under the protection of labor legislation or legislation regulating the status of the corresponding public employee, due to proven circumstances, facts or infractions, and unrelated to the presentation of the communication.
b) Intimidation, harassment or ostracism.
c) Negative evaluation or references regarding work or professional performance.
d) Inclusion in blacklists or dissemination of information in a certain sectoral area, which hinders or prevents access to employment or the contracting of works or services.
e) Denial or cancellation of a license or permit.
f) Denial of training.
g) Discrimination, or unfavorable or unfair treatment.
4. The person who sees their rights violated due to their communication or disclosure after the two-year period has elapsed may request protection from the Independent Whistleblower Protection Authority which, exceptionally and with justification, may extend the protection period. after hearing the people or bodies that could be affected.
5. Administrative acts that are intended to prevent or hinder the presentation of communications and disclosures, as well as those that constitute retaliation or cause discrimination after the presentation of those under the Law, will be null and void and will give rise, where appropriate, to disciplinary or liability corrective measures, which may include the corresponding compensation for damages to the injured party.
8.3.- Protection measures against retaliation
1. Persons who communicate information about the actions or omissions included in section 2 or who make a public disclosure in accordance with Law 2/2023 will not be considered to have violated any restriction on the disclosure of information, and they will not incur liability for any kind in relation to such public communication or disclosure, provided that they had reasonable grounds to believe that the public communication or disclosure of such information was necessary to reveal an act or omission under said law, all without prejudice to the provisions of the specific protection standards applicable in accordance with labor regulations. This measure will not affect criminal responsibilities.
The provisions of the previous paragraph extend to the communication of information made by representatives of workers, even if they are subject to legal obligations of secrecy or not to reveal confidential information. All this without prejudice to the specific protection rules applicable in accordance with labor regulations.
2. Informant persons will not incur liability with respect to the acquisition or access to information that is communicated or revealed publicly, provided that said acquisition or access does not constitute a crime.
3. Any other possible liability of reporting persons arising from acts or omissions that are not related to the public communication or disclosure or that are not necessary to reveal a violation under the Law will be enforceable in accordance with the applicable regulations.
4. In proceedings before a court or other authority relating to harm suffered by reporting persons, once the reporting person has reasonably demonstrated that he or she has communicated or made a public disclosure in accordance with the Law and that he or she has suffered harm, The harm will be presumed to have occurred in retaliation for reporting or making a public disclosure. In such cases, it will be up to the person who took the harmful measure to prove that the measure was based on duly justified reasons not linked to public communication or disclosure.
5. In legal proceedings, including those relating to defamation, copyright infringement, breach of secrecy, breach of data protection regulations, disclosure of business secrets, or claims for compensation based on labor or statutory law, whistleblowers will not incur liability of any kind as a result of communications or public disclosures protected by it. Said persons will have the right to allege in their defense and within the framework of the aforementioned judicial processes, having communicated or made a public disclosure, provided that they had reasonable grounds to believe that the communication or public disclosure was necessary to reveal an infringement. under Law 2/2023.
8.4.- Measures for the protection of affected people
During the processing of the file, the people affected by the communication will have the right to the presumption of innocence and the right of access to the file in the terms provided for in Law 2/2023, as well as the same protection established for informants. , preserving their identity and guaranteeing the confidentiality of the facts and data of the procedure.
8.5.- Cases of exemption and mitigation of the sanction
1. When a person who has participated in the commission of the administrative offense that is the subject of the information is the one who informs of its existence by presenting the information and provided that it had been presented before the initiation of the procedure had been notified. investigation or sanctioner, the body competent to resolve the procedure, by means of a reasoned resolution, may exempt you from compliance with the administrative sanction that corresponds to you as long as the following points are proven in the file:
a) Have ceased to commit the infraction at the time of presentation of the communication or disclosure and identified, where appropriate, the rest of the people who have participated in or favored it.
b) Have cooperated fully, continuously and diligently throughout the entire investigation procedure.
c) Having provided truthful and relevant information, means of proof or significant data for the accreditation of the facts investigated, without having proceeded to destroy them or hide them, nor having revealed their content to third parties, directly or indirectly. .
d) Have proceeded to repair the damage caused that is attributable to you.
2. When these requirements are not met in their entirety, including partial repair of the damage, it will be at the discretion of the Independent Whistleblower Protection Authority, after assessing the degree of contribution to the resolution of the file, the possibility of mitigating the sanction that would have been applicable. to the infraction committed, provided that the informant or author of the disclosure has not previously been sanctioned for facts of the same nature that gave rise to the initiation of the procedure.
3. The mitigation of the sanction may be extended to the rest of the participants in the commission of the infraction, depending on the degree of active collaboration in clarifying the facts, identification of other participants and repair or reduction of the damage caused, as assessed by the body in charge. of the resolution.
4. Law 2/2023, of February 20, regulating the protection of people who report regulatory infractions and the fight against corruption, excludes from the provisions of this section the infractions established in Law 15/2007, of 3 July, Defense of Competition.
8.6.- Measures to protect the personal data of affected persons
The processing of personal data resulting from the application of Law 2/2023 will be governed by the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, in the Law Organic Law 3/2018, of December 5, on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights and in Organic Law 7/2021, of May 26, on the protection of personal data processed for the purposes of prevention, detection, investigation and prosecution of criminal offenses and execution of criminal sanctions.
The internal information system will prevent unauthorized access and will preserve the identity and guarantee the confidentiality of the data corresponding to the affected persons (reporting person and reported person, where applicable) and any third party mentioned in the information provided. especially the identity of the reporting person if they have been identified. The identity of the reporting person may only be communicated to the judicial authority, the Public Prosecutor's Office or the competent administrative authority within the framework of a criminal, disciplinary or sanctioning investigation, and these cases will be subject to safeguards established in the applicable regulations.
If the information received contains personal data subject to special protection, it will be immediately deleted, unless the processing is necessary for reasons of essential public interest in accordance with the provisions of article 9.2.g) of the Regulation (EU). ) 2016/679, as provided in article 30.5 of Law 2/2023.
In any case, personal data whose relevance is not evident to process specific information will not be collected or, if collected by accident, it will be deleted without undue delay.
Communications that have not been processed may only be recorded in anonymized form, without the blocking obligation provided for in article 32 of Organic Law 3/2018, of December 5, being applicable.
8. Actions regarding data protection
The Undersecretary of Equality will be responsible for the processing of personal data in accordance with the provisions of the regulations on the protection of personal data.
The Register of personal data processing activities of the Ministry of Equality has been updated to incorporate the personal data processing activity derived from the internal information system. Likewise, the articulation of the internal information system has included carrying out an impact assessment related to data protection (DPIA).
The Law provides for the limitation of access to personal data in the internal information system.
9. Advertising
EBF CONSULTING, S.L. has published on its website all the information related to the use of the internal information channel implemented, as well as the essential principles of the management procedure and other minimum content in the electronic headquarters such as conditions to qualify for protection under the Law, contact details for external information channels, the confidentiality regime applicable to communications and, in particular, information on the processing of personal data or data of contact of the Independent Whistleblower Protection Authority, A.A.I. or the competent authority or body in question.
Barne informaziorako eta babeserako sistemarako estrategia
ENPRESAREN INFORMATZAILEA
Otsailaren 20ko 2/2023 Legea, arau-hausteak salatzen dituzten pertsonen babesa eta ustelkeriaren aurkako borroka arautzen dituena, otsailaren 21eko 4. zenbakiko BOEn argitaratua, zeinaren bidez 2019/1937 (EB) Zuzentaraua onartzen da. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko urriaren 23koa, Batasuneko Zuzenbidearen urraketak salatzen dituzten pertsonen babesari buruzkoa (aurrerantzean «Legea» edo «2/2023 Legea») herritarren lankidetzaren inguruan artikulatzen da funtsezko eta ezinbesteko elementu gisa. Legearen eraginkortasuna bermatzeko. Horretarako, Zuzentarauaren bi helburu nagusi jasotzen ditu Legeak helburu gisa:
-Ordenamendu juridikoaren urraketa dakarten ekintzak edo hutsegiteen berri ematen duten pertsonei mendekuen aurkako babes egokia eskaintzea eta informazio-kultura sendotzea, kanala, arduraduna eta informazioa kudeatzeko prozedura barne hartzen dituen informazio-sistema ezarriz, bermeak osatuz. eta sistemak bete behar dituen gutxieneko alderdiak, datu pertsonalen tratamendua eta publizitatea barne.
Legeak babesten ditu ordenamendu juridikoaren urraketa-kategoria batzuei buruz ohartarazten dutenak, hala nola: a) Arau-hauste penalak (delituak), b) Arau-hauste administratibo larriak edo oso larriak eta c) Europako Batasuneko Zuzenbidearen arau-hausteak, finantza-interesei eragiten dietenak. Europar Batasuna.
Estrategia honek Legearen 5.2 h) artikuluan ezarritako betebeharrari erantzuten dio barne informazio sistemei eta informatzailearen defentsari buruzko printzipio orokorrak adierazten dituen politika edo estrategia bat izateko.
1.- ENPRESA INFORMAZIO-SISTEMA
EBF CONSULTING, S.L.ren barne-sistema hiru elementuren inguruan egituratzen da:
- Barneko kanala.
- Informazio Sistemaren arduraduna.
- Informazioa kudeatzeko prozedura.
2.- BARNE INFORMAZIO-SISTEMAREN PRINTZIPIO OROKORRAK
Sistema eraginkorra izan dadin, EBF CONSULTING, S.L.k 2/2023 Legean ezarritako betekizun guztiak betetzen dituela ziurtatuko du. Horien artean, azpimarratzekoa da:
a) Legearen aplikazio-eremu pertsonalean sartuta dauden pertsona guztiei Estrategia honen esparru materialean aurreikusitako arau-hausteei buruzko informazioa helarazteko aukera ematea.
b) Salaketa egiten duen pertsonaren nortasunaren konfidentzialtasuna bermatzea, bai eta komunikazioan aipatzen den edozein hirugarrenenaren eta horien kudeaketa eta tratamenduan egindako ekintzen konfidentzialtasuna ere, bai eta datuen babesa ere; baimenik gabeko langileei sarbidea eragotziz.
c) Informazioa idatziz, edo ahoz, edo biak aurkeztea baimendu.
e) Ziurtatu bidalitako komunikazioak EBF CONSULTING, S.L. barruan modu eraginkorrean tratatu daitezkeela.
f) Sistema-kudeatzailea izatea, 2/2023 Legearen 8. artikuluan aurreikusitako terminoetan.
h) Informatzailearen barne-informazio-sistemari eta defentsari buruzko estrategia bat edukitzea.
i) Jasotako informazioa kudeatzeko prozedura izatea.
j) Informatzaileak babesteko bermeak ezartzea 2/2023 Legearen arabera.
3. BARNE INFORMAZIO SISTEMAREN APLIKAZIO-ESPERA MATERIALA
EBF CONSULTING, S.L.ren barne-informazio-sistemak, bere eskumenen esparruan, izan ditzaketen gertaerekin lotutako informazioaren komunikazioak jasotzeko aukera ematen du:
a) Europar Batasuneko Zuzenbidearen urraketa izan dezaketen ekintzak edo ez-egiteak, baldin eta:
1.– 2019/1937 Zuzentarauaren (EB) Eranskinean jasotako Batasuneko egintzen aplikazio-eremuan sartzen dira, edozein dela ere barne-ordenamendu juridikoak horiei buruz egiten duen kalifikazioa.
Horretarako, kontuan izan behar da aipatutako Zuzentarauak gutxieneko estandar komunak ezartzen dituela Batasuneko Zuzenbidearen urraketa hauek arlo hauei dagokienez salatzen duten pertsonen babeserako:
i) kontratazio publikoa, ii) finantza-zerbitzuak, produktuak eta merkatuak, eta dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioa, iii) produktuen segurtasuna eta betetzea, iv) garraioaren segurtasuna, v) ingurumenaren babesa , vi) erradiazioen babesa eta segurtasun nuklearra. , vii) elikagaien eta pentsuen segurtasuna, animalien osasuna eta animalien ongizatea, viii) osasun publikoa, ix) kontsumitzaileen babesa, x) pribatutasunaren eta datu pertsonalen babesa, eta sareen eta informazio sistemen segurtasuna.
2.- Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren (TFUE) 325. artikuluan aurreikusitako Europar Batasunaren finantza-interesei eragitea; o
3.- Barne-merkatuari eragitea, TFUEren 26. artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera, estatuek emandako lehiari eta laguntzei buruzko Batasuneko arauen urraketak barne, baita barne-merkatuari dagozkion urraketak ere, egiten dituzten ekintzei dagokienez. Sozietateen gaineko zergaren gaineko arauak edo praktikak urratzea, sozietateen gaineko zergari aplikatzekoa den legeriaren objektua edo helburua ahultzen duen abantaila fiskal bat lortzea duten xedea.
b) Arau-hauste penal edo administratibo larria edo oso larria izan dezaketen ekintzak edo ez-egiteak. Nolanahi ere, Ogasun Publikoarentzat eta Gizarte Segurantzarentzat galera ekonomikoa dakarten arau-hauste penal edo administratibo larri edo oso larri guztiak barne hartzen direla ulertuko da.
c) Langileek salatzen dituzten lan-zuzenbidearen arau-hausteak laneko segurtasun eta osasun-gaietan, beren araudi espezifikoan xedatutakoaren kaltetan gabe.
4.- BARNE INFORMAZIO-SISTEMAREN APLIKAZIO-ESPARRU PERTSONALA
EBF CONSULTING, S.L.ren lan- edo lanbide-testuinguruan urratzeei buruzko informazioa lortu duten informatzaileengandik jasotako informazioa jaso, prozesatu eta kontrolatuko da, kasu guztietan barne:
a) Langile izaera duten pertsonak, langile okupatuak.
b) Pertsona autonomoak.
c) Akziodunek, parte-hartzaileek eta administrazioko, zuzendaritzako edo gainbegiratze-organoko kideek, kide ez-exekutiboak barne.
d) Kontratista, azpikontratista eta hornitzaileen gainbegiratu eta zuzendaritzapean lan egiten duen edozein pertsona.
e) Dagoeneko amaitutako lan- edo estatutu-harreman baten esparruan lortutako arau-hausteei buruzko informazioa helarazten edo jendaurrean azaltzen duten informatzaileak, boluntarioak, bekadunak, prestakuntza-aldietan dauden langileak, ordainsariak jaso edo ez kontuan hartu gabe, baita ere. lan-harremana oraindik hasi ez dutenak, hautaketa edo kontratu aurreko negoziazio prozesuan arau-hausteei buruzko informazioa lortu den kasuetan.
5.- SISTEMAREN ARDURADUNA
Informazio sistemaren arduraduna EBF CONSULTING, S.L.k izendatzen du. Izendapena A.A.I.ri (Independent Whistleblower Babes Authority) jakinarazi behar zaio.
Sistemaren arduradunak bere eginkizunak modu independentean eta autonomoan bete behar ditu entitatearen gainerako organoekiko, ezin izango du inolako argibiderik jaso haien egikaritzan, eta beharrezko baliabide pertsonal eta material guztiak izan behar ditu. gauzatu.
6. BARNE KANALA
EBF CONSULTING, S.L.ren barne informazio kanala barne informazio sisteman integratuta dago eta Legean aurreikusitako arau-hausteei buruzko informazioa aurkezteko aukera ematen du.
Kanalaren bidez, komunikazioak idatziz edo ahoz egin daitezke, edo bi eratara. Informazioa idatziz helarazi ahal izango da, posta posta bidez edo horretarako gaitutako kanalaren bidez, edo hitzez, telefonoz.
Ezaeragileak eskatuta, aurrez aurreko bilera baten bidez ere aurkeztu ahal izango da, gehienez ere zazpi eguneko epean.
Beraz, kexak aurkezteko bideak hauek dira:
a) Sarean: EBF CONSULTING, S.L.-ren barne kexak kanalerako sarbidearen bidez:
KEXEEN URL KANALA
a. Idatziz.
Posta bidez: kexa eta, hala badagokio, zuk emandako dokumentazioa bidaliz, helbide honetara:
Barne informazio sistemaren arduraduna.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
b. Hitzez, telefonora deituz ( ) deiaren arrazoia adieraziz (informazio/kexa-bidean izendatutako pertsona bati komunikazioa)< / p>
c) Presentziala: bilera presentziala eskatzea EBF CONSULTING, S.L. barne erreklamazio-bidearen bidez.
Barne informazio-kanalak komunikazio anonimoak aurkezteko eta gero prozesatzeko eta trukatzeko aukera ematen du, salatzaileak hala erabakitzen badu.
7. INFORMAZIOA KUDEAKETA PROZEDURA
Prozedura hau protokolo batean artikulatuta dago eta fase hauek ditu:
1. Hastapena
a. Informazioaren aurkezpena
b. Onarpen prozedura
2. Instrukzioa
3. Baja
Legeak prozedura honek izan behar duen gutxieneko edukia ezartzen du, hau da:
- Lotuta dagoen barne-kanalen identifikazioa.
- Kanpoko kanalei buruzko informazioa.
- Komunikazioa jaso izanaren aitorpena 7 egun naturaleko epean.
- Ikerketei erantzuteko gehienezko epea 3 hilabete baino gehiagokoa izango da.
- Salaketa egiten duen pertsonarekin komunikazioa mantentzeko eta informazio osagarria eskatzeko aukera ematea.
- Eraginpeko pertsonak edozein unetan informatua eta entzuna izateko eskubidea.
- Komunikazioa eskumena ez den pertsonalari bidaltzen zaionean, langile horrek komunikazioa berehala bidaltzeko betebeharra izango du Sistemaren Arduradunari, eta konfidentzialtasuna bermatu beharko du. Zure konfidentzialtasun-betebeharra ez baduzu betetzen, oso arau-hauste larri batengatik zigorra jaso dezakezu.
- Errugabetasun presuntzioa eta kaltetutako pertsonen ohore eskubidea.
- Datu pertsonalen babesa.
- Informazioa Fiskaltzara edo Europako Fiskaltzara igortzea, gertakariek delitua izan dezaketenean edo Batasunaren finantza-interesetan eragina izan dezaketenean, hurrenez hurren.
8.- SALTZAILEAREN BABESAREN PRINTZIPIO OROKORRAK
Otsailaren 20ko 2/2023 Legearen VII. Tituluaren “Babes-neurriak” xedatutakoaren arabera, Informazio Sistemak bermatuko du arau-hausteen eta ustelkeriaren aurkako borroka salatzen duten pertsonek babes-neurri hauek izango dituztela:
8.1.- Babes baldintzak
1. 2. atalean aurreikusitakoen urraketak jakinarazten edo agerian jartzen dituzten pertsonek babeserako eskubidea izango dute, baldin eta inguruabar hauek gertatzen badira:
a) Aipatutako informazioa komunikazioa edo ezagutzera emateko unean egiazkoa dela uste duten arrazoizko arrazoiak dituzte, nahiz eta froga erabakigarririk eman ez, eta aipatutako informazioa Legearen aplikazio-eremuan sartzen dela.
b) Komunikazioa edo zabalkundea Legean aurreikusitako betekizunen arabera egin da.
2. Komunikatzen edo agerian jartzen duten pertsonak espresuki baztertuta daude Legeak emandako babesetik:
a) Barneko informazio-kanal baten bidez edo Agintaritza Independentearen bidez onartezinak izan diren komunikazioetan jasotako informazioa.
b) Pertsonen arteko gatazkei buruzko erreklamazioei lotutako informazioa edo informatzaileari eta komunikazioa edo jakinarazpena aipatzen zaien pertsonei soilik eragiten dieten informazioa.
c) Dagoeneko publikoarentzat guztiz eskuragarri dagoen edo zurrumurru hutsak diren informazioa.
d) Legearen aplikazio-esparruan sartzen ez diren ekintza edo hutsuneei erreferentzia egiten dien informazioa.
3. Ekintzei edo hutsegiteei buruzko informazioa modu anonimoan helarazi edo publikoki ezagutarazi dutenek, baina gero identifikatu eta Legean aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenek, bertan jasotzen duten babeserako eskubidea izango dute.
4. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko urriaren 23ko 2019/1937 Zuzentarauaren (EB) 2019/1937 Zuzentarauaren aplikazio-eremuan sartzen diren Europar Batasuneko erakunde, organo edo agentziei dagozkion arau-hausteen berri ematen dieten pertsonek eskubidea izango dute. babesa, Legean xedatutakoaren arabera, kanpoko bideetatik salatu duen pertsona baten baldintza beretan.
8.2.- Mendekuen debekua
1. Berariaz debekatuta daude errepresalia osatzen duten ekintzak, menpeko mehatxuak eta Legeak ezarritakoaren arabera komunikazio bat aurkezten duten pertsonen aurkako mendeku-saiakerak barne.
2. Mendekua legeak debekatuta dagoen edo, zuzenean edo zeharka, jasaten duten pertsonak besteekiko desabantaila berezian jartzen dituen tratu desegokia dakarren edozein ekintza edo ez-egitetzat hartzen da lan edo lan-testuinguru profesionalagatik soilik. informatzaile gisa, edo ezaguera publiko bat egin izanagatik.
3. Legean xedatutakoaren ondorioetarako, eta adibide gisa, errepresaliatutzat hartuko dira honela hartzen direnak:
a) Lan-kontratua etetea, lan-harremana edo estatutu-harremana kaleratzea edo etetea, aldi baterako lan-kontratua ez berritzea edo lehenago etetea barne, proba-aldia igarotakoan, edo ondasun-kontratuak aurreratu edo deuseztatzea edo. zerbitzuak, edozein diziplina-neurri ezartzea, mailaz igotzea edo igoera ukatzea eta lan-baldintzen funtsezko beste edozein aldaketa eta aldi baterako lan-kontratua mugagabea ez bihurtzea, langileak itxaropen legitimoa izango balu. lanpostu finkoa eskaini zuen; neurri horiek lan-legediaren edo dagokion langile publikoaren egoera arautzen duen legeriaren babespean dagoen kudeaketa-ahalmenaren ohiko egikaritzaren barruan gauzatu ez badira behintzat, frogatutako inguruabar, egitate edo arau-hausteengatik, eta komunikazioa aurkeztearekin zerikusirik ez dutenak.
b) Larderia, jazarpena edo ostrazismoa.
c) Lanaren edo lanbide-errendimenduaren inguruko balorazio negatiboa edo erreferentziak.
d) Zerrenda beltzetan sartzea edo sektore-eremu jakin bateko informazioa zabaltzea, enplegurako sarbidea edo obrak edo zerbitzuak kontratatzea oztopatzen edo eragozten duena.
e) Lizentzia edo baimena ukatzea edo baliogabetzea.
f) Prestakuntza ukatzea.
g) Diskriminazioa, edo tratu desegokia edo bidegabea.
4. Bi urteko epea igaro ondoren komunikazioa edo ezagutarazteagatik bere eskubideak urratuta ikusten dituenak babesa eskatu ahal izango dio Deputatzaileen Babeserako Agintaritza Independenteari, eta, salbuespenez eta justifikatuta, babes-epea luzatu ahal izango du. eragin dezake.
5. Deusezak izango dira komunikazioak eta jakinarazpenak aurkeztea eragotzi edo oztopatu nahi duten administrazio-egintzak, bai eta Legearen araberakoak aurkeztu ondoren errepresalia edo diskriminazioa eragiten dutenak ere, eta, hala badagokio, diziplina-zigorra ekarriko dute. edo erantzukizuneko neurri zuzentzaileak, kaltetuari kalte-ordainengatik dagokion kalte-ordaina izan dezaketenak.
8.3.- Mendekuen aurkako babes-neurriak
1. 2. atalean jasotako ekintzei edo hutsegiteei buruzko informazioa helarazten duten pertsonek edo 2/2023 Legearen arabera jendaurrean jartzen dutenek ez dute informazioa zabaltzeko mugarik urratu dutenik, eta ez dute inolako erantzukizunik izango. Komunikazio edo dibulgazio publiko horri dagokionez, baldin eta informazio horren komunikazio publikoa edo zabalkundea beharrezkoa zela uste izateko arrazoizko arrazoiak bazituzten legediaren arabera egintza edo ez-egite bat agerian jartzeko, eta hori guztia aplikagarriak diren babes-arau espezifikoetan xedatutakoaren kaltetan izan gabe. lan araudiaren arabera. Neurri horrek ez du eraginik izango erantzukizun penaletan.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa langileen ordezkariek egindako informazioaren komunikaziora hedatzen da, nahiz eta isilpeko lege-betebeharrak izan edo isilpeko informazioa ez ezagutzera emateko. Hori guztia, lan-araudiaren arabera aplikagarriak diren berariazko babes-arauei kalterik egin gabe.
2. Pertsona informatzaileek ez dute erantzukizunik izango publikoki komunikatuta edo agerian jartzen den informazioa eskuratzeagatik edo eskuratzeagatik, baldin eta eskuratze edo sarbide horiek delitutzat ez badira.
3. Komunikazio publikoarekin edo ezagutaraztearekin zerikusirik ez duten edo Legearen arabera arau-hauste bat agerian uzteko beharrezkoak ez diren ekintzen edo ez-egiteen ondoriozko beste edozein erantzukizun betearazlea izango da aplikagarria den araudiaren arabera.
4. Salaketa egiten duten pertsonek jasandako kalteei buruzko auzitegi edo beste agintari baten aurrean egindako prozeduretan, salaketa egiten duenak arrazoiz frogatu duenean legearen arabera jakinaraztea edo publikoa egin duela eta kaltea jasan duela, salaketa egiteagatik edo jendaurrean jartzeagatik mendeku gisa gertatu dela uste izango da. Halakoetan, neurri kaltegarria hartu duenari dagokio neurria behar bezala justifikatutako arrazoietan oinarritu dela frogatzea jendaurreko komunikazioarekin edo ezagutaraztearekin loturarik ez duten arrazoietan.
5. Prozedura judizialetan, difamazioari, egile-eskubideen urraketari, sekretuaren urraketari, datuen babesari buruzko arauak urratzeari, negozio-sekretuak ezagutarazteari edo lan- edo estatutu-legeetan oinarritutako kalte-ordainei buruzkoak barne, informatzaileek ez dute inolako erantzukizunik izango. hark babestutako komunikazio edo dibulgazio publikoak. Pertsona horiek beren defentsan eta aipatutako prozesu judizialen esparruan alegatzeko eskubidea izango dute, jakinarazpen publiko bat jakinarazi edo egin izana, baldin eta komunikazioa edo jendaurrean ezagutzera ematea beharrezkoa izan zela uste badute arau-hauste bat agerian uzteko. 2/2023 Legearen arabera.
8.4.- Eragindako pertsonak babesteko neurriak
Espedientea izapidetzean, komunikazioaren eraginpeko pertsonek errugabetasun-presuntzioa eta fitxategira sartzeko eskubidea izango dute 2/2023 Legean aurreikusitako baldintzetan, baita babes bera ere. informatzaileentzat ezarrita. , haien nortasuna gordez eta prozedurako egitateen eta datuen konfidentzialtasuna bermatuz.
8.5.- Zehapena salbuesteko eta arintzeko kasuak
1. Informazioaren xede den arau-hauste administratiboa egitean parte hartu duen pertsona informazioa aurkeztuz horren existentziaz jakinarazten duena denean eta prozedura hasi baino lehen aurkeztu bada. edo zigortzailea, prozedura ebazteko eskumena duen organoak, ebazpen arrazoituaren bidez, dagokion administrazio-zehapena betetzetik salbuetsi ahal izango zaitu, betiere espedientean puntu hauek frogatzen badira:
a) Komunikazioa edo zabalkundea aurkezteko unean arau-haustea egiteari utzi eta, hala badagokio, bertan parte hartu duten edo alde egin duten gainerako pertsonak identifikatu izana.
b) Ikerketa-prozedura osoan zehar guztiz, etengabe eta arduraz lankidetzan aritu izana.
c) Ikertutako egitateak egiaztatzeko informazio egiazko eta garrantzitsua, froga-bide edo datu esanguratsuak eman izana, horiek suntsitzen edo ezkutatzen hasi gabe, ezta haien edukia hirugarrenei, zuzenean edo zeharka, ezagutarazi izana.
d) Zuri egotzitako kalteak konpontzeari ekin izana.
2. Baldintza horiek oso-osorik betetzen ez direnean, kaltearen konponketa partziala barne, Deputatzaileak Babesteko Agintaritza Independentearen esku geratuko da, espedientea ebazteko ekarpen-maila baloratu ondoren, zehapena arintzeko aukera. egin den arau-hausteari aplikagarria izango zitzaion, baldin eta jakinarazlea edo ezagutaraztearen egilea aurretik prozedurari hasiera eman dioten izaera bereko egitateengatik zigortua izan ez bada.
3. Arau-haustea burutzen duten gainerako partaideei hedatu ahal izango zaie zehapenaren arintzea, gertakariak argitzeko, gainerako parte-hartzaileen identifikaziorako eta eragindako kaltea konpontzeko edo murrizteko lankidetza aktibo mailaren arabera. organo arduraduna.ebazpenaren.
4. Otsailaren 20ko 2/2023 Legeak, arau-hausteak salatzen dituzten pertsonen babesa eta ustelkeriaren aurkako borroka arautzen dituenak, atal honetako xedapenetatik kanpo uzten ditu Lehiaren Defentsako uztailaren 3ko 15/2007 Legean ezarritako arau-hausteak.
8.6.- Eragindako pertsonen datu pertsonalak babesteko neurriak
2/2023 Legea aplikatzearen ondoriozko datu pertsonalen tratamendua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak Lege Organikoan ezarritakoaren arabera arautuko da. Abenduaren 5eko 3/2018 Legea, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, eta prebentzio, detekzio, ikerketa eta epaiketa helburuetarako tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoan. delitu penalak eta zigor penalak betearaztea.
Barne informazio-sistemak baimenik gabeko sarbidea eragotziko du, eta kaltetutako pertsonei (salatzen duen pertsona eta salatutako pertsona, hala badagokio) eta emandako informazioan aipatzen den hirugarren pertsonaren nortasuna gordeko du eta konfidentzialtasuna bermatuko du. salaketa egiten duen pertsonaren identitatea identifikatu bada. Salaketa egiten duen pertsonaren nortasuna agintaritza judizialari, Fiskaltzari edo administrazio-agintari eskudunari soilik jakinarazi ahal izango zaio ikerketa penal, diziplina edo zehapen baten esparruan, eta kasu horiek aplikagarria den araudian ezarritako bermeen mende egongo dira.
Jasotako informazioak babes bereziko datu pertsonalak baditu, berehala ezabatuko da, salbu eta tratamendua ezinbestekoa den interes publikoko arrazoiengatik (EB) Erregelamenduaren 9.2.g) artikuluan xedatutakoaren arabera. ) 2016/679, 2/2023 Legearen 30.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Edonola ere, informazio zehatza prozesatzeko garrantzitsuak ez diren datu pertsonalak ez dira bilduko edo, ustekabean bilduz gero, beharbada atzerapenik gabe ezabatuko dira.
Prozesatu gabeko komunikazioak modu anonimoan soilik erregistratu ahal izango dira, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 32. artikuluan aurreikusitako blokeo-betebeharra aplikatu gabe.
8. Datuen babesari buruzko ekintzak
Berdintasun Sailburuordetza izango da datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, datu pertsonalak babesteari buruzko araudian ezarritakoaren arabera.
Berdintasun Ministerioaren datu pertsonalak tratatzeko jardueren Erregistroa eguneratu da, barne informazio sistematik eratorritako datu pertsonalak tratatzeko jarduera txertatzeko. Era berean, barne informazio sistemaren artikulazioak datuen babesarekin lotutako inpaktuaren ebaluazioa (DPIA) egitea barne hartu du.
Legeak barne informazio sisteman datu pertsonaletarako sarbidea mugatzea aurreikusten du.
9. Publizitatea
EBF CONSULTING, S.L.k bere webgunean argitaratu du ezarrita dagoen barne informazio-kanalaren erabilerari buruzko informazio guztia, baita kudeaketa-prozeduraren funtsezko printzipioak eta egoitza elektronikoko gutxieneko beste eduki batzuk ere. Legearen arabera babesteko baldintzak, kanpoko informazio-kanaletarako harremanetarako datuak, komunikazioei aplikatzekoa den konfidentzialtasun-erregimena eta, bereziki, datu pertsonalen tratamenduari edo harremanetarako datuei buruzko informazioa, A.A.I. edo kasuan kasuko agintaritza edo organo eskuduna.
Stratégie du système d'information interne et de protection des personnes
INFORMATEUR DE L'ENTREPRISE
Loi 2/2023, du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des infractions réglementaires et la lutte contre la corruption, publiée au BOE numéro 4, du 21 février, par laquelle elle est transposée Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (ci-après la « Loi » ou la « Loi 2/2023 »), s’articule autour de la collaboration citoyenne comme élément essentiel et indispensable garantir l’efficacité de la loi. À cette fin, la loi inclut comme objectifs les deux principaux objectifs de la directive :
-Fournir une protection adéquate contre les représailles aux personnes qui signalent des actions ou des omissions qui constituent des violations du système juridique et renforcer la culture de l'information en établissant un système d'information qui comprend le canal, le responsable et la procédure de gestion de l'information, constituant les garanties et les aspects minimaux que le système doit satisfaire, y compris le traitement des données personnelles et la publicité.
La loi protège ceux qui alertent sur certaines catégories de violations du système judiciaire telles que a) les infractions pénales (délits), b) les infractions administratives graves ou très graves et c) les infractions au droit de l'Union européenne qui portent atteinte aux intérêts financiers des l'Union européenne.
Cette stratégie répond à l'obligation établie à l'article 5.2 h) de la loi de disposer d'une politique ou d'une stratégie qui énonce les principes généraux concernant les systèmes d'information internes et la défense de l'informateur.
1.- SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE
Le système interne de EBF CONSULTING, S.L. est structuré autour de trois éléments :
- Canal interne.
- Responsable du système d'information.
- Procédure de gestion des informations.
2.- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME D'INFORMATION INTERNE
Pour que le système soit efficace, EBF CONSULTING, S.L. veillera à ce qu'il soit conforme à toutes les exigences établies dans la loi 2/2023. Parmi eux, il convient de souligner :
a) Permettre à toutes les personnes incluses dans le champ d'application personnel de la Loi de communiquer des informations sur les infractions prévues dans le champ d'application matériel de la présente Stratégie.
b) Garantir la confidentialité de l'identité de la personne déclarante, ainsi que de tout tiers mentionné dans la communication et des actions réalisées dans la gestion et le traitement de celle-ci, ainsi que la protection des données, empêcher l'accès par du personnel non autorisé.
c) Autoriser la présentation d'informations par écrit, ou verbalement, ou les deux.
e) S'assurer que les communications soumises peuvent être traitées efficacement dans EBF CONSULTING, S.L..
f) Avoir un gestionnaire de système, dans les termes prévus à l'article 8 de la loi 2/2023.
h) Avoir une stratégie concernant le système d'information interne et la défense de l'informateur.
i) Disposer d'une procédure de gestion des informations reçues.
j) Établir des garanties pour la protection des informateurs conformément à la loi 2/2023.
3. CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL DU SYSTÈME D'INFORMATION INTERNE
Le système d'information interne du EBF CONSULTING, S.L. permet la réception de communications d'informations liées à des événements pouvant impliquer, dans le cadre de ses attributions :
a) Actions ou omissions pouvant constituer des violations du droit de l'Union européenne à condition que :
1.- Ils entrent dans le champ d'application des actes de l'Union énumérés à l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, quelle que soit la qualification que l'ordre juridique interne en fait.
À cette fin, il convient de garder à l'esprit que la directive susmentionnée établit des normes minimales communes pour la protection des personnes qui signalent les violations suivantes du droit de l'Union dans les domaines suivants :
i) marchés publics, ii) services, produits et marchés financiers, et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, iii) sécurité et conformité des produits, iv) sécurité des transports, v) protection de l'environnement, vi) radioprotection et sûreté nucléaire , vii) la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé animale et le bien-être des animaux, viii) la santé publique, ix) la protection des consommateurs, x) la protection de la vie privée et des données personnelles, et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.
2.- Affecter les intérêts financiers de l'Union européenne tels que prévus à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; o
3.- Affecter le marché intérieur, comme prévu à l'article 26, paragraphe 2 du TFUE, y compris les infractions aux règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides accordées par les États, ainsi que les infractions relatives au marché intérieur en relation avec des actes qui enfreindre les règles ou pratiques en matière d'impôt sur les sociétés dont le but est d'obtenir un avantage fiscal portant atteinte à l'objet ou au but de la législation applicable à l'impôt sur les sociétés.
b) Actions ou omissions pouvant constituer une infraction pénale ou administrative grave ou très grave. Dans tous les cas, seront comprises toutes les infractions pénales ou administratives graves ou très graves qui impliquent des pertes économiques pour le Trésor Public et la Sécurité Sociale.
c) Infractions au droit du travail en matière de sécurité et de santé au travail signalées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions de leur réglementation spécifique.
4.- CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU SYSTÈME D'INFORMATION INTERNE
Les informations reçues des informateurs qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre de travail ou professionnel de EBF CONSULTING, S.L. seront reçues, traitées et surveillées, y compris dans tous les cas :
a) Les personnes qui ont le statut d'employés, de travailleurs salariés.
b) Personnes autonomes.
c) Actionnaires, participants et personnes appartenant à l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, y compris les membres non exécutifs.
d) Toute personne qui travaille pour ou sous la supervision et la direction d'entrepreneurs, de sous-traitants et de fournisseurs.
e) Les informateurs qui communiquent ou révèlent publiquement des informations sur des infractions obtenues dans le cadre d'un emploi ou d'une relation statutaire déjà terminée, les bénévoles, les stagiaires, les travailleurs en stage, qu'ils perçoivent ou non une rémunération, ainsi que ceux dont la relation de travail n'a pas encore commencé, dans les cas où des informations sur des infractions ont été obtenues au cours du processus de sélection ou de négociation précontractuelle.
5.- RESPONSABLE DU SYSTÈME
Le responsable du système d'information est désigné par EBF CONSULTING, S.L.. La désignation doit être notifiée à l'A.A.I (Independent Whistleblower Protection Authority).
Le responsable du Système doit exercer ses fonctions de manière indépendante et autonome par rapport au reste des organes de l'entité, ne peut recevoir d'instructions d'aucune sorte dans son exercice et doit disposer de tous les moyens personnels et matériels nécessaires. les exécuter.
6. CANAL INTERNE
Le canal d'information interne du EBF CONSULTING, S.L. est intégré au système d'information interne et permet la présentation d'informations concernant les infractions prévues par la loi.
Grâce au canal, les communications peuvent être établies par écrit ou verbalement, ou dans les deux sens. Les informations peuvent être communiquées par écrit, soit par courrier postal, soit par le canal prévu à cet effet, soit verbalement, par téléphone.
À la demande du déclarant, elle peut également être présentée lors d'un entretien présentiel dans un délai maximum de sept jours.
Par conséquent, les moyens de déposer une plainte sont les suivants :
a) En ligne : via l'accès au canal de réclamation interne de EBF CONSULTING, S.L. :
CANAL URL POUR LES PLAINTES
a. Par écrit.
Par courrier postal : envoi de la réclamation et, le cas échéant, des documents que vous fournissez, à l'adresse suivante :
Responsable du système d'information interne.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
b. Verbalement, par téléphone en appelant le téléphone ( ) en indiquant le motif de l'appel (communication à une personne désignée du canal d'information/réclamation)< /p>
c) En personne : demander une réunion en personne via le canal de réclamation interne EBF CONSULTING, S.L..
Le canal d'information interne permet la présentation, le traitement et l'échange ultérieurs de communications anonymes, si la personne déclarante le décide.
7. PROCÉDURE DE GESTION DES INFORMATIONS
Cette procédure est articulée dans un protocole et comprend les phases suivantes :
1. Initiation
a. Présentation des informations
b. Procédure d'admission
2. Instruction
3. Résiliation
La loi établit le contenu minimum que doit inclure cette procédure, qui est le suivant :
- Identification des canaux internes auxquels il est associé.
- Informations sur les canaux externes.
- Accusé de réception de la communication dans un délai de 7 jours calendaires.
- Délai maximum pour répondre aux enquêtes ne dépassant pas 3 mois.
- Prévoir la possibilité de maintenir la communication avec le déclarant et de demander des informations complémentaires.
- Droit de la personne concernée d'être informée et entendue à tout moment.
- Lorsque la communication est envoyée à du personnel non compétent, ledit personnel aura l'obligation d'envoyer immédiatement la communication au responsable du système et devra garantir la confidentialité. Si vous ne respectez pas votre devoir de confidentialité, vous pourrez être sanctionné pour un manquement très grave.
- Présomption d'innocence et droit à l'honneur des personnes concernées.
- Protection des données personnelles.
- Transmission de l'information au Parquet ou au Parquet européen, lorsque les faits peuvent constituer un délit ou porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, respectivement.
8.- PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PROTECTION DE LA PERSONNE DÉCLARANT
Conformément au titre VII « Mesures de protection » de la loi 2/2023 du 20 février, le système d'information garantira que les personnes qui signalent des infractions à la réglementation et à la lutte contre la corruption bénéficient des mesures de protection suivantes :
8.1.- Conditions de protection
1. Les personnes qui communiquent ou révèlent des violations de celles prévues à l'article 2 auront droit à la protection à condition que les circonstances suivantes s'appliquent :
a) Ils ont des motifs raisonnables de croire que les informations mentionnées sont véridiques au moment de la communication ou de la divulgation, même s'ils ne fournissent pas de preuves concluantes, et que les informations susmentionnées entrent dans le champ d'application de la loi.
b) La communication ou la divulgation a été effectuée conformément aux exigences prévues par la loi.
2. Les personnes qui communiquent ou révèlent sont expressément exclues de la protection prévue par la loi :
a) Informations contenues dans des communications qui ont été irrecevables via un canal d'information interne ou par l'autorité indépendante.
b) Informations liées à des réclamations concernant des conflits interpersonnels ou qui affectent uniquement l'informateur et les personnes auxquelles la communication ou la divulgation fait référence.
c) Informations déjà entièrement accessibles au public ou qui constituent de simples rumeurs.
d) Informations faisant référence à des actions ou omissions non incluses dans le champ d'application matérielle de la loi.
3. Les personnes qui ont communiqué ou révélé publiquement des informations sur des actions ou des omissions de manière anonyme, mais qui ont ensuite été identifiées et remplissent les conditions prévues par la loi, auront droit à la protection qu'elle contient.
4. Les personnes qui signalent aux institutions, organes ou agences compétents de l'Union européenne des infractions entrant dans le champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 auront le droit de protection conformément aux dispositions de la Loi dans les mêmes conditions qu'une personne ayant signalé par des voies externes.
8.2.- Interdiction des représailles
1. Les actes constituant des représailles, y compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles contre les personnes qui soumettent une communication conformément aux dispositions de la loi, sont expressément interdits.
2. Par représailles, on entend tout acte ou omission interdit par la loi ou qui, directement ou indirectement, implique un traitement défavorable qui place les personnes qui en souffrent dans une situation particulièrement désavantageuse par rapport aux autres dans le cadre du travail ou de la profession. statut d'informateur, ou pour avoir fait une divulgation publique.
3. Aux fins des dispositions de la Loi, et à titre d'exemple, sont considérées comme représailles celles qui sont adoptées sous la forme de :
a) Suspension du contrat de travail, licenciement ou résiliation de la relation de travail ou statutaire, y compris le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire une fois la période d'essai écoulée, ou la résiliation anticipée ou l'annulation de contrats de biens ou services, l'imposition de toute mesure disciplinaire, la rétrogradation ou le refus de promotion et toute autre modification substantielle des conditions de travail et la non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, dans le cas où le travailleur avait des attentes légitimes de ce qu'il serait offert un emploi permanent; à moins que ces mesures aient été réalisées dans le cadre de l'exercice régulier du pouvoir de direction sous la protection de la législation du travail ou de la législation régissant le statut de l'agent public correspondant, en raison de circonstances, de faits ou d'infractions prouvés, et sans rapport avec la présentation de la communication. p>
b) Intimidation, harcèlement ou ostracisme.
c) Évaluation ou références négatives concernant le travail ou la performance professionnelle.
d) Inclusion sur des listes noires ou diffusion d'informations dans un certain domaine sectoriel, qui entrave ou empêche l'accès à l'emploi ou à la passation de marchés de travaux ou de services.
e) Refus ou annulation d'une licence ou d'un permis.
f) Refus de formation.
g) Discrimination ou traitement défavorable ou injuste.
4. La personne qui voit ses droits violés en raison de sa communication ou de sa divulgation après l'expiration du délai de deux ans peut demander une protection auprès de l'Autorité indépendante de protection des lanceurs d'alerte qui, à titre exceptionnel et justifié, peut prolonger la période de protection après avoir entendu les personnes ou les organismes qui l'ont signalé. pourrait être affecté.
5. Les actes administratifs visant à empêcher ou à entraver la présentation des communications et des divulgations, ainsi que ceux qui constituent des représailles ou provoquent une discrimination après la présentation de celles prévues par la loi, seront nuls et donneront lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires. ou des mesures correctives en matière de responsabilité, qui peuvent inclure l'indemnisation correspondante des dommages causés à la personne lésée.
8.3.- Mesures de protection contre les représailles
1. Les personnes qui communiquent des informations sur les actions ou omissions incluses dans l'article 2 ou qui font une divulgation publique conformément à la loi 2/2023 ne seront pas considérées comme ayant violé toute restriction à la divulgation d'informations et n'encourront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. en ce qui concerne une telle communication ou divulgation publique, à condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire que la communication publique ou la divulgation de ces informations était nécessaire pour révéler un acte ou une omission en vertu de ladite loi, le tout sans préjudice des dispositions des normes de protection spécifiques applicables. conformément à la réglementation du travail. Cette mesure n'affectera pas les responsabilités pénales.
Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent à la communication d'informations effectuée par les représentants des travailleurs, même s'ils sont soumis à des obligations légales de secret ou de ne pas révéler d'informations confidentielles. Tout cela sans préjudice des règles spécifiques de protection applicables conformément à la réglementation du travail.
2. Les personnes informatrices n'encourront aucune responsabilité en ce qui concerne l'acquisition ou l'accès à des informations communiquées ou révélées publiquement, à condition que cette acquisition ou cet accès ne constitue pas un délit.
3. Toute autre responsabilité éventuelle des personnes signalant des actes ou des omissions qui ne sont pas liés à la communication ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation de la loi sera exécutoire conformément à la réglementation applicable.
4. Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal ou une autre autorité relative au préjudice subi par l'auteur du signalement, une fois que l'auteur du signalement a raisonnablement démontré qu'il a communiqué ou fait une divulgation publique conformément à la loi et qu'il a subi un préjudice, le préjudice sera présumé avoir eu lieu en représailles à un signalement ou à une divulgation publique. Dans de tels cas, il appartiendra à la personne qui a pris la mesure dommageable de prouver que la mesure était fondée sur des raisons dûment justifiées et non liées à la communication ou à la divulgation publique.
5. Dans le cadre de procédures judiciaires, y compris celles liées à la diffamation, à la violation du droit d'auteur, à la violation du secret, à la violation des règles de protection des données, à la divulgation de secrets d'affaires ou aux demandes d'indemnisation fondées sur le droit du travail ou le droit statutaire, les lanceurs d'alerte n'encourront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. des communications ou des divulgations publiques protégées par celui-ci. Lesdites personnes auront le droit d'alléguer pour leur défense et dans le cadre des procédures judiciaires susmentionnées, avoir communiqué ou fait une divulgation publique, à condition qu'elles aient des motifs raisonnables de croire que la communication ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une infraction. en vertu de la loi 2/2023.
8.4.- Mesures de protection des personnes affectées
Pendant le traitement du dossier, les personnes concernées par la communication auront droit à la présomption d'innocence et au droit d'accès au dossier dans les termes prévus par la loi 2/2023, ainsi qu'à la même protection. établi pour les informateurs. , préservant leur identité et garantissant la confidentialité des faits et des données de la procédure.
8.5.- Cas d'exonération et d'atténuation de la sanction
1. Lorsqu'une personne ayant participé à la commission de l'infraction administrative faisant l'objet de la dénonciation est celle qui informe de son existence en présentant l'information et à condition que celle-ci ait été présentée avant que l'ouverture de la procédure ait été notifiée. ou sanctionneur, l'organisme compétent pour résoudre la procédure, au moyen d'une résolution motivée, peut vous dispenser du respect de la sanction administrative qui vous correspond à condition que les points suivants soient prouvés au dossier :
a) Avoir cessé de commettre l'infraction au moment de la présentation de la communication ou de la divulgation et identifié, le cas échéant, le reste des personnes qui y ont participé ou l'ont favorisé.
b) Avoir coopéré pleinement, continuellement et avec diligence tout au long de la procédure d'enquête.
c) Avoir fourni des informations véridiques et pertinentes, des moyens de preuve ou des données significatives pour l'accréditation des faits instruits, sans avoir procédé à leur destruction ou à leur dissimulation, ni avoir révélé leur contenu à des tiers, directement ou indirectement. .
d) Avoir procédé à la réparation des dommages causés qui leur sont imputables.
2. Lorsque ces exigences ne sont pas entièrement remplies, y compris la réparation partielle du préjudice, il sera à la discrétion de l'Autorité indépendante de protection des informateurs, après avoir apprécié le degré de contribution à la résolution du dossier, la possibilité d'atténuer la sanction qui aurait correspondu à l'infraction commise, à condition que l'informateur ou l'auteur de la divulgation n'ait pas été préalablement sanctionné pour des faits de même nature ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure.
3. L'atténuation de la sanction peut être étendue au reste des participants à la commission de l'infraction, en fonction du degré de collaboration active dans la clarification des faits, l'identification des autres participants et la réparation ou la réduction du dommage causé, tel qu'évalué par le organisme chargé de la résolution.
4. La loi 2/2023 du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des infractions réglementaires et la lutte contre la corruption, exclut des dispositions de cette section les infractions établies dans la loi 15/2007 du 3 juillet, défense de la concurrence.
8.6.- Mesures visant à protéger les données personnelles des personnes concernées
Le traitement des données personnelles résultant de l'application de la loi 2/2023 sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dans la loi organique. Loi 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques et dans la loi organique 7/2021 du 26 mai sur la protection des données personnelles traitées à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuites des infractions pénales et l'exécution des sanctions pénales.
Le système d'information interne empêchera tout accès non autorisé et préservera l'identité et garantira la confidentialité des données correspondant aux personnes concernées (personne déclarante et personne signalée, le cas échéant) et à tout tiers mentionné dans les informations fournies, notamment le l'identité de la personne déclarante si elle a été identifiée. L'identité de l'informateur ne pourra être communiquée à l'autorité judiciaire, au ministère public ou à l'autorité administrative compétente que dans le cadre d'une enquête pénale, disciplinaire ou sanctionnante, et ces cas seront soumis aux garanties établies dans la réglementation applicable.
Si les informations reçues contiennent des données personnelles soumises à une protection particulière, elles seront immédiatement supprimées, sauf si le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public essentiel conformément aux dispositions de l'article 9.2.g) du Règlement (UE). ) 2016/679, comme prévu à l'article 30.5 de la loi 2/2023.
Dans tous les cas, les données personnelles dont la pertinence n'est pas évidente pour le traitement d'informations spécifiques ne seront pas collectées ou, si elles sont collectées par accident, elles seront supprimées sans retard injustifié.
Les communications qui n'ont pas été traitées ne peuvent être enregistrées que sous forme anonymisée, sans que l'obligation de blocage prévue à l'article 32 de la loi organique 3/2018 du 5 décembre ne soit applicable.
8. Actions concernant la protection des données
Le Sous-secrétaire à l'Égalité sera responsable du traitement des données personnelles conformément aux dispositions de la réglementation sur la protection des données personnelles.
Le registre des activités de traitement des données personnelles du ministère de l'Égalité a été mis à jour pour intégrer l'activité de traitement des données personnelles dérivée du système d'information interne. De même, l'articulation du système d'information interne a inclus la réalisation d'une analyse d'impact liée à la protection des données (DPIA).
La Loi prévoit la limitation de l'accès aux données personnelles dans le système d'information interne.
9. Publicité
EBF CONSULTING, S.L. a publié sur son site Internet toutes les informations liées à l'utilisation du canal d'information interne mis en place, ainsi que les principes essentiels de la procédure de gestion et autres contenus minimaux dans le siège électronique tels que les conditions pour bénéficier de la protection prévue par la Loi, les coordonnées des canaux d'information externes, le régime de confidentialité applicable aux communications et, notamment, les informations sur le traitement des données personnelles ou les données de contact de l'Autorité Indépendante de Protection des Lanceurs d'Alerte, A.A.I. ou l'autorité ou l'organisme compétent en question.
Estratexia do sistema interno de información e protección persoal
INFORMANTE DA EMPRESA
A Lei 2/2023, do 20 de febreiro, pola que se regula a protección das persoas que denuncian infraccións regulamentarias e a loita contra a corrupción, publicada no BOE número 4, do 21 de febreiro, pola que se traspón a Directiva (UE) 2019/1937. do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019, relativo á protección das persoas que denuncian infraccións do Dereito da Unión (en diante a «Lei» ou a «Lei 2/2023»), articúlase arredor da colaboración cidadá como elemento esencial e esencial. para garantir a efectividade da Lei. Para iso, a Lei recolle como finalidades os dous obxectivos principais da Directiva:
-Proporcionar unha adecuada protección fronte a represalias ás persoas que denuncien accións ou omisións que constitúan violacións do ordenamento xurídico e reforzar a cultura da información mediante o establecemento dun sistema de información que inclúa a canle, o responsable e o procedemento de xestión da información, constituíndo as garantías. e aspectos mínimos que debe satisfacer o sistema, incluído o tratamento de datos persoais e a publicidade.
A Lei protexe a quen alerta sobre determinadas categorías de infraccións do ordenamento xurídico como a) infraccións penais (delitos), b) infraccións administrativas graves ou moi graves e c) infraccións do dereito da Unión Europea que afecten aos intereses financeiros dos a Unión Europea.
A presente Estratexia responde á obriga establecida no artigo 5.2 h) da Lei de contar cunha política ou estratexia que recoñeza os principios xerais en materia de sistemas internos de información e defensa do informante.
1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DA EMPRESA
O sistema interno de EBF CONSULTING, S.L. estrutúrase en torno a tres elementos:
- Canle interno.
- Responsable do Sistema de Información.
- Procedemento de xestión da información.
2.- PRINCIPIOS XERAIS DO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA
Para que o sistema sexa efectivo, EBF CONSULTING, S.L. velará por que cumpra todos os requisitos establecidos na Lei 2/2023. Entre eles, cabe destacar:
a) Permitir que todas as persoas incluídas no ámbito persoal de aplicación da Lei poidan comunicar información sobre as infraccións previstas no ámbito material desta Estratexia.
b) Garantir a confidencialidade da identidade da persoa denunciante, así como de calquera terceiro mencionado na comunicación e das actuacións realizadas na xestión e tratamento da mesma, así como a protección de datos. impedindo o acceso de persoal non autorizado.
c) Permitir a presentación de información por escrito, ou verbalmente, ou ambas.
e) Asegúrese de que as comunicacións enviadas poidan ser tratadas de forma eficaz dentro de EBF CONSULTING, S.L..
f) Contar cun xestor do sistema, nos termos previstos no artigo 8 da Lei 2/2023.
h) Dispoñer dunha estratexia en materia de sistema de información interno e defensa do informante.
i) Dispoñer dun procedemento para xestionar a información recibida.
j) Establecer garantías para a protección dos informantes segundo a Lei 2/2023.
3. MATERIAL ÁMBITO DE APLICACIÓN DO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA
O sistema de información interno do EBF CONSULTING, S.L. permite a recepción de comunicacións de información relativas a eventos que poidan implicar, no ámbito das súas competencias:
a) As accións ou omisións que poidan constituír infraccións do Dereito da Unión Europea sempre que:
1.- Están dentro do ámbito de aplicación dos actos da Unión que figuran no anexo da Directiva (UE) 2019/1937, independentemente da clasificación que o ordenamento xurídico interno faga deles.
Para iso, cómpre ter en conta que a citada Directiva establece normas mínimas comúns para a protección das persoas que denuncian as seguintes infraccións do Dereito da Unión relativas aos seguintes ámbitos:
i) compras públicas, ii) servizos financeiros, produtos e mercados, e prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, iii) seguridade e cumprimento dos produtos, iv) seguridade do transporte, v) protección ambiental, vi) protección radiolóxica e seguridade nuclear , vii) seguridade de alimentos e pensos, saúde e benestar animal, viii) saúde pública, ix) protección dos consumidores, x) protección da privacidade e dos datos persoais, e seguridade das redes e dos sistemas de información.
2.- Afectar aos intereses financeiros da Unión Europea conforme o contemplado no artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE); o
3.- Afectar ao mercado interior, tal e como se contempla no artigo 26, parágrafo 2, do TFUE, incluíndo as infraccións das normas da Unión en materia de competencia e axudas concedidas polos Estados, así como as infraccións relativas ao mercado interior en relación con actos que infrinxir normas ou prácticas do imposto de sociedades que teñan como finalidade a obtención dunha vantaxe fiscal que menoscabe o obxecto ou finalidade da lexislación aplicable ao imposto de sociedades.
b) As accións ou omisións que poidan constituír infracción penal ou administrativa grave ou moi grave. En todo caso, entenderanse incluídas todas as infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves que supoñan prexuízo económico para a Facenda Pública e a Seguridade Social.
c) As infraccións do dereito laboral en materia de seguridade e saúde no traballo que sexan denunciadas polos traballadores, sen prexuízo do disposto na súa normativa específica.
4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSOAL DO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNA
A información recibida dos informantes que obtiveron información sobre infraccións no contexto laboral ou profesional de EBF CONSULTING, S.L. será recibida, procesada e supervisada, incluíndo en todos os casos:
a) Persoas que teñan a condición de asalariados, traballadores por conta allea.
b) Persoas autónomas.
c) Accionistas, partícipes e persoas pertencentes ao órgano de administración, dirección ou supervisión, incluídos os membros non executivos.
d) Calquera persoa que traballe para ou baixo a supervisión e dirección de contratistas, subcontratistas e provedores.
e) Os informantes que comuniquen ou revelen publicamente información sobre infraccións obtidas no marco dunha relación laboral ou estatutaria xa finalizada, voluntarios, en prácticas, traballadores en período de formación con independencia de que perciban ou non retribucións, así como aos aqueles cuxa relación laboral aínda non se iniciase, nos casos en que se obtivese información sobre infraccións durante o proceso de selección ou negociación precontractual.
5.- RESPONSABLE DO SISTEMA
O responsable do sistema de información é designado por EBF CONSULTING, S.L.. A designación debe ser notificada á A.A.I (Autoridade Independiente de Protección de Denunciantes).
O responsable do Sistema deberá desempeñar as súas funcións de forma independente e autónoma respecto do resto dos órganos da entidade, non poderá recibir instrucións de ningún tipo no seu exercicio, e deberá contar con todos os medios persoais e materiais necesarios. realizalos.
6. CANLE INTERNO
A canle de información interna do EBF CONSULTING, S.L. está integrada no sistema de información interno e permite a presentación de información sobre as infraccións previstas na Lei.
A través da canle, as comunicacións pódense realizar por escrito ou verbalmente, ou de ambas as dúas formas. A información poderá comunicarse por escrito, ben por correo postal ou pola canle habilitada para tal efecto, ben verbalmente, por teléfono.
Por petición da persoa denunciante, tamén se poderá presentar mediante reunión presencial nun prazo máximo de sete días.
Polo tanto, as formas de presentar reclamacións son as seguintes:
a) Online: a través do acceso á canle interna de reclamacións de EBF CONSULTING, S.L.:
CALE DE URL PARA QUEIXAS
a. Por escrito.
Por correo postal: enviando a reclamación e, se é o caso, a documentación que achega, ao seguinte enderezo:
Responsable do sistema de información interno.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
b. De forma verbal, chamando por teléfono ao teléfono ( ) indicando o motivo da chamada (comunicación a unha persoa designada da canle de información/queixa)< / p>
c) Presencialmente: Solicitar unha reunión presencial a través da canle interna de reclamacións EBF CONSULTING, S.L..
A canle de información interna permite a presentación e posterior tratamento e intercambio de comunicacións anónimas, se así o decide a persoa denunciante.
7. PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN
Este procedemento articúlase nun protocolo e consta das seguintes fases:
1. Iniciación
a. Presentación da información
b. Procedemento de admisión
2. Instrución
3. Terminación
A Lei establece o contido mínimo que debe incluír este procedemento, que é o seguinte:
- Identificación das canles internas ás que está asociada.
- Información sobre canles externas.
- Acuse de recibo da comunicación nun prazo de 7 días naturais.
- Prazo máximo para responder ás investigacións non superior a 3 meses.
- Ofrecer a posibilidade de manter comunicación coa persoa denunciante e solicitar información adicional.
- Dereito da persoa afectada a ser informada e escoitada en calquera momento.
- Cando a comunicación se envíe a persoal non competente, este terá a obriga de remitir inmediatamente a comunicación ao responsable do Sistema, debendo garantir a confidencialidade. Se non cumpre co seu deber de confidencialidade, pode ser sancionado por unha infracción moi grave.
- Presunción de inocencia e dereito á honra das persoas afectadas.
- Protección de datos persoais.
- Remisión da información ao Ministerio Fiscal ou á Fiscalía Europea, cando os feitos poidan ser constitutivos de delito ou afectar aos intereses financeiros da Unión, respectivamente.
8.- PRINCIPIOS XERAIS DE PROTECCIÓN DA PERSOA DEPORTANTE
De conformidade co título VII “Medidas de protección” da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, o Sistema de Información garantirá que as persoas que denuncien infraccións normativas e de loita contra a corrupción gocen das seguintes medidas de protección:
8.1.- Condicións de protección
1. As persoas que comuniquen ou revelen infraccións das previstas no artigo 2 terán dereito á protección sempre que concorran as seguintes circunstancias:
a) Que teñan motivos razoables para crer que a información referida é certa no momento da comunicación ou divulgación, aínda que non acheguen probas concluíntes, e que a citada información entra no ámbito de aplicación da Lei.
b) A comunicación ou divulgación fíxose conforme aos requisitos previstos na Lei.
2. Quedan expresamente excluídas da protección prevista pola Lei aquelas persoas que comuniquen ou revelen:
a) Información contida en comunicacións que fosen inadmisibles a través dalgunha canle de información interna ou pola Autoridade Independente.
b) Información vinculada a reclamacións sobre conflitos interpersoais ou que afecten só ao informante e ás persoas ás que se refire a comunicación ou divulgación.
c) Información que xa está totalmente dispoñible para o público ou que constitúe meros rumores.
d) Información que se refire a accións ou omisións non incluídas no ámbito de aplicación material da Lei.
3. Terán dereito á protección que esta contén as persoas que comunicasen ou revelasen publicamente información sobre accións ou omisións de forma anónima, pero que posteriormente fosen identificadas e cumpran as condicións previstas na Lei.
4. Terán dereito a que as persoas que denuncien ante as institucións, órganos ou organismos da Unión Europea competentes as infraccións que entren no ámbito de aplicación da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019. protección conforme o establecido na Lei nas mesmas condicións que a persoa que denunciase por vías externas.
8.2.- Prohibición de represalias
1. Quedan expresamente prohibidos os actos constitutivos de represalia, incluídas as ameazas de represalia e os intentos de represalia contra as persoas que presenten unha comunicación de conformidade co disposto na Lei.
2. Enténdese por represalia todo acto ou omisión prohibido pola lei, ou que, directa ou indirectamente, supoña un trato desfavorable que coloque ás persoas que a sofren nunha situación de desvantaxe particular respecto doutras no ámbito laboral ou profesional. condición de informante, ou por ter feito unha divulgación pública.
3. Para os efectos do disposto na Lei, e a título enunciativo, considéranse represalias aquelas que se adopten na forma de:
a) A suspensión do contrato de traballo, o despedimento ou a extinción da relación laboral ou estatutaria, incluída a non renovación ou a extinción anticipada dun contrato de traballo temporal unha vez transcorrido o período de proba, ou a resolución anticipada ou a cancelación dos contratos de bens ou servizos, a imposición de calquera medida disciplinaria, o descenso ou a denegación de ascensos e calquera outra modificación substancial das condicións de traballo e a non conversión dun contrato de traballo temporal en indefinido, no caso de que o traballador tivese expectativas lexítimas de ser ofreceu un traballo fixo; salvo que estas medidas fosen realizadas no marco do exercicio ordinario da potestade directiva ao amparo da lexislación laboral ou reguladora da condición do empregado público correspondente, por circunstancias, feitos ou infraccións probados, e alleos á presentación da comunicación.
b) Intimidación, acoso ou ostracismo.
c) Avaliación ou referencias negativas sobre o traballo ou o desempeño profesional.
d) Inclusión en listas negras ou difusión de información nun ámbito sectorial determinado, que dificulten ou impidan o acceso ao emprego ou a contratación de obras ou servizos.
e) Denegación ou cancelación dunha licenza ou permiso.
f) Denegación da formación.
g) Discriminación, ou trato desfavorable ou desleal.
4. A persoa que vexa vulnerados os seus dereitos pola súa comunicación ou divulgación unha vez transcorrido o prazo de dous anos poderá solicitar amparo da Autoridade Independente de Protección de Denunciantes que, con carácter excepcional e xustificado, poderá prorrogar o prazo de protección, oídas as persoas ou organismos que podería verse afectado.
5. Serán nulos de pleno dereito e darán lugar, se é o caso, a sanción disciplinaria os actos administrativos que teñan por obxecto impedir ou dificultar a presentación de comunicacións e divulgacións, así como os que constitúan represalias ou causen discriminación con posterioridade á presentación daquelas previstas na Lei. ou medidas correctoras de responsabilidade, que poderán incluír a correspondente indemnización por danos e prexuízos ao prexudicado.
8.3.- Medidas de protección fronte a represalias
1. As persoas que comuniquen información sobre as accións ou omisións recollidas no apartado 2 ou que realicen unha divulgación pública de conformidade coa Lei 2/2023 non terán por incumprida ningunha restrición á divulgación de información e non incorrerán en responsabilidade por ningún tipo. en relación con dita comunicación ou divulgación pública, sempre que tivesen motivos razoables para crer que a comunicación ou divulgación pública desa información era necesaria para revelar un acto ou omisión conforme á devandita lei, todo iso sen prexuízo do disposto nas normas específicas de protección aplicables. de acordo coa normativa laboral. Esta medida non afectará ás responsabilidades penais.
O disposto no parágrafo anterior esténdese á comunicación de información realizada polos representantes dos traballadores, aínda que estean suxeitos a obrigas legais de segredo ou de non revelar información confidencial. Todo iso sen prexuízo das normas específicas de protección aplicables segundo a normativa laboral.
2. As persoas informantes non incorrerán en responsabilidade pola adquisición ou acceso á información que se comunique ou se revele publicamente, sempre que dita adquisición ou acceso non sexa constitutivo de delito.
3. Calquera outra posible responsabilidade das persoas denunciantes derivada de actos ou omisións que non teñan relación coa comunicación ou divulgación pública ou que non sexan necesarias para revelar unha infracción conforme á Lei será exixible de acordo coa normativa aplicable.
4. Nos procedementos ante un xulgado ou outra autoridade en relación co dano sufrido polas persoas denunciantes, unha vez que a persoa denunciante demostre razoablemente que comunicou ou fixo unha divulgación pública de conformidade coa Lei e que sufriu un dano, presumirase que se produciu como represalia por informar ou facer unha divulgación pública. Nestes casos, corresponderalle a quen adoptou a medida lesiva acreditar que a medida se baseou en motivos debidamente xustificados e non vinculados á comunicación ou divulgación pública.
5. Nos procesos legais, incluídos os relacionados coa difamación, a infracción dos dereitos de autor, a violación do segredo, o incumprimento da normativa de protección de datos, a divulgación de segredos comerciais ou as reclamacións de compensación baseadas na lexislación laboral ou legal, os denunciantes non incorrerán en responsabilidade de ningún tipo. de comunicacións ou divulgacións públicas protexidas por ela. As devanditas persoas terán dereito a alegar na súa defensa e no marco dos citados procesos xudiciais, ter comunicado ou feito público, sempre que tivesen motivos razoables para crer que a comunicación ou divulgación pública era necesaria para revelar unha infracción. ao abeiro da Lei 2/2023.
8.4.- Medidas de protección das persoas afectadas
Durante a tramitación do expediente, as persoas afectadas pola comunicación terán dereito á presunción de inocencia e ao dereito de acceso ao expediente nos termos previstos na Lei 2/2023, así como á mesma protección. establecido para os informantes. , preservando a súa identidade e garantindo a confidencialidade dos feitos e datos do procedemento.
8.5.- Casos de exención e atenuación da sanción
1. Cando unha persoa que teña participado na comisión da infracción administrativa obxecto da información sexa quen comunique a súa existencia mediante a presentación da información e sempre que fora presentada antes de que fora notificada a incoación do procedemento. ou sancionador, o órgano competente para resolver o procedemento, mediante resolución motivada, poderá eximirte do cumprimento da sanción administrativa que lle corresponda sempre que no expediente se acrediten os seguintes puntos:
a) Ter deixado de cometer a infracción no momento da presentación da comunicación ou divulgación e identificar, se é o caso, o resto das persoas que participaron ou favoreceron nela.
b) Ter cooperado plena, continua e dilixente durante todo o procedemento de investigación.
c) Ter facilitado información, medios de proba ou datos significativos veraces e relevantes para a acreditación dos feitos investigados, sen ter procededo á súa destrución ou ocultación, nin ter revelado o seu contido a terceiros, directa ou indirectamente.
d) Ter procededo á reparación dos danos causados que lle sexan imputables.
2. Cando estes requisitos non se cumpran na súa totalidade, incluída a reparación parcial do dano, quedará a criterio da Autoridade Independente de Protección de Denunciantes, unha vez valorado o grao de contribución á resolución do expediente, a posibilidade de atenuar a sanción que á infracción cometida, sempre que o informante ou autor da divulgación non fose sancionado previamente por feitos da mesma natureza que deron lugar á incoación do procedemento.
3. A atenuante da sanción poderá estenderse ao resto dos participantes na comisión da infracción, en función do grao de colaboración activa no esclarecemento dos feitos, identificación dos demais participantes e reparación ou redución do dano causado, segundo a valoración órgano encargado. da resolución.
4. A Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que denuncian infraccións regulamentarias e da loita contra a corrupción, exclúe do disposto neste apartado as infraccións establecidas na Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia.
8.6.- Medidas de protección dos datos persoais das persoas afectadas
O tratamento dos datos persoais derivados da aplicación da Lei 2/2023 rexerase polo disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica. Lei 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais e da Lei orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos de carácter persoal tratados con fins de prevención, detección, investigación e persecución. de infraccións penais e execución de sancións penais.
O sistema de información interno impedirá o acceso non autorizado e preservará a identidade e garantirá a confidencialidade dos datos correspondentes ás persoas afectadas (denunciante e denunciante, se é o caso) e de calquera terceiro citado na información facilitada. identidade da persoa denunciante se foi identificada. A identidade da persoa denunciante só poderá ser comunicada á autoridade xudicial, ao Ministerio Fiscal ou á autoridade administrativa competente no marco dunha instrución penal, disciplinaria ou sancionadora, sendo estes supostos sometidos ás garantías establecidas na normativa aplicable.
Se a información recibida contén datos de carácter persoal suxeitos a especial protección, procederase á supresión inmediata, salvo que o tratamento sexa necesario por razóns de interese público esencial de conformidade co disposto no artigo 9.2.g) do Regulamento (UE). ) 2016/679, segundo o disposto no artigo 30.5 da Lei 2/2023.
En calquera caso, non se recollerán os datos persoais cuxa relevancia non sexa evidente para tratar información específica ou, se se recollen por accidente, eliminaranse sen demora indebida.
As comunicacións que non fosen tramitadas só poderán rexistrarse en forma anónima, sen que sexa de aplicación a obriga de bloqueo prevista no artigo 32 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.
8. Actuacións en materia de protección de datos
A Subsecretaria de Igualdade será a responsable do tratamento dos datos persoais de acordo co establecido na normativa de protección de datos de carácter persoal.
Actualizouse o Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais do Ministerio de Igualdade para incorporar a actividade de tratamento de datos persoais derivada do sistema de información interno. Así mesmo, a articulación do sistema de información interno incluíu a realización dunha avaliación de impacto relacionada coa protección de datos (DPIA).
A Lei prevé a limitación do acceso aos datos persoais no sistema de información interno.
9. Publicidade
EBF CONSULTING, S.L. publicou na súa páxina web toda a información relacionada co uso da canle de información interna implantada, así como os principios esenciais do procedemento de xestión e outros contidos mínimos na sede electrónica como as condicións para optar á protección da Lei, os datos de contacto das canles de información externas, o réxime de confidencialidade aplicable ás comunicacións e, en particular, a información sobre o tratamento de datos persoais ou datos de contacto da Autoridade Independente de Protección de Denunciantes, A.A.I. ou a autoridade ou organismo competente de que se trate.
Strategie voor het interne informatie- en persoonlijke beschermingssysteem
BEDRIJFSINFORMANT
Wet 2/2023 van 20 februari, die de bescherming regelt van mensen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie, gepubliceerd in BOE nummer 4 van 21 februari, waarmee Richtlijn (EU) 2019/1937 wordt omgezet van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (hierna de “Wet” of de “Wet 2/2023”), is geformuleerd rond samenwerking tussen burgers als een essentieel en essentieel element om de doeltreffendheid van de wet te garanderen. Met het oog hierop omvat de wet de twee belangrijkste doelstellingen van de richtlijn als doeleinden:
- Zorg voor adequate bescherming tegen represailles aan mensen die handelingen of nalatigheden melden die schendingen van het rechtssysteem vormen en versterk de informatiecultuur door een informatiesysteem op te zetten dat het kanaal, de verantwoordelijke persoon en de informatiebeheerprocedure omvat, die de garanties vormen en minimale aspecten waaraan het systeem moet voldoen, inclusief de verwerking van persoonlijke gegevens en advertenties.
De wet beschermt degenen die waarschuwen voor bepaalde categorieën schendingen van het rechtssysteem, zoals a) strafrechtelijke overtredingen (misdaden), b) ernstige of zeer ernstige administratieve overtredingen en c) overtredingen van het recht van de Europese Unie die de financiële belangen van de Europese Unie.
Deze Strategie beantwoordt aan de verplichting vastgelegd in artikel 5.2 h) van de Wet om een beleid of strategie te hebben waarin de algemene principes met betrekking tot interne informatiesystemen en de verdediging van de informant worden vastgelegd.
1.- BEDRIJFSINFORMATIESYSTEEM
Het interne systeem van EBF CONSULTING, S.L. is opgebouwd rond drie elementen:
- Intern kanaal.
- Verantwoordelijk voor het informatiesysteem.
- Informatiebeheerprocedure.
2.- ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INTERNE INFORMATIESYSTEEM
Om ervoor te zorgen dat het systeem effectief is, zal EBF CONSULTING, S.L. ervoor zorgen dat het voldoet aan alle vereisten vastgelegd in Wet 2/2023. Onder hen is het de moeite waard om te benadrukken:
a) Sta alle personen die binnen het persoonlijke toepassingsgebied van de Wet vallen toe om informatie te communiceren over de overtredingen waarin het materiële toepassingsgebied van deze Strategie voorziet.
b) Garandeer de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder, evenals van elke derde partij genoemd in de communicatie en van de acties die worden uitgevoerd bij het beheer en de verwerking daarvan, evenals de bescherming van gegevens, het voorkomen van toegang door onbevoegd personeel.
c) Sta de presentatie van informatie schriftelijk toe, of mondeling, of beide.
e) Zorg ervoor dat ingediende communicatie effectief kan worden behandeld binnen EBF CONSULTING, S.L..
f) Zorg voor een systeembeheerder, volgens de voorwaarden van artikel 8 van Wet 2/2023.
h) Zorg voor een strategie met betrekking tot het interne informatiesysteem en de verdediging van de informant.
i) Zorg voor een procedure voor het beheren van de ontvangen informatie.
j) Zorg voor garanties voor de bescherming van informanten in overeenstemming met Wet 2/2023.
3. MATERIËLE TOEPASSINGSGEBIED VAN HET INTERNE INFORMATIESYSTEEM
Het interne informatiesysteem van de EBF CONSULTING, S.L. maakt de ontvangst mogelijk van communicatie met informatie over gebeurtenissen die, binnen de reikwijdte van zijn bevoegdheden, het volgende kunnen inhouden:
a) Handelingen of nalatigheden die een inbreuk op het recht van de Europese Unie kunnen vormen, op voorwaarde dat:
1.- Ze vallen binnen het toepassingsgebied van de handelingen van de Unie die zijn vermeld in de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/1937, ongeacht de classificatie die het nationale rechtssysteem ervan maakt.
Daartoe moet in gedachten worden gehouden dat de bovengenoemde richtlijn gemeenschappelijke minimumnormen vaststelt voor de bescherming van personen die de volgende inbreuken op het Unierecht melden met betrekking tot de volgende gebieden:
i) overheidsopdrachten, ii) financiële diensten, producten en markten, en preventie van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, iii) productveiligheid en naleving, iv) transportbeveiliging, v) milieubescherming, vi) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid , vii) voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, viii) volksgezondheid, ix) consumentenbescherming, x) bescherming van privacy en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerken en informatiesystemen.
2.- De financiële belangen van de Europese Unie beïnvloeden, zoals bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); o
3.- De interne markt beïnvloeden, zoals bedoeld in artikel 26, lid 2, VWEU, met inbegrip van inbreuken op de mededingingsregels van de Unie en door staten verleende steun, evenals inbreuken met betrekking tot de interne markt in verband met handelingen die inbreuk maken op de regels of praktijken op het gebied van de vennootschapsbelasting die tot doel hebben een belastingvoordeel te verkrijgen dat het voorwerp of doel van de wetgeving die van toepassing is op de vennootschapsbelasting ondermijnt.
b) Handelingen of nalatigheden die een ernstige of zeer ernstige strafrechtelijke of administratieve overtreding kunnen vormen. In ieder geval worden alle ernstige of zeer ernstige strafrechtelijke of administratieve overtredingen die economische verliezen voor de Schatkist en de Sociale Zekerheid met zich meebrengen, geacht hieronder te vallen.
c) Overtredingen van de arbeidswetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die door werknemers worden gemeld, onverminderd de bepalingen van hun specifieke regelgeving.
4.- PERSOONLIJK TOEPASSINGSGEBIED VAN HET INTERNE INFORMATIESYSTEEM
De informatie die wordt ontvangen van informanten die informatie hebben verkregen over overtredingen in de werk- of professionele context van EBF CONSULTING, S.L., wordt ontvangen, verwerkt en gecontroleerd, waaronder in alle gevallen:
a) Mensen die de status van werknemer hebben, werknemers in loondienst.
b) Autonome mensen.
c) Aandeelhouders, deelnemers en personen die behoren tot het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan, inclusief niet-uitvoerende leden.
d) Iedere persoon die werkt voor of onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
e) Informanten die informatie communiceren of openbaar maken over overtredingen die zijn begaan in het kader van een dienstverband of statutaire relatie die al is beëindigd, vrijwilligers, stagiaires, werknemers in opleidingsperioden, ongeacht of zij al dan niet een vergoeding ontvangen, evenals degenen wier arbeidsrelatie nog niet is begonnen, in gevallen waarin informatie over overtredingen is verkregen tijdens het selectie- of precontractuele onderhandelingsproces.
5.- SYSTEEMVERANTWOORDELIJK
De persoon die verantwoordelijk is voor het informatiesysteem wordt aangewezen door EBF CONSULTING, S.L.. De aanwijzing moet worden gemeld aan de A.A.I (Independent Whistleblower Protection Authority).
De persoon die verantwoordelijk is voor het Systeem moet zijn taken onafhankelijk en autonoom uitvoeren ten opzichte van de rest van de organen van de entiteit, mag bij de uitoefening ervan geen enkele instructie ontvangen en moet over alle noodzakelijke persoonlijke en materiële middelen beschikken. voer ze uit.
6. INTERN KANAAL
Het interne informatiekanaal van de EBF CONSULTING, S.L. is geïntegreerd in het interne informatiesysteem en maakt de presentatie mogelijk van informatie over de overtredingen waarin de wet voorziet.
Via het kanaal kan communicatie schriftelijk of mondeling plaatsvinden, of op beide manieren. De informatie kan schriftelijk worden meegedeeld, hetzij via de post of via het daartoe voorziene kanaal, hetzij mondeling, per telefoon.
Op verzoek van de melder kan het ook worden gepresenteerd via een persoonlijk gesprek binnen een periode van maximaal zeven dagen.
Daarom zijn de manieren om klachten in te dienen als volgt:
a) Online: via toegang tot het interne klachtenkanaal van EBF CONSULTING, S.L.:
URL-KANAAL VOOR KLACHTEN
een. Schriftelijk.
Per post: verzending van de klacht en, indien van toepassing, de door u verstrekte documentatie, naar het volgende adres:
Verantwoordelijk voor het interne informatiesysteem.
EBF CONSULTING, S.L.
Calle Reina Sofia 68, Puerto del Carmen, Tías
35510, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
b. Mondeling, telefonisch, de telefoon bellen ( ) met vermelding van de reden van de oproep (communicatie met een aangewezen persoon van het informatie-/klachtkanaal)< /p>
c) Persoonlijk: een persoonlijk gesprek aanvragen via het interne klachtenkanaal van EBF CONSULTING, S.L..
Het interne informatiekanaal maakt de presentatie en daaropvolgende verwerking en uitwisseling van anonieme communicatie mogelijk, als de melder daartoe besluit.
7. INFORMATIEBEHEERPROCEDURE
Deze procedure is vastgelegd in een protocol en bestaat uit de volgende fasen:
1. Initiatie
een. Presentatie van informatie
b. Toelatingsprocedure
2. Instructie
3. Beëindiging
De wet bepaalt de minimale inhoud die deze procedure moet bevatten, namelijk het volgende:
- Identificatie van de interne kanalen waaraan het is gekoppeld.
- Informatie over externe kanalen.
- Bevestiging van ontvangst van de communicatie binnen 7 kalenderdagen.
- De maximale periode om te reageren op onderzoeken mag niet langer zijn dan drie maanden.
- Zorg voor de mogelijkheid om de communicatie met de melder te onderhouden en aanvullende informatie op te vragen.
- Recht van de betrokken persoon om op elk moment geïnformeerd en gehoord te worden.
- Wanneer de communicatie naar niet-competent personeel wordt verzonden, is dit personeel verplicht de communicatie onmiddellijk naar de persoon die verantwoordelijk is voor het Systeem te sturen en moet het de vertrouwelijkheid garanderen. Als u uw geheimhoudingsplicht niet nakomt, kunt u worden bestraft voor een zeer ernstige overtreding.
- Vermoeden van onschuld en het recht op eer van de getroffen mensen.
- Bescherming van persoonlijke gegevens.
- Doorverwijzing van de informatie naar het Openbaar Ministerie of het Europees Openbaar Ministerie, wanneer de feiten respectievelijk een misdrijf kunnen vormen of de financiële belangen van de Unie kunnen schaden.
8.- ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE BESCHERMING VAN DE MELDENDE PERSOON
In overeenstemming met Titel VII 'Beschermingsmaatregelen' van Wet 2/2023 van 20 februari garandeert het Informatiesysteem dat mensen die overtredingen van de regelgeving en de strijd tegen corruptie melden, bescherming genieten van de volgende maatregelen:
8.1.- Beschermingsvoorwaarden
1. Personen die schendingen van de bepalingen in sectie 2 communiceren of onthullen, hebben recht op bescherming, op voorwaarde dat de volgende omstandigheden van toepassing zijn:
a) Ze hebben redelijke gronden om aan te nemen dat de informatie waarnaar wordt verwezen waar is op het moment van communicatie of openbaarmaking, zelfs als ze geen sluitend bewijs leveren, en dat de bovengenoemde informatie binnen het toepassingsgebied van de wet valt.
b) De mededeling of openbaarmaking is gedaan in overeenstemming met de vereisten van de wet.
2. De personen die communiceren of onthullen, worden uitdrukkelijk uitgesloten van de bescherming die door de wet wordt geboden:
a) Informatie vervat in communicatie die niet-ontvankelijk is verklaard via een intern informatiekanaal of door de Onafhankelijke Autoriteit.
b) Informatie die verband houdt met claims over interpersoonlijke conflicten of die alleen betrekking heeft op de informant en de mensen op wie de communicatie of openbaarmaking betrekking heeft.
c) Informatie die al volledig beschikbaar is voor het publiek of die louter geruchten betreft.
d) Informatie die verwijst naar handelingen of nalatigheden die niet vallen onder de reikwijdte van de materiële toepassing van de wet.
3. Personen die anoniem informatie over handelingen of nalatigheden hebben meegedeeld of openbaar gemaakt, maar die vervolgens zijn geïdentificeerd en voldoen aan de voorwaarden waarin de wet voorziet, hebben recht op de bescherming die deze wet bevat.
4. Personen die inbreuken die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 vallen, aan de relevante instellingen, organen of agentschappen van de Europese Unie melden, hebben het recht om bescherming overeenkomstig de bepalingen van de Wet onder dezelfde voorwaarden als een persoon die via externe kanalen melding heeft gemaakt.
8.2.- Verbod op vergelding
1. Handelingen die vergelding inhouden, inclusief bedreigingen met vergelding en pogingen tot vergelding tegen personen die een bericht indienen in overeenstemming met de bepalingen van de wet, zijn uitdrukkelijk verboden.
2. Onder vergelding wordt verstaan elke handeling of nalatigheid die bij wet verboden is, of die, direct of indirect, een ongunstige behandeling met zich meebrengt, waardoor de mensen die er het slachtoffer van worden, in het bijzonder worden benadeeld ten opzichte van anderen in de werk- of professionele context. status als informant, of omdat u een openbaarmaking heeft gedaan.
3. Voor de toepassing van de bepalingen van de wet, en bij wijze van voorbeeld, worden represailles beschouwd als represailles die worden aangenomen in de vorm van:
a) Schorsing van de arbeidsovereenkomst, ontslag of beëindiging van de arbeids- of statutaire relatie, inclusief het niet verlengen of tussentijds beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst nadat de proefperiode is verstreken, of het vroegtijdig beëindigen of opzeggen van overeenkomsten van goederen of diensten, het opleggen van disciplinaire maatregelen, degradatie of weigering van promoties en elke andere substantiële wijziging van de arbeidsomstandigheden en het niet omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval dat de werknemer legitieme verwachtingen had dat hij zou worden een vaste baan aangeboden; tenzij deze maatregelen werden uitgevoerd binnen de reguliere uitoefening van de managementmacht onder de bescherming van de arbeidswetgeving of wetgeving die de status van de overeenkomstige overheidsfunctionaris regelt, als gevolg van bewezen omstandigheden, feiten of overtredingen, en geen verband houden met de presentatie van de communicatie. p>
b) Intimidatie, intimidatie of uitsluiting.
c) Negatieve evaluatie of referenties met betrekking tot werk of professionele prestaties.
d) Opname op zwarte lijsten of verspreiding van informatie op een bepaald sectoraal gebied, wat de toegang tot werkgelegenheid of het aanbesteden van werken of diensten belemmert of verhindert.
e) Weigering of intrekking van een licentie of vergunning.
f) Weigering van training.
g) Discriminatie of ongunstige of oneerlijke behandeling.
4. De persoon die ziet dat zijn rechten worden geschonden als gevolg van zijn mededeling of openbaarmaking nadat de periode van twee jaar is verstreken, kan bescherming aanvragen bij de Onafhankelijke Autoriteit voor de Bescherming van Klokkenluiders, die, bij wijze van uitzondering en met rechtvaardiging, de beschermingsperiode kan verlengen, na de mensen of instanties te hebben gehoord die dat hebben gedaan. kan worden beïnvloed.
5. Administratieve handelingen die bedoeld zijn om de presentatie van communicatie en openbaarmakingen te voorkomen of te belemmeren, evenals handelingen die vergelding vormen of discriminatie veroorzaken na de presentatie van degenen die onder de wet vallen, zullen nietig zijn en, waar passend, aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen. of corrigerende maatregelen voor aansprakelijkheid, waaronder mogelijk de overeenkomstige schadevergoeding aan de benadeelde partij.
8.3.- Beschermingsmaatregelen tegen vergelding
1. Personen die informatie communiceren over de acties of nalatigheden die zijn opgenomen in sectie 2 of die een openbare openbaarmaking doen in overeenstemming met Wet 2/2023, worden niet geacht enige beperking op de openbaarmaking van informatie te hebben overtreden, en zij zullen voor geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld. met betrekking tot dergelijke openbare communicatie of openbaarmaking, op voorwaarde dat zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de openbare mededeling of openbaarmaking van dergelijke informatie noodzakelijk was om een handelen of nalaten onder genoemde wet aan het licht te brengen, alles onverminderd de bepalingen van de specifieke beschermingsnormen die van toepassing zijn in overeenstemming met de arbeidswetgeving. Deze maatregel heeft geen invloed op de strafrechtelijke aansprakelijkheid.
De bepalingen van de vorige paragraaf strekken zich uit tot de mededeling van informatie door vertegenwoordigers van werknemers, zelfs als zij onderworpen zijn aan wettelijke geheimhoudingsplichten of om vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken. Dit alles onverminderd de specifieke beschermingsregels die van toepassing zijn in overeenstemming met de arbeidswetgeving.
2. Informanten zijn niet aansprakelijk met betrekking tot de verwerving van of toegang tot informatie die publiekelijk wordt gecommuniceerd of onthuld, op voorwaarde dat deze verwerving of toegang geen misdrijf vormt.
3. Elke andere mogelijke aansprakelijkheid van melders die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden die geen verband houden met de openbare communicatie of openbaarmaking of die niet noodzakelijk zijn om een overtreding onder de wet aan het licht te brengen, zal afdwingbaar zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
4. In procedures voor een rechtbank of een andere autoriteit met betrekking tot schade geleden door melders, zodra de melder redelijkerwijs heeft aangetoond dat hij of zij heeft gecommuniceerd of openbaar openbaar gemaakt in overeenstemming met de wet en dat hij of zij schade heeft geleden, wordt de schade wordt aangenomen dat dit heeft plaatsgevonden als vergelding voor het melden of openbaar maken van informatie. In dergelijke gevallen is het aan de persoon die de schadelijke maatregel heeft genomen om te bewijzen dat de maatregel gebaseerd was op naar behoren gemotiveerde redenen die geen verband hielden met openbare communicatie of openbaarmaking.
5. In gerechtelijke procedures, waaronder die met betrekking tot smaad, schending van het auteursrecht, schending van de geheimhouding, schending van de regelgeving inzake gegevensbescherming, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of claims voor schadevergoeding op basis van arbeids- of wettelijke wetgeving, zullen klokkenluiders als gevolg daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. van communicatie of openbare openbaarmakingen die daardoor worden beschermd. Genoemde personen zullen het recht hebben om in hun verdediging en binnen het kader van de voornoemde gerechtelijke procedures een aanklacht in te dienen nadat zij hebben gecommuniceerd of een openbare openbaarmaking hebben gedaan, op voorwaarde dat zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de mededeling of openbare openbaarmaking noodzakelijk was om een inbreuk aan het licht te brengen. onder Wet 2/2023.
8.4.- Maatregelen voor de bescherming van getroffen mensen
Tijdens de verwerking van het bestand hebben de mensen die door de communicatie worden getroffen recht op het vermoeden van onschuld en het recht op toegang tot het bestand in de voorwaarden voorzien in Wet 2/2023, evenals dezelfde bescherming opgericht voor informanten. , met behoud van hun identiteit en garantie van de vertrouwelijkheid van de feiten en gegevens van de procedure.
8.5.- Gevallen van vrijstelling en verzachting van de sanctie
1. Wanneer een persoon die heeft deelgenomen aan het plegen van het administratieve misdrijf waarop de informatie betrekking heeft, degene is die van het bestaan ervan op de hoogte stelt door de informatie te verstrekken en op voorwaarde dat deze werd overgelegd vóór de inleiding van de procedure in kennis werd gesteld. of sanctioneerder, de instantie die bevoegd is om de procedure op te lossen, kan u bij gemotiveerd besluit vrijstellen van de naleving van de administratieve sanctie die op u betrekking heeft, op voorwaarde dat de volgende punten in het dossier worden bewezen:
a) Hebben opgehouden de overtreding te begaan op het moment van de presentatie van de mededeling of openbaarmaking en hebben, indien van toepassing, de overige mensen geïdentificeerd die eraan hebben deelgenomen of er de voorkeur aan hebben gegeven.
b) Tijdens de gehele onderzoeksprocedure volledig, voortdurend en zorgvuldig hebben meegewerkt.
c) Het verstrekken van waarheidsgetrouwe en relevante informatie, bewijsmiddelen of belangrijke gegevens voor de accreditatie van de onderzochte feiten, zonder over te gaan tot vernietiging of verberging ervan, noch de inhoud ervan aan derden te hebben onthuld, direct of indirect.
d) Overgegaan zijn tot herstel van de veroorzaakte schade die aan u toerekenbaar is.
2. Wanneer niet geheel aan deze vereisten wordt voldaan, met inbegrip van gedeeltelijk herstel van de schade, zal de Onafhankelijke Autoriteit voor de Bescherming van Informanten, na beoordeling van de mate van bijdrage aan de oplossing van het dossier, naar het oordeel van de Onafhankelijke Autoriteit voor de Bescherming van Informanten beslissen over de mogelijkheid om de schade te beperken. de sanctie die zou hebben gecorrespondeerd met de begane overtreding, op voorwaarde dat de informant of auteur van de openbaarmaking niet eerder is bestraft voor feiten van dezelfde aard die aanleiding hebben gegeven tot de inleiding van de procedure.
3. De verzachting van de sanctie kan worden uitgebreid tot de overige deelnemers aan het plegen van de overtreding, afhankelijk van de mate van actieve medewerking bij het ophelderen van de feiten, het identificeren van andere deelnemers en het herstellen of verminderen van de veroorzaakte schade, zoals beoordeeld door de orgaan dat verantwoordelijk is voor de resolutie.
4. Wet 2/2023 van 20 februari, die de bescherming reguleert van mensen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie, sluit de overtredingen vastgelegd in Wet 15/2007 van 3 juli, Verdediging van de concurrentie, uit van de bepalingen van deze sectie. p>
8.6.- Maatregelen om de persoonlijke gegevens van betrokken personen te beschermen
De verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit de toepassing van Wet 2/2023 zal worden beheerst door de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, in de Organieke Wet Wet 3/2018 van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en in organieke wet 7/2021 van 26 mei over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten en uitvoering van strafrechtelijke sancties.
Het interne informatiesysteem zal ongeoorloofde toegang voorkomen, de identiteit behouden en de vertrouwelijkheid garanderen van de gegevens die betrekking hebben op de betrokken personen (rapporterende persoon en gerapporteerde persoon, indien van toepassing) en elke derde partij die in de verstrekte informatie wordt genoemd. identiteit van de melder als deze is geïdentificeerd. De identiteit van de melder mag alleen worden meegedeeld aan de gerechtelijke autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit in het kader van een strafrechtelijk, tucht- of sanctieonderzoek, en deze gevallen zullen onderworpen zijn aan de waarborgen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.
Als de ontvangen informatie persoonsgegevens bevat die aan speciale bescherming onderworpen zijn, wordt deze onmiddellijk verwijderd, tenzij de verwerking noodzakelijk is om redenen van wezenlijk openbaar belang in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9.2.g) van de Verordening (EU). ) 2016/679, zoals bepaald in artikel 30.5 van Wet 2/2023.
Persoonlijke gegevens waarvan de relevantie niet duidelijk is voor de verwerking van specifieke informatie, worden in ieder geval niet verzameld of, indien per ongeluk verzameld, zonder onnodige vertraging verwijderd.
Communicatie die niet is verwerkt, mag alleen in geanonimiseerde vorm worden opgenomen, zonder dat de blokkeringsplicht voorzien in artikel 32 van organieke wet 3/2018 van 5 december van toepassing is.
8. Acties met betrekking tot gegevensbescherming
De staatssecretaris van Gelijkheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Het Register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens van het Ministerie van Gelijkheid is bijgewerkt om de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens op te nemen die zijn afgeleid van het interne informatiesysteem. Op dezelfde manier omvatte de articulatie van het interne informatiesysteem het uitvoeren van een impactbeoordeling met betrekking tot gegevensbescherming (DPIA).
De wet voorziet in de beperking van de toegang tot persoonsgegevens in het interne informatiesysteem.
9. Reclame
EBF CONSULTING, S.L. heeft op haar website alle informatie gepubliceerd met betrekking tot het gebruik van het geïmplementeerde interne informatiekanaal, evenals de essentiële principes van de beheersprocedure en andere minimale inhoud in het elektronische hoofdkantoor, zoals voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming op grond van de Wet, contactgegevens voor externe informatiekanalen, het vertrouwelijkheidsregime dat van toepassing is op communicatie en, in het bijzonder, informatie over de verwerking van persoonsgegevens of contactgegevens van de Onafhankelijke Autoriteit voor de Bescherming van Klokkenluiders, A.A.I. of de bevoegde autoriteit of instantie in kwestie.